Juicio por complot contra Sastoque

Tuvieron que pasar 17 años para que la justicia empezara a enderezar la vereda en el caso del asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, exguerrillero del M-19 y hermano del recordado comandante de la misma organización, Carlos Pizarro Leongómez. Al menos por ahora se va a juzgar a tres falsos testigos que permitieron que Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario administrativo del CTI de la Fiscalía, fuera inculpado injustamente del hecho.

Hoy, a partir de las nueve de la mañana, en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Adjunto de Bogotá, empezará el juicio, por el presunto delito de fraude procesal contra Olga Esther Guevara Fajardo, Claudia Magdalena Guevara Fajardo y Germán Ramírez González, cuyos testimonios indujeron en error a la justicia para incriminar a Gustavo Sastoque, quien terminó pagando una pena de 10 años, 8 meses y 28 días de prisión por un homicidio que no cometió.

Un craso error de la justicia que comenzó luego de que un grupo de desconocidos llegara a una casa ubicada en el barrio Altablanca, al norte de Bogotá, para sacar a la fuerza al exguerrillero Hernando Pizarro, quien, al oponer resistencia y pedir auxilio a gritos, recibió cuatro disparos en la cabeza. Diez días después comenzó el drama para Gustavo Sastoque Alfonso.

El 8 de marzo, cuando llegó de almorzar a su oficina, le notificaron que debía presentarse en la Fiscalía sin rostro y preguntar por un proceso. Cuando lo hizo, después de extraños movimientos, unos agentes del DAS le mostraron una orden de captura en su contra. Lo incomunicaron en un calabozo y al día siguiente le dijeron que estaba acusado de asesinato. Sin haber sido oído en indagatoria, un noticiero de televisión aseguró que había confesado ser el autor del crimen.

A esa misma hora, la Fiscalía allanaba su casa. El argumento fue buscar armas, pero sólo se llevaron un vestido y, por insistencia de un teniente de la Dijín, dos fotografías de Sastoque. Días más tarde, el Batallón de Contrainteligencia Nº 1, adscrito a la XX Brigada del Ejército, sin saberse por qué intervino en el proceso y aportó un retrato hablado que resultó ser casi una copia de las fotografías obtenidas en el allanamiento. Pero aún faltaba lo más grave del asunto.

En su defensa, Sastoque acreditó que el día del asesinato estuvo comprando unos zapatos en el barrio Restrepo, y no sólo aportó el comprobante de su tarjeta Diners sino que los empleados del almacén testificaron en su favor. No obstante, en ese momento aparecieron tres extraños testigos. En primer lugar, Olga Esther Guevara Fajardo, quien resultó ser una empleada del Fondo Rotatorio del Ejército, aseguró haber visto el homicidio desde la ventana de su casa.

Agregó que un día después vio de nuevo a Sastoque, a quien identificó como el asesino, con algunos fotógrafos de la Fiscalía. Los compañeros de labores de Sastoque declararon en su favor, pero se le dio más credibilidad a Olga Esther Guevara y a su hermana Claudia, que también dijo haber visto el asesinato. Y faltaba un tercero, un vendedor de perros calientes llamado Germán Ramírez, que se encontraba cerca del lugar de los hechos y agregó que Sastoque era muy parecido al asesino.

Los tres testimonios fueron la base para encausar a Sastoque. Ocho meses después de su detención, un juez lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado. El Tribunal Nacional le rebajó la condena a 40 años y 6 meses. El caso parecía resuelto cuando empezaron a ocurrir hechos inusuales. Un policía que había testificado en su contra fue asesinado y aparecieron dos testigos, Julio Ramón Carrillo y Mercedes Yolima Guáqueta, que confesaron que todo había sido un montaje de inteligencia militar.

En junio de 1999, Gustavo Sastoque presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara a los testigos y le pidió a la Procuraduría que también indagara. El Ministerio Público contestó que disciplinariamente el caso ya estaba prescrito, y en vez de una noticia de la Fiscalía, en febrero de 2003 se le informó que la Corte Suprema de Justicia había ratificado su sentencia de 40 años. El alto tribunal agregó que no podía valorar pruebas aportadas en esa etapa del proceso judicial.

Agotado judicialmente su tema, Sastoque decidió llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mayo de 2008 le sugirió al Estado que buscara una solución amistosa y urgiera a la justicia a aclarar el tema. Por esta razón, después de verificar que los tres testigos habían mentido, además de otras inconsistencias judiciales, un fiscal de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá llamó a juicio en mayo de 2011 a Olga Esther Guevara, Claudia Magdalena Guevara y Germán Ramírez González.

Ahora tendrán que comparecer ante la justicia por presunto fraude procesal, pues el posible delito de falso testimonio ya prescribió. Hoy, nada se sabe del paradero de las hermanas Guevara, mientras que Ramírez, que es pastor de una iglesia cristiana en Villavicencio y ya no puede mentir, admitió que en esos días del asesinato de Pizarro unos hombres, que dijeron ser de la Fiscalía, lo encerraron en un hotel, lo separaron de su familia y lo obligaron a testificar contra un hombre que estuvo 10 años en la cárcel injustamente.

