Jueza regañó a la Fiscalía por imputación de cargos "confusa" contra Luis Fernando Andrade

Por medio de videoconferencia, Luis Fernando Andráde, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se hizo presente a la audiencia de imputación de cargos en la cual se le investiga por su presunta participación en las irregularidades que se dieron en la adjudicación del puente de Plato (Magdalena) obra que hace parte de la Ruta del Sol III. Andrade, quien salió del país en diciembre del año pasado, cumplió su cita con la justicia desde el consulado de Colombia en Miami. 

Durante la audiencia la Fiscalía señaló que Andrade se habría reunido con Roberto Prierto Uribe (gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos) para hablar de un envío de dinero para cubrir unos huecos de la campaña en el año 2014. Con este fin, según el ente investigador, se tenía que entregar la obra a la concecionaria Yuma, liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia. 

::"Prieto nunca ejerció presiones indebidas": Luis Fernando Andrade::

"Todo eso estaba debidamente planeado desde la ANI como desde la concesionaria para que este proyecto le fuera entregado a Consultores Unidos (del ingeniero Eduardo Zambrano) quien estaba recomendado por Roberto Prieto para que a su vez le entregara los dineros que Roberto requería supuestamente para cubrir un hueco en la campaña", señaló la fiscal del caso. Estos dineros habrían sido camuflados en un contrato de construcción de un segundo puente en el Plato, Magdalena. 

Esta empresa de Zambrano, según las invstigaciones que ha hecho la Fiscalía en el caso Odebrecht, también hizo parte de un plan para lavar dineros de Odebrecht. Para la Fiscalía General el papel de Luis Fernando Andrade "fue determinante y dirigido a recoger recursos económicos para Roberto Prieto (...) porque como servidor público se interesó indebidamente en provecho de un tercero, Roberto Prieto".

Sin embargo, al finalizar la intervención de la Fiscalía, el abogado de Andrade, Jesús Albeiro Yepes, pidió que se precisara con mayor claridad los hechos por los que se va investigar a su cliente. La jueza del caso a su vez, estuvo de acuerdo con la solicitud hecha por la defensa y tildó la intervención de "confusa". La audiencia de medida de aseguramiento será el próximo lunes a las dos de la tarde.

El 9 de agosto de 2018, la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a Luis Fernando Andrade por segunda vez. En ese momento, la fecha anunciada por el ente investigativo fue 28 de septiembre del mismo año. Sin embargo, diez meses después, la diligencia seguía pendiente. Andrade ha señalado que estos nuevos señalamientos de la Fiscalía son un disparate; el organismo investigativo insiste en que Andrade cometió irregularidades frente a uno de los proyectos viales más importantes del país: la Ruta del Sol.

La primera investigación que se abrió contra Andrade tiene que ver con la Ruta del Sol 2. Según el ente investigativo, Andrade fue esencial para que la ANI adjudicara sin licitación el tramo Ocaña-Gamarra a la concesionaria Ruta del Sol (integrada por Odebrecht, Episol -de Corficolombiana- y CSS Constructores), a través de una adición al contrato original, firmado en enero de 2010 por un valor inicial de $2,4 billones. Con el otrosí de Ocaña-Gamarra, a la concesionaria le llegaron $799.000 millones más.

Lo que hoy se sabe es que gente incluso del Congreso, como el exsenador Bernardo “El Ñoño” Elías, recibieron sobornos de la concesionaria para hacer lobby a los intereses de sus socios. Elías tuvo al menos nueve reuniones con Andrade mientras este fue presidente de la ANI, tanto en su oficina como en las casas de ambos. Según la Fiscalía, esa es una de las pruebas de que Andrade abusó de su posición privilegiada para tomar decisiones regido por intereses particulares en vez de por los intereses del país.

Por esa razón, el organismo investigativo le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El ente sostiene que, además, Andrade alteró el sistema de registros de la ANI con ayuda de Juan Sebastián Correa, quien ejercía como su enlace ante el Congreso, para que se eliminaran varias de las visitas que le hizo el entonces senador Elías, razón por la cual le imputó ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Y, por último, falso testimonio.

La imputación de cargos contra Andrade se dio en septiembre de 2017. Un mes antes, luego de un trabajo de seis años en la ANI, le presentó su renuncia al presidente Juan Manuel Santos. El alto exfuncionario, quien pasó a la ANI tras hacer toda su carrera en el gigante de las consultorías McKinsey, argumentó que dejaba su cargo “para darle plenas garantías de imparcialidad a la justicia y no poner en riesgo la confianza que la ciudadanía tiene en la ANI y en el ambicioso programa de infraestructura que tantos esfuerzos ha requerido”.

