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“Cuando nos preguntan cómo emergió la muerte digna en Colombia, yo explico de manera coloquial que fue suerte”. La abogada Camila Jaramillo relata una historia particular, cada vez que le preguntan sobre la despenalización de la eutanasia en Colombia. Recuerda la histórica sentencia de la Corte Constitucional de 1997. Curiosamente, el demandante que inició el debate buscaba todo lo contrario: que fueran endurecidas las penas del delito de homicidio por piedad, pues asistir la muerte era de Estados “hitlerianos y estalinistas”. Al final, los magistrados introdujeron la idea de la muerte digna. Y ese concepto, sensible y controversial, fue defendido con firmeza por la abogada en 2021.
Jaramillo es investigadora asociada del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab). Para ilustrar su camino en defensa de la muerte digna, se debe hablar de la decisión más importante en materia de eutanasia del año. En una intervención ciudadana, la abogada terció a favor de la demanda con la cual, el 22 de julio de 2021, la Corte Constitucional cambió una regla fundamental. Ya no sería obligatorio que un paciente tenga una expectativa de vida menor a seis meses para acceder a la eutanasia, siempre y cuando padezca una enfermedad grave e incurable. Y, desde luego, si su condición contraviene su dignidad.
Esa reciente sentencia está relacionada con una de las noticias del año: la negación de la IPS Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) a practicarle la eutanasia a Martha Sepúlveda, quien padece esclerosis lateral amiotrófica, pero exhibió una icónica sonrisa para sostener su decisión de morir. Gracias a una tutela de Jaramillo, el 27 de octubre pasado un juez protegió los derechos de Sepúlveda, quien al parecer será la primera persona en el país en acceder a la eutanasia con las nuevas reglas de la Corte. La fecha es un misterio, pero pronto habrá noticia. La abogada tiene siete casos similares en sus manos y pretende trabajar en Derecho bajo la perspectiva del cuidado.
“Fue el año de la muerte digna en Colombia. Lo más importante de hablar de estos temas es pensarnos en clave de cuidado. ¿Yo cómo voy a cuidar a las personas y cómo quiero que me cuiden? Debemos hacer las paces con que nos vamos a morir. Siempre que uno piensa en la muerte de alguien que accedió a la eutanasia, piensa en agonía, tristeza, desasosiego... En lo que significa que la vida está llegando al fin. Lo que hemos tratado de lograr con DescLab es mostrar que son decisiones acompañadas, hechas en la tranquilidad. Hemos venido trabajando con mucha disciplina para lograr cambiar el ordenamiento jurídico de este país”, le dijo Jaramillo a El Espectador.
La conclusión del caso de Martha Sepúlveda fue una de sus más grandes victorias judiciales, pero el trámite significó el momento más amargo de su año. Faltando horas para realizar el procedimiento, que estaba agendado para el pasado 10 de octubre, Incodol envió una carta a la casa de la paciente, notificándole, con argumentos jurídicos debatibles, que la eutanasia quedaba suspendida. Defender a Sepúlveda probó su personalidad, pues fue la encargada de explicar el reversazo. “Fue como cuando se muere alguien en la familia y uno debe dar esa noticia, que nadie quiere escuchar”, agregó. Trabajó con la idea de que la vida y la muerte de un ser humano dependía de ella y su tutela ganó.
“Cuando hago un buen derecho de petición, una buena tutela, cuando gano ante el sistema, se le garantiza la muerte a una persona”, dice. Desde septiembre sostiene una batalla judicial contra ese sistema: le pidió a la Corte Constitucional tumbar el inciso segundo del delito de suicidio asistido. Así, DescLab busca que se despenalice el suicidio médicamente asistido (SMA), en el cual un profesional de la salud dispone de los elementos para que un paciente, con una enfermedad incurable, cause su propia muerte. Una práctica que ya funciona en Alemania, Suiza y dos estados en EE. UU. Para Jaramillo, se deben garantizar múltiples formas de acceso a la muerte digna, bien sea SMA o eutanasia.
“Al final se trata de escoger, que la persona valore el cómo y el cuándo. Nosotros no tenemos un movimiento social como sí lo tiene el aborto con el movimiento feminista. Sí siento un poco ser un kamikaze, saliendo a dar puños y patadas judicialmente. El derecho a morir dignamente es un derecho reconocido por la rama Judicial, por eso no es una exageración decir que los jueces son nuestros mejores aliados”, agregó y dejó claro, sobre todas las ideas, que “el cuidado no le compete a un sexo o a una orientación. Es de todos. Nos compete pensarnos en el futuro, en el fin de la vida y en cómo queremos morir”.
Contrario a lo que se podría pensar, jamás ha tenido un familiar que solicitara la eutanasia. Lo máximo que ha sentido es la incomodidad de algunos allegados conservadores, de su natal Manizales. Su entusiasmo por la muerte digna nace de una búsqueda por “trabajar al servicio de quienes solicitan cobijar sus derechos”. Es una confesa odiadora de las injusticias. Es egresada de Derecho en Los Andes y maestra en Periodismo de la misma universidad. Su sueño juvenil fue trabajar en medios, pero, justamente, reporteando un perfil para una clase se dio cuenta de que lo suyo no eran las redacciones. Nunca quiso buscar por horas una primicia o hacerle caso a un editor.
“Los temas de género y medio ambiente son el siguiente momento en mi carrera. Esas causas representan valores y principios en los cuales creo”, señaló. Recuerda cuando Lucas Correa, un colega de DescLab, le comentó que la eutanasia era un derecho y “nadie lo sabía”. Era 2014. Desde entonces, se prometió proteger a quienes buscan soltar un sufrimiento insoportable e inició un proyecto de comunicación, buscando que los jóvenes crean en los derechos emergentes. Insiste en la particularidad casi azarosa de la primera sentencia de la eutanasia, pues quiere que la muerte digna sea producto de una búsqueda política, con objetivos precisos y contemplando, sin dudar, el cuidado del otro.
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