Juez que denunció masacre de Mapiripán alerta retrasos en su proceso de restitución
Hace un año, el Tribunal Superior de Bogotá le restituyó cuatro inmuebles en el Meta, los cuales abandonó cuando huyó del país tras denunciar la matanza paramilitar de julio de 1997. Para el próximo 3 de marzo quedó reprogramada la entrega de sus bienes. Desde el exilio, él dice que el proceso ha tenido injustificados restrasos.
David Escobar Moreno
Para el próximo 3 de marzo, en Acacías (Meta), quedó reprogramada la entrega de tres lotes que le fueron restituidos al exjuez de Mapiripán, Leonardo Cortés Novoa, el funcionario judicial que vive hace 23 años en el exilio luego de haber denunciado la masacre paramilitar que arrasó con ese municipio en julio de 1997. Hace casi un año, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó devolverle esos predios y una casa en Villavicencio que abandonó tras la persecución que le montaron los hermanos Castaño en ese momento para acabar con su vida. En diciembre de ese trágico año, Cortés Novoa tuvo que exiliarse y no ha vuelto al país desde entonces. (Vea: Fiscalía declara la masacre de Mapiripán como crimen de lesa humanidad) El Espectador se contactó con él y señaló que este proceso ha tenido injustificadamente retrasos en el último año. Por ejemplo, hace seis meses pidió que la entrega de los bienes fuera hecha con presencia de su abogada (vía Skype o Whatsapp) Mireya Beltrán. Sin embargo, dicen que no se explican cómo este "simple" procedimiento cueste tanto tiempo en llevarse a cabo. El 19 de febrero pasado estaba previsto que el procedimiento se llevara a cabo, sin embargo, la jueza del caso señaló que no tenía ni el tiempo ni las herramientas digitales para garantizar la presencia de Beltrán como representante del exjuez Cortés Novoa. Sobre este aplazamiento la jueza Claudia Sánchez señaló que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio le informó que no cuentan con presupuesto destinado a los viáticos de los servidores judiciales, "situación que afecta el buen desarrollo de la dinámica del despacho, dado están programadas varias audiencias fuera del área del municipio de Villavicencio (donde funciona ese juzgado), además de la presente ordenadas por el superior jerárquico de este despacho judicial, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y otras de los procesos bajo mi conocimiento". Vea: Exjuez de Mapiripán que denunció masacre en 1997 recuperó tierras usurpadas
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Para el próximo 3 de marzo, en Acacías (Meta), quedó reprogramada la entrega de tres lotes que le fueron restituidos al exjuez de Mapiripán, Leonardo Cortés Novoa, el funcionario judicial que vive hace 23 años en el exilio luego de haber denunciado la masacre paramilitar que arrasó con ese municipio en julio de 1997. Hace casi un año, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó devolverle esos predios y una casa en Villavicencio que abandonó tras la persecución que le montaron los hermanos Castaño en ese momento para acabar con su vida. En diciembre de ese trágico año, Cortés Novoa tuvo que exiliarse y no ha vuelto al país desde entonces. (Vea: Fiscalía declara la masacre de Mapiripán como crimen de lesa humanidad) El Espectador se contactó con él y señaló que este proceso ha tenido injustificadamente retrasos en el último año. Por ejemplo, hace seis meses pidió que la entrega de los bienes fuera hecha con presencia de su abogada (vía Skype o Whatsapp) Mireya Beltrán. Sin embargo, dicen que no se explican cómo este "simple" procedimiento cueste tanto tiempo en llevarse a cabo. El 19 de febrero pasado estaba previsto que el procedimiento se llevara a cabo, sin embargo, la jueza del caso señaló que no tenía ni el tiempo ni las herramientas digitales para garantizar la presencia de Beltrán como representante del exjuez Cortés Novoa. Sobre este aplazamiento la jueza Claudia Sánchez señaló que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio le informó que no cuentan con presupuesto destinado a los viáticos de los servidores judiciales, "situación que afecta el buen desarrollo de la dinámica del despacho, dado están programadas varias audiencias fuera del área del municipio de Villavicencio (donde funciona ese juzgado), además de la presente ordenadas por el superior jerárquico de este despacho judicial, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y otras de los procesos bajo mi conocimiento". Vea: Exjuez de Mapiripán que denunció masacre en 1997 recuperó tierras usurpadas
Además, la funcionaria judicial señaló que informará al Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que se disponga de los recursos que garanticen el desplazamiento de su equipo a Acacías. A su vez, la togada pidió el acompañamiento de la Unidad de Restitución de Tierras, de la Policía, el Ejército, la Alcaldía de Acacias, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Umata, entre otras instituciones del Estado. En una carta conocida por este diario, el exjuez Cortés Novoa le envió una carta a la jueza el caso en la que se ofrecía hacerse cargo de los gastos de traslado de su despacho para que se concrete la entrega de los bienes. La historia del exilio
Cortés Novoa salió de Colombia porque informó al Ejército y al Tribunal Superior de Villavicencio cómo los hombres de Carlos y Vicente Castaño asesinaron y desaparecieron a un número indeterminado de mapiripenses señalados de ser colaboradores de las Farc. “Cada anochecer asesinan a grupos de personas indefensas, quienes son cruel y monstruosamente masacradas, previa tortura. Se escuchan gritos de gentes humildes, clamando piedad y pidiendo auxilio”, relató Cortés Novoa en los informes que elaboró mientras Mapiripán entraba en la historia nacional de los crímenes infames.
