Judicializan a exalcalde de Becerril por presuntos hechos de corrupción
El exmandatario local, una funcionaria y un contratista fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no fueron aceptados.
La Fiscalía anunció este lunes 6 de enero que el exalcalde de Becerril (Cesar), Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira fueron presentados ante un juez de control de garantías por aparentes hechos de corrupción en el municipio.
De acuerdo con lo informado por el ente investigador, son varias las evidencias y elementos probatorios que comprometen a los tres funcionarios en posibles irregularidades en el proceso de contratación y la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado del municipio. Los tres fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no fueron aceptados.
Según las pesquisas de la Fiscalía, los hechos iniciaron con la celebración de un convenio en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los $4.000 millones.
El ente de control dirigido por Luz Adriana Camargo determinó que “el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra”.
Así las cosas, fueron pagados cerca de $1.449 millones por concepto del cambio total de las tuberías. De acuerdo con la Fiscalía, se encontró que solo fue instalada el 75% de la red, “por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los $269 millones. Así mismo, se detectaron pagos por $142 millones por excavaciones que no se adelantaron”. En total, estableció la Fiscalía, fueron entregados al contratista más de $411 millones por acciones no ejecutadas.
“De otra parte, fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo”, agregó la entidad. El contrato, además, lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Fiscalía anunció este lunes 6 de enero que el exalcalde de Becerril (Cesar), Juan Francisco Rojas Hinojosa; la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda; y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira fueron presentados ante un juez de control de garantías por aparentes hechos de corrupción en el municipio.
De acuerdo con lo informado por el ente investigador, son varias las evidencias y elementos probatorios que comprometen a los tres funcionarios en posibles irregularidades en el proceso de contratación y la ejecución de las obras de construcción del sistema de alcantarillado del municipio. Los tres fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, cargos que no fueron aceptados.
Según las pesquisas de la Fiscalía, los hechos iniciaron con la celebración de un convenio en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de construcción del sistema de alcantarillado sanitario en diferentes sectores del casco urbano, por un valor cercano a los $4.000 millones.
El ente de control dirigido por Luz Adriana Camargo determinó que “el entonces mandatario y la exfuncionaria habrían direccionado el proceso contractual para favorecer a un contratista específico, y modificado varios ítems para autorizar el desembolso parcial de dinero por avances de obra”.
Así las cosas, fueron pagados cerca de $1.449 millones por concepto del cambio total de las tuberías. De acuerdo con la Fiscalía, se encontró que solo fue instalada el 75% de la red, “por lo que esta actividad inconclusa generó un detrimento patrimonial superior a los $269 millones. Así mismo, se detectaron pagos por $142 millones por excavaciones que no se adelantaron”. En total, estableció la Fiscalía, fueron entregados al contratista más de $411 millones por acciones no ejecutadas.
“De otra parte, fueron identificadas anomalías como incumplimiento de múltiples parámetros del Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas de las tuberías y los muros, y los trámites ante las empresas de servicios públicos para el funcionamiento de la estación de bombeo”, agregó la entidad. El contrato, además, lleva más de 60 meses suspendido, y el sistema de alcantarillado está inoperante por falta de elementos esenciales para su funcionamiento.
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