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Un juez penal de conocimiento de Bogotá negó una solicitud de libertad de tres jóvenes que fueron designados como voceros de paz por parte del Gobierno de Gustavo Petro. Se trata de Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara y Daniel Ruiz, quienes estaban detenidos de manera preventiva por orden de otro juez mientras son investigados por presunta acciones ilegales en el marco del paro nacional de 2021.
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Según el documento del juzgado, esa solicitud de libertad fue hecha el pasado 16 de diciembre por el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Los tres acusados se encuentran privados de la libertad desde el 10 de noviembre de 2021, fecha en la que el Juzgado 69 Penal Municipal con Función de Control de Garantías les impuso detención preventiva en establecimiento carcelario.
“Resulta improcedente por carecer de competencia, pronunciarse de fondo sobre las solicitudes de libertad, pues la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales, durante el trámite del proceso penal, es el Juez de Control de Garantías.”, dice el documento de cuatro páginas firmado por el juez de conocimiento.
Esta nueva figura permite a procesados por supuestos delitos cometidos durante las protestas de abril y mayo de 2021 de salir de las cárceles gracias a un decreto que se basa en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, que prorroga y modifica la Ley 418, la que contiene el marco jurídico de la ‘paz total’ planteada por el presidente Petro.
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Además de estos tres jóvenes, el gobierno ya había anunciado a otros diecisiete voceros de paz, entre ellos, Laura Camila Ramírez Enciso, Arles Andrés Bolaños Zemanate, Álvaro Andrés Duque Ruiz, Juan Sebastián Galeano Correa, Bremmen Hinestroza, Adriana Esperanza Bermeo Súa y Santiago Márquez Charris. Hasta el momento, solo han sido liberados cuatro.
El Gobierno aseguró en diciembre de 2022 que todos ellos manifestaron su voluntad de acoger este rol y, por lo mismo, entre sus responsabilidades está firmar actas de compromisos antes de ser puestos en libertad, rendir informes mensuales ante la oficina de Danilo Rueda, aprobar un diplomado en Construcción de Paz y Gestión de Conflictos Sociales y Políticos con la Universidad del Valle (institución que donará los cursos), y recibir atención psicosocial durante el proceso.
De igual forma, Rueda resaltó en ese momento que, para estos jóvenes, asumir el papel de voceros de paz no es una medida que se traduce al indulto, por lo tanto, no se suspende ni se anula ninguno de los procesos judiciales que están en curso. “Los siete jóvenes deben responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos”, puntualizó.
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