::"Confío en que Andrade pueda demostrar su inocencia": Luis Alberto Moreno::

Andrade, quien se ha declarado inocente desde el inicio, ha explicado que la ANI toma decisiones colegiadas (entre varios funcionarios) y que la adición Ocaña-Gamarra se dio en con base en razones técnicas nada más. La Fiscalía, sin embargo, insistió y lo llamó a juicio. El cual, antes de ver su primera audiencia, sufrió un episodio particular: en noviembre de 2018, Néstor Humberto Martínez, quien era el fiscal general, acusó a Andrade de conspirar en su contra, y a la esposa de este, de tener una “actitud panfletaria”.

La acusación contra Andrade la hizo ante todo el Congreso y en televisión, pues su presencia en el lugar se debía a un debate de control político que había organizado la oposición por el caso Odebrecht. Por tres casos relacionados con ese tema, la Corte Suprema se vio en la necesidad de nombrar un fiscal ad hoc (Leonardo Espinosa), pues la independencia hacia el caso de Martínez y de su vicefiscal, María Paulina Riveros, se había visto demasiado comprometida.

::Otra versión de la renuncia del exfiscal general Néstor Humberto Martínez::

En diciembre de 2017, un juez de la República determinó que Andrade podía estar detenido en su casa mientras las indagaciones continuaban y, en diciembre de 2018 -un mes después del accidentado episodio en el Congreso-, Andrade recuperó su libertad. La pregunta en el aire era: ¿tendría acceso a un juicio justo luego de que el propio fiscal general lo tildara de enemigo? Andrade, quien tiene además ciudadanía estadounidense, eligió irse a Estados Unidos -no tenía restricciones para salir del país- mientras el juicio avanza.

Cuando supo de la nueva imputación de cargos en su contra, porque, de nuevo, supuestamente se escudó en intereses personales para que la ANI aprobara la construcción de una doble vía en un puente en Plato (Magdalena), un tramo de la Ruta del Sol 3, Andrade señaló que los nuevos señalamientos provenían de una “infundada persecución de la Fiscalía”. “Esta nueva imputación es absurda”, agregó Andrade en su momento, en entrevista con este diario. En esa ocasión, el lobista habría sido un hombre muy cercano al presidente Santos: Roberto Prieto, su exgerente de campaña.

En mayo de este año se supo que Prieto pactó un preacuerdo con la Fiscalía, tras la acusación en su contra de haber aceptado un pago de $650 millones de parte de Consultores Unidos, la empresa de Eduardo Zambrano, para lograr que la construcción del mencionado puente quedara en manos de la Concesionaria Yuma, que fue lo que ocurrió. Prieto fue condenado a cinco años de prisión, tiempo en el que tampoco podrá ocupar cargos públicos, y a pagar una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

Por medio de videoconferencia, Luis Fernando Andráde, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se hizo presente a la audiencia de imputación de cargos en la cual se le investiga por su presunta participación en las irregularidades que se dieron en la adjudicación del puente de Plato (Magdalena) obra que hace parte de la Ruta del Sol III. Andrade, quien salió del país en diciembre del año pasado, cumplió su cita con la justicia desde el consulado de Colombia en Miami. 

Durante la audiencia la Fiscalía señaló que Andrade se habría reunido con Roberto Prierto Uribe (gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos) para hablar de un envío de dinero para cubrir unos huecos de la campaña en el año 2014. Con este fin, según el ente investigador, se tenía que entregar la obra a la concecionaria Yuma, liderada por la empresa Impregilo Spa sucursal de Colombia. 

::"Prieto nunca ejerció presiones indebidas": Luis Fernando Andrade::

"Todo eso estaba debidamente planeado desde la ANI como desde la concesionaria para que este proyecto le fuera entregado a Consultores Unidos (del ingeniero Eduardo Zambrano) quien estaba recomendado por Roberto Prieto para que a su vez le entregara los dineros que Roberto requería supuestamente para cubrir un hueco en la campaña", señaló la fiscal del caso. Estos dineros habrían sido camuflados en un contrato de construcción de un segundo puente en el Plato, Magdalena. 

Esta empresa de Zambrano, según las invstigaciones que ha hecho la Fiscalía en el caso Odebrecht, también hizo parte de un plan para lavar dineros de Odebrecht. Para la Fiscalía General el papel de Luis Fernando Andrade "fue determinante y dirigido a recoger recursos económicos para Roberto Prieto (...) porque como servidor público se interesó indebidamente en provecho de un tercero, Roberto Prieto".

Sin embargo, al finalizar la intervención de la Fiscalía, el abogado de Andrade, Jesús Albeiro Yepes, pidió que se precisara con mayor claridad los hechos por los que se va investigar a su cliente. La jueza del caso a su vez, estuvo de acuerdo con la solicitud hecha por la defensa y tildó la intervención de "confusa". La audiencia de medida de aseguramiento será el próximo lunes a las dos de la tarde.

El 9 de agosto de 2018, la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a Luis Fernando Andrade por segunda vez. En ese momento, la fecha anunciada por el ente investigativo fue 28 de septiembre del mismo año. Sin embargo, diez meses después, la diligencia seguía pendiente. Andrade ha señalado que estos nuevos señalamientos de la Fiscalía son un disparate; el organismo investigativo insiste en que Andrade cometió irregularidades frente a uno de los proyectos viales más importantes del país: la Ruta del Sol.

