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Una jueza de control de garantías, al revisar los argumentos entregados por la Procuraduría, decidió negarle la libertad a tres jóvenes que fueron nombrados por el gobierno de Gustavo Petro como voceros de paz. Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara y Daniel Fernando Ruiz fueron capturados durante las protestas derivadas de enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública durante el Paro Nacional de 2021.
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A estos tres jóvenes un juzgado de conocimiento ya les había negado su petición de salir en libertad por cuestiones de forma, ya que determinó que no contaba con la competencia para decidir si era procedente entregarles su boleto de salida. La jueza afirmó que quien debía tomar la decisión sobre el futuro de los voceros de paz era un juez de control de garantías.
La decisión proferida por el juzgado 32 de control de garantías de Bogotá llegó tras afirmar que el marco jurídico con el que el gobierno Petro busca la liberación de los voceros de paz aún no es completamente claro. Esto después de que el delegado del Ministerio Público entregara dos argumentos en los cuales desvirtuaba la petición del gobierno nacional.
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La Procuraduría afirmó que era improcedente suspender la medida de aseguramiento porque la petición de la presidencia fue realizada sobre otro tipo de situaciones. La orden ejecutiva buscaba la suspensión de órdenes de captura, las cuales no existen para los tres jóvenes, y no la de las medidas de prisión preventiva decretadas por un juez.
Además, señaló que a pesar de que los tres capturados fueron designados como voceros de paz, no se les acreditó como miembros de algún grupo armado ilegal o como representantes de estos mismos dentro del plan de “paz total” del gobierno. Sumado a esto, tampoco fue posible certificar que hicieran parte de alguna organización social o humanitaria para hacerlos acreedores de este beneficio de la orden del ejecutivo.
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Finalmente, ante la decisión de la jueza, la defensa de los voceros de paz apeló y señaló que los tres jóvenes capturados por los desmanes durante el Paro Nacional de 2021 no hacen parte de organizaciones criminales, sino que son miembros de grupos sociales y comunitarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Basado en esto, el abogado afirmó que esto les permite tener las herramientas necesarias para trabajar por la paz.
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