Juez tumba negociación de Carlos Mattos con la Fiscalía por caso Hyundai
Según el juez, los 56 meses de prisión que Mattos aceptaba pagar en el documento no estaban bien calculados. También refutó el reintegro de dinero que tiene que hacer el empresario colomboespañol.
Si quiere ponerle fin a su proceso judicial, el empresario Carlos Mattos tendrá que negociar con la Fiscalía un nuevo preacuerdo. Este viernes, el juez 30 penal de conocimiento de Bogotá tumbó el preacuerdo al que había llegado Mattos con el ente investigador, por su rol en el entramado de sobornos que rodeó el reparto de demandas suyas cuando la empresa automotriz Hyundai intentó dejar de hacer negocios con él.
(En contexto: ¿Qué hizo Carlos Mattos en el caso Hyundai?)
El juez del caso determinó que el preacuerdo al que habían llegado el ente investigador y el empresario tenía falencias, pues, a su parecer, las penas no estuvieron bien acordadas, además de que Mattos no habría cumplido satisfactoriamente con el reintegro del incremento patrimonial como manifestó que lo haría. Con el preacuerdo, Carlos Mattos buscaba reducir en una tercera parte su pena.
Mattos se había comprometido pagar un millón de dólares, el cual sería dividido en dos partes iguales: una mitad sería para la Rama Judicial y la otra para la Fiscalía, algo con lo que el juez estuvo de acuerdo, pues el dinero sería usado para capacitar a los funcionarios del ente investigador, quienes no son víctimas del entramado de corrupción del empresario.
De la misma manera, el despacho le dijo a la Fiscalía que no estaba claro si Mattos incrementó o no su patrimonio con las decisiones legales amañadas que logró con sobornos. Por ese hecho, el juez manifestó que era suficiente para tumbar el preacuerdo al que se había llegado.
El despacho también se refirió a los posibles errores que cometieron los abogados al definir la pena y las multas que pagaría Mattos. El juez señaló que en el preacuerdo la Fiscalía concedía la rebaja de una tercera parte de la pena, pero que además eliminó uno de los cargos que había hecho en la imputación, lo cual significaría un doble beneficio para el empresario, algo que, según explicó, no está permitido por la ley.
Un tercer error que habría hecho que el preacuerdo se cayera en el despacho fue que se seleccionó de manera errónea el delito ase para calcular el beneficio que se le daría a Mattos, comprometiendo así la legalidad del preacuerdo. De la misma manera, se señaló durante la audiencia que tampoco hubo un documento que señalara la manera en la que el empresario va a colaborar con la justicia, ni el rol que desempeñará en los procesos que se adelanten contra los demás involucrados en el entramado de corrupción.
El fallido preacuerdo se da dentro del llamado Caso Hyundai, el cual arrancó en 2016, cuando la casa matriz de esa marca en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos luego de 25 años, para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. En ese entonces, el empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional.
Para resultar favorecido, puso dinero por debajo de la mesa a jueces y logró manipular el sistema de repartos de la Rama Judicial. Por estos hechos está en juicio el juez Reinaldo Huertas y fue condenada la jueza Ligia del Carmen Hernández.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Si quiere ponerle fin a su proceso judicial, el empresario Carlos Mattos tendrá que negociar con la Fiscalía un nuevo preacuerdo. Este viernes, el juez 30 penal de conocimiento de Bogotá tumbó el preacuerdo al que había llegado Mattos con el ente investigador, por su rol en el entramado de sobornos que rodeó el reparto de demandas suyas cuando la empresa automotriz Hyundai intentó dejar de hacer negocios con él.
(En contexto: ¿Qué hizo Carlos Mattos en el caso Hyundai?)
El juez del caso determinó que el preacuerdo al que habían llegado el ente investigador y el empresario tenía falencias, pues, a su parecer, las penas no estuvieron bien acordadas, además de que Mattos no habría cumplido satisfactoriamente con el reintegro del incremento patrimonial como manifestó que lo haría. Con el preacuerdo, Carlos Mattos buscaba reducir en una tercera parte su pena.
Mattos se había comprometido pagar un millón de dólares, el cual sería dividido en dos partes iguales: una mitad sería para la Rama Judicial y la otra para la Fiscalía, algo con lo que el juez estuvo de acuerdo, pues el dinero sería usado para capacitar a los funcionarios del ente investigador, quienes no son víctimas del entramado de corrupción del empresario.
De la misma manera, el despacho le dijo a la Fiscalía que no estaba claro si Mattos incrementó o no su patrimonio con las decisiones legales amañadas que logró con sobornos. Por ese hecho, el juez manifestó que era suficiente para tumbar el preacuerdo al que se había llegado.
El despacho también se refirió a los posibles errores que cometieron los abogados al definir la pena y las multas que pagaría Mattos. El juez señaló que en el preacuerdo la Fiscalía concedía la rebaja de una tercera parte de la pena, pero que además eliminó uno de los cargos que había hecho en la imputación, lo cual significaría un doble beneficio para el empresario, algo que, según explicó, no está permitido por la ley.
Un tercer error que habría hecho que el preacuerdo se cayera en el despacho fue que se seleccionó de manera errónea el delito ase para calcular el beneficio que se le daría a Mattos, comprometiendo así la legalidad del preacuerdo. De la misma manera, se señaló durante la audiencia que tampoco hubo un documento que señalara la manera en la que el empresario va a colaborar con la justicia, ni el rol que desempeñará en los procesos que se adelanten contra los demás involucrados en el entramado de corrupción.
El fallido preacuerdo se da dentro del llamado Caso Hyundai, el cual arrancó en 2016, cuando la casa matriz de esa marca en Corea rompió relaciones comerciales con Carlos Mattos luego de 25 años, para comercializar sus autos con el grupo ecuatoriano Eljuri. En ese entonces, el empresario interpuso una demanda civil, con la que logró una medida cautelar en 2016 que frenó la decisión de la multinacional.
Para resultar favorecido, puso dinero por debajo de la mesa a jueces y logró manipular el sistema de repartos de la Rama Judicial. Por estos hechos está en juicio el juez Reinaldo Huertas y fue condenada la jueza Ligia del Carmen Hernández.
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