Jueces militares también cuentan con independencia judicial: ministro de Defensa a fiscal Barbosa

En una breve carta, el ministro de Defensa, Diego Molano, respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, sobre una reciente solicitud hecha por el ente investigador en las últimas semanas a esa cartera ministerial. El pasado 1 de junio y en la víspera de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para documentar los abusos policiales en el marco del paro nacional, la Fiscalía le pidió a ese ministerio que “en el menor tiempo posible” lo pusiera al tanto de manera detallada sobre qué procesos están en la justicia castrense relacionados con denuncias de abuso policial en las manifestaciones.

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Fue en el marco de este contexto que Molano le respondió a la cabeza del ente investigador, quien cumple algo más de un año presidiendo la Fiscalía. La cabeza de esta cartera ministerial señaló que la Justicia Penal Militar ya no depende del Ministerio de Defensa y que es la Dirección Ejecutiva de esa jurisdicción, encabezada por el exfiscal general encargado Fabio Espitia, quien fue designado en julio de 2020 por el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Asimismo, el fiscal Barbosa pidió en ese momento a Molano que la Justicia Penal Militar entregue los documentos relacionados con la participación de civiles armados en las manifestaciones del barrio Ciudad Jardín de Cali, cuando personas al parecer ajenas a la Policía atacaron con arma de fuego a manifestantes durante el fin de semana pasado. Incluso, el ente investigador tendría conocimiento de hechos similares desde el pasado 9 de mayo.

Sobre este punto, el ministro Molano le dijo al fiscal que los jueces penales militares también cuentan con independencia judicial y, por ende, son ellos quienes definirán qué información entregar. “Es importante destacar que en el marco de sus competencias e independencia judicial principio también reconocido en la jurisdicción penal militar, en la medida en que su función principal es la de administrar justicia y por tanto le resulta aplicables todos aquellos principios concebidos por la rama judicial, es tarea de los respectivos jueces evaluar cada situación y determinar si son competentes o no frente a cada uno de los casos”, señaló Molano en su carta.

El fiscal general Francisco Barbosa recordó, durante dicha carta, que la Justicia Penal Militar no es competente para conocer graves violaciones a los derechos humanos, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto indica que la Fiscalía tienen indicios de que, en ciertos casos, miembros de la Policía habrían sobrepasado el marco de sus funciones y podrían ser sujetos de sanciones. De hecho, ayer 31 de mayo, en una rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa aseguró que hay 11 investigaciones penales contra uniformados por presuntos homicidios.

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“En caso de duda dentro de la investigación, siempre prevalecerá la justicia penal ordinaria, con independencia del posterior juicio acerca de la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal del indiciado. Este criterio cobra mayor relevancia cuando se trata de posibles vulneraciones del derecho a la vida (…) los excesos de la Policía Nacional, en el marco del control de disturbios y despeje de vías con ocasión de la protesta social, son competencia de la justicia penal ordinaria”, explicó la Fiscalía.

En una breve carta, el ministro de Defensa, Diego Molano, respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, sobre una reciente solicitud hecha por el ente investigador en las últimas semanas a esa cartera ministerial. El pasado 1 de junio y en la víspera de la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para documentar los abusos policiales en el marco del paro nacional, la Fiscalía le pidió a ese ministerio que “en el menor tiempo posible” lo pusiera al tanto de manera detallada sobre qué procesos están en la justicia castrense relacionados con denuncias de abuso policial en las manifestaciones.

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Fue en el marco de este contexto que Molano le respondió a la cabeza del ente investigador, quien cumple algo más de un año presidiendo la Fiscalía. La cabeza de esta cartera ministerial señaló que la Justicia Penal Militar ya no depende del Ministerio de Defensa y que es la Dirección Ejecutiva de esa jurisdicción, encabezada por el exfiscal general encargado Fabio Espitia, quien fue designado en julio de 2020 por el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Asimismo, el fiscal Barbosa pidió en ese momento a Molano que la Justicia Penal Militar entregue los documentos relacionados con la participación de civiles armados en las manifestaciones del barrio Ciudad Jardín de Cali, cuando personas al parecer ajenas a la Policía atacaron con arma de fuego a manifestantes durante el fin de semana pasado. Incluso, el ente investigador tendría conocimiento de hechos similares desde el pasado 9 de mayo.

Sobre este punto, el ministro Molano le dijo al fiscal que los jueces penales militares también cuentan con independencia judicial y, por ende, son ellos quienes definirán qué información entregar. “Es importante destacar que en el marco de sus competencias e independencia judicial principio también reconocido en la jurisdicción penal militar, en la medida en que su función principal es la de administrar justicia y por tanto le resulta aplicables todos aquellos principios concebidos por la rama judicial, es tarea de los respectivos jueces evaluar cada situación y determinar si son competentes o no frente a cada uno de los casos”, señaló Molano en su carta.

El fiscal general Francisco Barbosa recordó, durante dicha carta, que la Justicia Penal Militar no es competente para conocer graves violaciones a los derechos humanos, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto indica que la Fiscalía tienen indicios de que, en ciertos casos, miembros de la Policía habrían sobrepasado el marco de sus funciones y podrían ser sujetos de sanciones. De hecho, ayer 31 de mayo, en una rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa aseguró que hay 11 investigaciones penales contra uniformados por presuntos homicidios.

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“En caso de duda dentro de la investigación, siempre prevalecerá la justicia penal ordinaria, con independencia del posterior juicio acerca de la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal del indiciado. Este criterio cobra mayor relevancia cuando se trata de posibles vulneraciones del derecho a la vida (…) los excesos de la Policía Nacional, en el marco del control de disturbios y despeje de vías con ocasión de la protesta social, son competencia de la justicia penal ordinaria”, explicó la Fiscalía.