Judicializan a red que engañaba a colombianas para explotarlas sexualmente en Chile

Cinco miembros de una misma familia y dos personas más fueron judicializados porque, al parecer, integraron una red de trata de personas que engañaba a mujeres colombianas para enviarlas a Chile, donde eran explotadas sexualmente. Al menos 27 víctimas han sido identificadas y se sabe que la organización delincuencial operaba al menos desde 2019 en Manizales, donde convencían a mujeres de zonas marginadas de la ciudad de irse de sus hogares con falsas promesas de trabajo.

(Lea también: Así está el panorama de trata de personas en Colombia y el mundo)

Según la investigación de la Fiscalía y la Dijin de la Policía, la red operaba así: una vez ubicaban a una víctima, le tramitaban el pasaporte, le compraban tiquetes aéreos y las enviaban a Chile. Una vez las mujeres llegaban a ciudades como Osorno, Puerto Montt y Temuco, les retenían los documentos, les fijaban una deuda por los supuestos gastos en los que había incurrido la organización para enviarlas y las explotaban sexualmente para pagarla.

No obstante, la deuda “iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales”, explicó la Fiscalía en un comunicado. De las 27 víctimas que han identificado las autoridades, cuatro dieron testimonio de que las mantuvieron encerradas contra su voluntad, hacinadas en pequeños establecimientos donde eran forzadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de sitios web.

(Le puede interesar: El grave avance de la trata de personas en el fútbol colombiano)

Además de la deuda, había un segundo mecanismo que impedía a las víctimas salir de estos lugares. “Las jóvenes afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas”, señaló el ente investigador.

La supuesta líder de la organización era Beatriz Elena Marín González, alias Betty. La Fiscalía le imputó los delitos de trata de personas y lavado de activos. Junto a ella fueron judicializados su hermana, Martha Yolanda Marín González, señalada de administrar los lugares donde se mantenía a las víctimas privadas de la libertad; la madre de ambas, María Lucena González Ríos, quien al parecer se encargaba de distribuir los dineros que llegaban de Chile.

(Lea también: Migración, turismo sexual y mendicidad: Así se mueve la trata de personas en Colombia)

La Fiscalía mostró en las audiencias decenas de chats y audios en los que Betty y otros miembros de la organización les imparten órdenes, por ejemplo, de cómo vestir para salir de Colombia inadvertidas. O de cómo intimidan con llevarlas a las autoridades migratorias chilenas si no les hacen caso.

Además de ellas, fueron judicializados Cristian Javier Marín González, el hijo de Betty, supuestamente encargado de seleccionar a las víctimas; el esposo de Martha Yolanda Marín, Jorge Eliécer García Pineda, quien al parecer recibía también dinero del país austral y le imprimía apariencia de legalidad. Y, finalmente, William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas, una pareja que era conocida en la organización como “los rolos” y que se encargaba de organizar la logística para sacar a las mujeres de Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Cinco miembros de una misma familia y dos personas más fueron judicializados porque, al parecer, integraron una red de trata de personas que engañaba a mujeres colombianas para enviarlas a Chile, donde eran explotadas sexualmente. Al menos 27 víctimas han sido identificadas y se sabe que la organización delincuencial operaba al menos desde 2019 en Manizales, donde convencían a mujeres de zonas marginadas de la ciudad de irse de sus hogares con falsas promesas de trabajo.

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Según la investigación de la Fiscalía y la Dijin de la Policía, la red operaba así: una vez ubicaban a una víctima, le tramitaban el pasaporte, le compraban tiquetes aéreos y las enviaban a Chile. Una vez las mujeres llegaban a ciudades como Osorno, Puerto Montt y Temuco, les retenían los documentos, les fijaban una deuda por los supuestos gastos en los que había incurrido la organización para enviarlas y las explotaban sexualmente para pagarla.

No obstante, la deuda “iba en aumento por los gastos de manutención en territorio extranjero y por concepto de multas que les imponían por no acceder a las pretensiones sexuales”, explicó la Fiscalía en un comunicado. De las 27 víctimas que han identificado las autoridades, cuatro dieron testimonio de que las mantuvieron encerradas contra su voluntad, hacinadas en pequeños establecimientos donde eran forzadas a sostener relaciones sexuales con hombres que las contactaban a través de sitios web.

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Además de la deuda, había un segundo mecanismo que impedía a las víctimas salir de estos lugares. “Las jóvenes afirmaron que les exigían grabar videos con contenido explícito mostrando la cara y aseguraron que los registros obtenidos eran usados como método de intimidación para que no escaparan, en el entendido de que la estructura ilegal los enviaba a sus familiares para generar vergüenza y a las autoridades migratorias de Chile para que fueran detenidas y expulsadas”, señaló el ente investigador.

La supuesta líder de la organización era Beatriz Elena Marín González, alias Betty. La Fiscalía le imputó los delitos de trata de personas y lavado de activos. Junto a ella fueron judicializados su hermana, Martha Yolanda Marín González, señalada de administrar los lugares donde se mantenía a las víctimas privadas de la libertad; la madre de ambas, María Lucena González Ríos, quien al parecer se encargaba de distribuir los dineros que llegaban de Chile.

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La Fiscalía mostró en las audiencias decenas de chats y audios en los que Betty y otros miembros de la organización les imparten órdenes, por ejemplo, de cómo vestir para salir de Colombia inadvertidas. O de cómo intimidan con llevarlas a las autoridades migratorias chilenas si no les hacen caso.

Además de ellas, fueron judicializados Cristian Javier Marín González, el hijo de Betty, supuestamente encargado de seleccionar a las víctimas; el esposo de Martha Yolanda Marín, Jorge Eliécer García Pineda, quien al parecer recibía también dinero del país austral y le imprimía apariencia de legalidad. Y, finalmente, William Javier Aguirre Pinilla y Sindy Lorena Cepeda Salinas, una pareja que era conocida en la organización como “los rolos” y que se encargaba de organizar la logística para sacar a las mujeres de Colombia.

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