Tuvieron que pasar 17 años para que la justicia empezara a enderezar la vereda en el caso del asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, exguerrillero del M-19 y hermano del recordado comandante de la misma organización, Carlos Pizarro Leongómez. Al menos por ahora se va a juzgar a tres falsos testigos que permitieron que Gustavo Sastoque Alfonso, exfuncionario administrativo del CTI de la Fiscalía, fuera inculpado injustamente del hecho.

Hoy, a partir de las nueve de la mañana, en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Adjunto de Bogotá, empezará el juicio, por el presunto delito de fraude procesal contra Olga Esther Guevara Fajardo, Claudia Magdalena Guevara Fajardo y Germán Ramírez González, cuyos testimonios indujeron en error a la justicia para incriminar a Gustavo Sastoque, quien terminó pagando una pena de 10 años, 8 meses y 28 días de prisión por un homicidio que no cometió.

Un craso error de la justicia que comenzó luego de que un grupo de desconocidos llegara a una casa ubicada en el barrio Altablanca, al norte de Bogotá, para sacar a la fuerza al exguerrillero Hernando Pizarro, quien, al oponer resistencia y pedir auxilio a gritos, recibió cuatro disparos en la cabeza. Diez días después comenzó el drama para Gustavo Sastoque Alfonso.

El 8 de marzo, cuando llegó de almorzar a su oficina, le notificaron que debía presentarse en la Fiscalía sin rostro y preguntar por un proceso. Cuando lo hizo, después de extraños movimientos, unos agentes del DAS le mostraron una orden de captura en su contra. Lo incomunicaron en un calabozo y al día siguiente le dijeron que estaba acusado de asesinato. Sin haber sido oído en indagatoria, un noticiero de televisión aseguró que había confesado ser el autor del crimen.

A esa misma hora, la Fiscalía allanaba su casa. El argumento fue buscar armas, pero sólo se llevaron un vestido y, por insistencia de un teniente de la Dijín, dos fotografías de Sastoque. Días más tarde, el Batallón de Contrainteligencia Nº 1, adscrito a la XX Brigada del Ejército, sin saberse por qué intervino en el proceso y aportó un retrato hablado que resultó ser casi una copia de las fotografías obtenidas en el allanamiento. Pero aún faltaba lo más grave del asunto.

En su defensa, Sastoque acreditó que el día del asesinato estuvo comprando unos zapatos en el barrio Restrepo, y no sólo aportó el comprobante de su tarjeta Diners sino que los empleados del almacén testificaron en su favor. No obstante, en ese momento aparecieron tres extraños testigos. En primer lugar, Olga Esther Guevara Fajardo, quien resultó ser una empleada del Fondo Rotatorio del Ejército, aseguró haber visto el homicidio desde la ventana de su casa.

Agregó que un día después vio de nuevo a Sastoque, a quien identificó como el asesino, con algunos fotógrafos de la Fiscalía. Los compañeros de labores de Sastoque declararon en su favor, pero se le dio más credibilidad a Olga Esther Guevara y a su hermana Claudia, que también dijo haber visto el asesinato. Y faltaba un tercero, un vendedor de perros calientes llamado Germán Ramírez, que se encontraba cerca del lugar de los hechos y agregó que Sastoque era muy parecido al asesino.

Los tres testimonios fueron la base para encausar a Sastoque. Ocho meses después de su detención, un juez lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado. El Tribunal Nacional le rebajó la condena a 40 años y 6 meses. El caso parecía resuelto cuando empezaron a ocurrir hechos inusuales. Un policía que había testificado en su contra fue asesinado y aparecieron dos testigos, Julio Ramón Carrillo y Mercedes Yolima Guáqueta, que confesaron que todo había sido un montaje de inteligencia militar.

En junio de 1999, Gustavo Sastoque presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara a los testigos y le pidió a la Procuraduría que también indagara. El Ministerio Público contestó que disciplinariamente el caso ya estaba prescrito, y en vez de una noticia de la Fiscalía, en febrero de 2003 se le informó que la Corte Suprema de Justicia había ratificado su sentencia de 40 años. El alto tribunal agregó que no podía valorar pruebas aportadas en esa etapa del proceso judicial.

Agotado judicialmente su tema, Sastoque decidió llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en mayo de 2008 le sugirió al Estado que buscara una solución amistosa y urgiera a la justicia a aclarar el tema. Por esta razón, después de verificar que los tres testigos habían mentido, además de otras inconsistencias judiciales, un fiscal de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá llamó a juicio en mayo de 2011 a Olga Esther Guevara, Claudia Magdalena Guevara y Germán Ramírez González.

Ahora tendrán que comparecer ante la justicia por presunto fraude procesal, pues el posible delito de falso testimonio ya prescribió. Hoy, nada se sabe del paradero de las hermanas Guevara, mientras que Ramírez, que es pastor de una iglesia cristiana en Villavicencio y ya no puede mentir, admitió que en esos días del asesinato de Pizarro unos hombres, que dijeron ser de la Fiscalía, lo encerraron en un hotel, lo separaron de su familia y lo obligaron a testificar contra un hombre que estuvo 10 años en la cárcel injustamente.