La primera investigación que se abrió contra Andrade tiene que ver con la Ruta del Sol 2. Según el ente investigativo, Andrade fue esencial para que la ANI adjudicara sin licitación el tramo Ocaña-Gamarra a la concesionaria Ruta del Sol (integrada por Odebrecht, Episol -de Corficolombiana- y CSS Constructores), a través de una adición al contrato original, firmado en enero de 2010 por un valor inicial de $2,4 billones. Con el otrosí de Ocaña-Gamarra, a la concesionaria le llegaron $799.000 millones más.

Lo que hoy se sabe es que gente incluso del Congreso, como el exsenador Bernardo “El Ñoño” Elías, recibieron sobornos de la concesionaria para hacer lobby a los intereses de sus socios. Elías tuvo al menos nueve reuniones con Andrade mientras este fue presidente de la ANI, tanto en su oficina como en las casas de ambos. Según la Fiscalía, esa es una de las pruebas de que Andrade abusó de su posición privilegiada para tomar decisiones regido por intereses particulares en vez de por los intereses del país.

Por esa razón, el organismo investigativo le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El ente sostiene que, además, Andrade alteró el sistema de registros de la ANI con ayuda de Juan Sebastián Correa, quien ejercía como su enlace ante el Congreso, para que se eliminaran varias de las visitas que le hizo el entonces senador Elías, razón por la cual le imputó ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Y, por último, falso testimonio.

La imputación de cargos contra Andrade se dio en septiembre de 2017. Un mes antes, luego de un trabajo de seis años en la ANI, le presentó su renuncia al presidente Juan Manuel Santos. El alto exfuncionario, quien pasó a la ANI tras hacer toda su carrera en el gigante de las consultorías McKinsey, argumentó que dejaba su cargo “para darle plenas garantías de imparcialidad a la justicia y no poner en riesgo la confianza que la ciudadanía tiene en la ANI y en el ambicioso programa de infraestructura que tantos esfuerzos ha requerido”.

::"Confío en que Andrade pueda demostrar su inocencia": Luis Alberto Moreno::

Andrade, quien se ha declarado inocente desde el inicio, ha explicado que la ANI toma decisiones colegiadas (entre varios funcionarios) y que la adición Ocaña-Gamarra se dio en con base en razones técnicas nada más. La Fiscalía, sin embargo, insistió y lo llamó a juicio. El cual, antes de ver su primera audiencia, sufrió un episodio particular: en noviembre de 2018, Néstor Humberto Martínez, quien era el fiscal general, acusó a Andrade de conspirar en su contra, y a la esposa de este, de tener una “actitud panfletaria”.

La acusación contra Andrade la hizo ante todo el Congreso y en televisión, pues su presencia en el lugar se debía a un debate de control político que había organizado la oposición por el caso Odebrecht. Por tres casos relacionados con ese tema, la Corte Suprema se vio en la necesidad de nombrar un fiscal ad hoc (Leonardo Espinosa), pues la independencia hacia el caso de Martínez y de su vicefiscal, María Paulina Riveros, se había visto demasiado comprometida.

::Otra versión de la renuncia del exfiscal general Néstor Humberto Martínez::

En diciembre de 2017, un juez de la República determinó que Andrade podía estar detenido en su casa mientras las indagaciones continuaban y, en diciembre de 2018 -un mes después del accidentado episodio en el Congreso-, Andrade recuperó su libertad. La pregunta en el aire era: ¿tendría acceso a un juicio justo luego de que el propio fiscal general lo tildara de enemigo? Andrade, quien tiene además ciudadanía estadounidense, eligió irse a Estados Unidos -no tenía restricciones para salir del país- mientras el juicio avanza.

Cuando supo de la nueva imputación de cargos en su contra, porque, de nuevo, supuestamente se escudó en intereses personales para que la ANI aprobara la construcción de una doble vía en un puente en Plato (Magdalena), un tramo de la Ruta del Sol 3, Andrade señaló que los nuevos señalamientos provenían de una “infundada persecución de la Fiscalía”. “Esta nueva imputación es absurda”, agregó Andrade en su momento, en entrevista con este diario. En esa ocasión, el lobista habría sido un hombre muy cercano al presidente Santos: Roberto Prieto, su exgerente de campaña.

En mayo de este año se supo que Prieto pactó un preacuerdo con la Fiscalía, tras la acusación en su contra de haber aceptado un pago de $650 millones de parte de Consultores Unidos, la empresa de Eduardo Zambrano, para lograr que la construcción del mencionado puente quedara en manos de la Concesionaria Yuma, que fue lo que ocurrió. Prieto fue condenado a cinco años de prisión, tiempo en el que tampoco podrá ocupar cargos públicos, y a pagar una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.