Juez envía a la cárcel a María Cristina Palau, exdirectora de la Uspec
La exfuncionaria, capturada la semana pasada, estará privada de su libertad mientras la investigación en su contra avanza. La Fiscalía le imputó cargos a ella y a cuatro personas más por presuntos hechos de corrupción en contratos para la construcción de cárceles.
Redacción Judicial
La exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau, estará detenida mientras el proceso en su contra avanza, pues un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por solicutud de la Fiscalía. La exfuncionaria fue capturada el pasado 4 de abril en Cali por presuntos hechos de corrupción en contratos para construir cárceles que suscribió la entidad que dirigía con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
(Lea también: Capturan a María Cristina Palau, exdirectora de la Uspec)
En la audiencia, que tuvo lugar en Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos a Palau por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Para el ente investigador, era necesario enviarla a la cárcel mientras la investigación avanza y se decide si la llaman a juicio por estos hechos. El juez estuvo de acuerdo y, adicionalmente, le impuso la misma medida al exdirector de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura, Héctor Julio Álvarez Rivero, capturado con Palau la semana pasada por los mismos hechos.
El ente investigador aseguró que tuvo “acceso a varias conversaciones telefónicas de algunos de los hoy procesados, en las que se evidenciaría su interés ilícito de quedarse con la contratación en Fonade”. Entre las comunicaciones, según la Fiscalía, “hablan de ubicar personas de su entera confianza en Fonade y de la insistencia de María Cristina Palau Salazar para, presuntamente, quedarse con cargos de importancia y tener pleno conocimiento de los procesos de contratación en esa entidad”.
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En el proceso también están involucrados la contratista, Marcela Alies Puentes; el exfuncionario de la Uspec y de Fonade, Juan Carlos Montoya y el exfuncionario de Fonade, Hugo Bula Mercado. A los tres se les imputó interés indebido en la celebración de contratos y la Fiscalía manifestó que las interceptaciones darían cuenta de los acuerdos a los que llegaban los implicados, para, supuestamente, “definir la manera en la que serían distribuidos los contratos del Fonade”. Ninguno aceptó cargos.
En julio de 2018, El Espectador reveló que las autoridades ya tenían la lupa puesta sobre varios convenios firmados por Fonade, especialmente con la Uspec y el Departamento para la Prosperidad Social. En el primero, se trata de proyectos para la construcción e interventoría de nuevas cárceles, la ampliación de cupos y el mantenimiento de la infraestructura de las prisiones. Se investiga la existencia de emisarios que al parecer contactaban a contratistas dispuestos a pagar coimas. Esos pagos habría tenido como destino los bolsillos de los padrinos políticos que tenían el control de la entidad.
(Lea también: La defensa de María Cristina Palau tras su salida de la Uspec)
El paso de Palau por la Uspec ya ha dejado varios escándalos. La exfuncionaria fue declarada insubsistente en octubre de 2017, decisión que la retiró inmediatamente del cargo, a raíz de graves denuncias en su contra. Según dijo W Radio en su momento, al ministro Enrique Gil Botero le llegó un correo electrónico en el que un supuesto contratista le contó que Palau le había exigido $3.000 millones a cambio de adjudicarle un contrato para realizar obras en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y en la de Pereira (Risaralda).
La exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Establecimientos Carcelarios (Uspec), María Cristina Palau, estará detenida mientras el proceso en su contra avanza, pues un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por solicutud de la Fiscalía. La exfuncionaria fue capturada el pasado 4 de abril en Cali por presuntos hechos de corrupción en contratos para construir cárceles que suscribió la entidad que dirigía con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
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En la audiencia, que tuvo lugar en Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos a Palau por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito. Para el ente investigador, era necesario enviarla a la cárcel mientras la investigación avanza y se decide si la llaman a juicio por estos hechos. El juez estuvo de acuerdo y, adicionalmente, le impuso la misma medida al exdirector de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura, Héctor Julio Álvarez Rivero, capturado con Palau la semana pasada por los mismos hechos.
El ente investigador aseguró que tuvo “acceso a varias conversaciones telefónicas de algunos de los hoy procesados, en las que se evidenciaría su interés ilícito de quedarse con la contratación en Fonade”. Entre las comunicaciones, según la Fiscalía, “hablan de ubicar personas de su entera confianza en Fonade y de la insistencia de María Cristina Palau Salazar para, presuntamente, quedarse con cargos de importancia y tener pleno conocimiento de los procesos de contratación en esa entidad”.
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En el proceso también están involucrados la contratista, Marcela Alies Puentes; el exfuncionario de la Uspec y de Fonade, Juan Carlos Montoya y el exfuncionario de Fonade, Hugo Bula Mercado. A los tres se les imputó interés indebido en la celebración de contratos y la Fiscalía manifestó que las interceptaciones darían cuenta de los acuerdos a los que llegaban los implicados, para, supuestamente, “definir la manera en la que serían distribuidos los contratos del Fonade”. Ninguno aceptó cargos.
En julio de 2018, El Espectador reveló que las autoridades ya tenían la lupa puesta sobre varios convenios firmados por Fonade, especialmente con la Uspec y el Departamento para la Prosperidad Social. En el primero, se trata de proyectos para la construcción e interventoría de nuevas cárceles, la ampliación de cupos y el mantenimiento de la infraestructura de las prisiones. Se investiga la existencia de emisarios que al parecer contactaban a contratistas dispuestos a pagar coimas. Esos pagos habría tenido como destino los bolsillos de los padrinos políticos que tenían el control de la entidad.
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El paso de Palau por la Uspec ya ha dejado varios escándalos. La exfuncionaria fue declarada insubsistente en octubre de 2017, decisión que la retiró inmediatamente del cargo, a raíz de graves denuncias en su contra. Según dijo W Radio en su momento, al ministro Enrique Gil Botero le llegó un correo electrónico en el que un supuesto contratista le contó que Palau le había exigido $3.000 millones a cambio de adjudicarle un contrato para realizar obras en la cárcel de Cómbita (Boyacá) y en la de Pereira (Risaralda).