Juicios en contra del exjuez Baltasar Garzón fueron arbitrarios, dice la ONU
La ONU manifestó que los juicios contra Baltasar Garzón, abogado de Alex Saab, por franquismo y el caso Gürtel fueron arbitrarios y no cumplieron con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó que los juicios contra el exjuez español Baltasar Garzón, hoy defensor jurídico de Alex Saab, no tuvieron las garantías judiciales suficientes. Según la instancia internacional, los procesos que se adelantaron en el Tribunal Supremo de España, máxima autoridad de ese país, vulneraron los derechos del español.
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En febrero de 2012, el Tribunal Superior condenó a Garzón a 11 años de inhabilidad de su cargo como juez por prevaricato. Según el Tribunal, el hoy abogado de Alex Saab, ordenó una grabación ilegal en una cárcel donde estaban los líderes del caso Gürtel, un episodio de corrupción que involucró a dirigentes del Partido Popular de España. El episodio de corrupción consistió en que empresas privadas actuaban de la mano con empresas controladas por miembro de ese partido, a cambio de dinero para funcionarios públicos y financiación de campañas políticas.
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El caso por el que Garzón acudió a la ONU es por su intervención en el caso franquismo, en el cual Garzón se declaró competente en 2008 para abrir una investigación sobre más de 130.000 muertos y desaparecidos en la Guerra Civil española, desarrollada entre 1936-1939. En esa ocasión, se le acusó de prevaricato, pero el Tribunal lo declaró inocente en 2012; aún así, se le prohibió, en la sentencia, investigar judicialmente los crímenes de la guerra durante la dictadura de Francisco Franco.
Según el Comité de Derechos Humanos la ONU, Garzón, al ordenar las grabaciones a los involucrados en el caso de corrupción, “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”.
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Igualmente, el Comité de la ONU determinó que España debe “borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido”. Igualmente, la determinación sostiene que “el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.
En su carrera, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990). Por esta decisión, el chileno estuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.
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Garzón es el abogado de Alex Saab desde junio del año pasado. El presunto testaferro de Nicolás Maduro lo contrató para que lo defendiera en las demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país insular de África occidental.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó que los juicios contra el exjuez español Baltasar Garzón, hoy defensor jurídico de Alex Saab, no tuvieron las garantías judiciales suficientes. Según la instancia internacional, los procesos que se adelantaron en el Tribunal Supremo de España, máxima autoridad de ese país, vulneraron los derechos del español.
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El caso por el que Garzón acudió a la ONU es por su intervención en el caso franquismo, en el cual Garzón se declaró competente en 2008 para abrir una investigación sobre más de 130.000 muertos y desaparecidos en la Guerra Civil española, desarrollada entre 1936-1939. En esa ocasión, se le acusó de prevaricato, pero el Tribunal lo declaró inocente en 2012; aún así, se le prohibió, en la sentencia, investigar judicialmente los crímenes de la guerra durante la dictadura de Francisco Franco.
Según el Comité de Derechos Humanos la ONU, Garzón, al ordenar las grabaciones a los involucrados en el caso de corrupción, “no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más bien una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables”.
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Igualmente, el Comité de la ONU determinó que España debe “borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido”. Igualmente, la determinación sostiene que “el Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.
En su carrera, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990). Por esta decisión, el chileno estuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.
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