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El exsenador Julián Bedoya fue declarado responsable disciplinariamente por haber obtenido de manera irregular su título de abogado, un honor que le fue concedido de manera rápida y con una normativa ajustada a sus intereses en 2019, con el aval de la Universidad de Medellín. Así lo determinó la Procuraduría, que lo sancionó e inhabilitó 10 meses para ocupar cargos públicos.
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En fallo de primera instancia, el Ministerio Público encontró que Julián Bedoya utilizó las ventajas de su investidura como congresista, entre octubre de 2018 y marzo de 2019, para obtener más fácil su grado como abogado. Su sanción fue convertida a salarios mínimos de acuerdo con lo devengado por Bedoya al momento de cometer la falta. Un total de $313 millones.
“El organismo de control comprobó que hubo manipulación de los reglamentos del ente educativo para regular los trámites y procedimientos del proceso formativo en beneficio de Bedoya Pulgarín, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional”, explicó la Procuraduría.
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El órgano de control encontró que en la universidad de Medellín hubo alteración de documentos y que Julián Bedoya se graduó, asegurando que presento varios exámenes del más alto nivel en un mismo día, lo cual no cumple con los tiempos estándar de un alumno de pregrado. Incluso, aprobó algunas asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo que supuestamente cursó.
Justamente, ayer 15 de enero fueron condenados en primera instancia la exjefa del programa de Derecho y el exsubsecreatario académico de la Universidad de Medellín, Yolanda Cossio Rincón y Juan Felipe Hernández. Ambos fueron sentenciados por el delito de falsedad ideológica en documento público, al haber ayudado a Bedoya a pasar las materias. Recibieron cuatro años y cinco años de prisión domiciliaria, respectivamente.
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La investigación por la que fueron condenados y por la que también es investigado Bedoya apunta a que el exsenador obtuvo su título de abogado irregularmente. En el expediente en su contra, que reposa en la Corte Suprema de Justicia, no solo hay pruebas documentales que evidencian que habría sido imposible, o por lo menos “inhumano”, que Bedoya hiciera exámenes y preparatorios en tiempo extremo, sino también testimonios.
La Corte encontró que, aunque el exsenador había estado vinculado a la Universidad desde 2001, cuando realmente volvió para graduarse fue en el segundo semestre del 2018. En ese momento, su regreso a clases debía ser aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho. Sin embargo, su reintegro terminó siendo aprobado por el Consejo Académico, otra instancia administrativa, sin ninguna explicación de por qué el cambio.
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