Cortés Novoa logró salir clandestinamente de Mapiripán en una avioneta que se dirigía a San José del Guaviare, donde pasó una noche, para luego viajar a Villavicencio (Meta), ciudad a donde había enviado a sus hijos para salvarlos de la masacre. Al ser uno de los pocos testigos de la barbarie paramilitar su vida corría peligro. El Consejo Superior de la Judicatura, en noviembre de ese año, decidió trasladarlo a El Cairo (Valle del Cauca), adonde también llegaron los paramilitares para matarlo. Como último recurso, Cortés Novoa fue enviado a Cota (Cundinamarca), pero los problemas de seguridad no acabaron. La única salida fue exiliarse.
El exjuez de Mapiripán relata que desde 2009 empezó a tener noticias de que los predios que le restituyeron estaban invadidos por dos personas: el sargento retirado de la Policía Cayetano Vargas Ríos y Óscar Pancha Coca. “Esas son tierras que compré cuando era muy joven, incluso, antes de que me casara. Para mí es una satisfacción increíble saber que el tribunal falló a mi favor ”, le dijo a este diario el exjuez hace un año cuando se supo de la decisión del Tribunal.
Con respecto a la casa en Villavicencio que pertenecía a Cortés Novoa y su familia, la defensora de derechos humanos Mireya Beltrán, mostró documentos que revelaron el destino de ese inmueble. Según los papeles, la abogada que quedó con la tarea de administrar las propiedades del exfuncionario judicial, Clara Inés Rodríguez Barreto, arrendó la casa nada más y nada menos que a un presunto miembro del Bloque Centauros de las autodefensas, Juan de Jesús Justacara, investigado por el asesinato del sindicalista Oswaldo Moreno en Ibagué (Tolima).
“En un principio la casa quedó abandonada y luego varias familias vivieron allí. Posteriormente, en 2013, ella (Clara Inés Rodríguez) se la arrendó a este paramilitar y, durante seis meses, fue oficina de operaciones de ese grupo criminal. Luego, en 2016, la Policía encontró que en la vivienda también funcionaba una olla de microtráfico. No se entiende cómo pasó esto. Durante estos años el exjuez tampoco recibió los dineros correspondientes al arrendamiento y siempre estuvo al margen de lo que sucedió. Esperamos que la exesposa del juez pueda ahora tener garantías para ejercer como propietaria”, señaló Mireya Beltrán.
Aunque uno de los deseos de Cortés Novoa es regresar a Colombia, aún sostiene que no existen garantías para retornar, menos cuando los grupos sucesores del paramilitarismo cada vez son más fuertes en las regiones. “La sentencia del tribunal me reconoce como víctima del conflicto armado. Como parte de mi reparación, ordena darme las herramientas para poner en marcha la implementación de un proyecto productivo. Sin embargo, tendré que designar a alguien que pueda ponerse al frente del proyecto y que le guste trabajar la tierra. Mi voluntad, por ahora, es no volver”, puntualizó Cortés.