Justicia busca enderezar masacre de Trujillo

Dos décadas después de una de las peores masacres continuadas, los pasos de la justicia empiezan a aclarar históricas deudas con las víctimas del municipio de Trujillo, Valle. El turno le tocó al teniente (r) José Fernando Berrío, comandante de la Policía en Trujillo entre el 29 de agosto de 1989 y el 24 de mayo de 1990, a quien la Fiscalía le acaba de dictar medida de aseguramiento por considerar que estuvo implicado en las matanzas que acaecieron en el municipio y que ya está probado fueron producto de la unión de narcotraficantes, paramilitares y fuerzas del Estado, para asesinar a centenares de personas.

Para la Fiscalía existen evidencias de que la Policía facilitó “con su conducta permisiva el desencadenamiento de tales hechos trágicos” y advierte que el entonces comandante de Trujillo no salvaguardó la vida y las libertades personales de los que allí habitaban: “El procesado Berrío se sustrajo de sus obligaciones y permitió con su actitud omisiva que actores armados campearan sin Dios ni ley en la localidad, permitió incluso —como lo reseñan las diligencias— que hombres a su mando actuaran en connivencia con la horda criminal que mantenía atemorizada a la población bajo la mirada cómplice de quien tenía el deber constitucional de evitarlo”.

La masacre de Trujillo, que abarca 352 asesinatos a campesinos que eran tildados de ayudar a grupos guerrilleros, aconteció desde 1986 hasta 1994, comprendiendo su año más violento en 1990, cuando fue emboscada una patrulla del Ejército en la Vereda Playa Alta, dejando un saldo de siete militares muertos. Aparentemente, después de este episodio, capos de la droga como Diego Montoya, alias Don Diego; Iván Urdinola Grajales y Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, se apoderaron del municipio, financiando el paramilitarismo y perpetrando “actos violentos, hechos de sangre, torturas, desaparecimientos sistemáticos y selectivos”, que no fueron rastreados o combatidos por la policía al mando de José Fernando Berrío.

Según el expediente, durante su paso como comandante en Trujillo, siete campesinos fueron vistos por última vez acompañados de personas vestidas con uniforme de la Policía. Todos desaparecieron. En unos casos se dio aviso al teniente Berrío de múltiples amenazas de muerte, pero no hizo nada. Por ejemplo, se reseñó la muerte de Fabio de Jesús Berrío Marroquín, habitante de la zona, quien fue “sacado y asesinado por hombres fuertemente armados vestidos con prendas de la Policía” el 28 de octubre de 1989. Asimismo, sobre la muerte de Juan de Jesús Restrepo, el 17 de diciembre de 1989, se estableció que aunque “la Policía fue avisada a tiempo del homicidio, no realizó ninguna gestión para capturar a los responsables”.

Esos diez meses en que Berrío ocupó el cargo de comandante de la Policía de Trujillo, también comprenden la desaparición, el 2 de abril de 1990, de los ebanistas Hervey Londoño, José Erley Vargas y José Alirio Granada, quienes fueron obligados a salir de su taller en la plaza principal, siendo retenidos en una finca ubicada entre Salónica y Andinápolis y posteriormente torturados. Según el testigo Daniel Arcila, así operaban las alianzas entre agentes del Estado y sicarios del narcotráfico para asesinar a diestra y siniestra. Al poder mafioso de Don Diego o El Alacrán se sumó el mayor Alirio Urueña, el único oficial condenado a 44 años de prisión por la masacre de Trujillo. La decisión fue proferida la semana pasada por un juzgado especializado de Bogotá, pero las contradicciones continúan.

Mientras que un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos dictó hace pocos días medida de aseguramiento en contra del entonces comandante de la Policía, José Fernando Berrío, el mismo juez que condenó al mayor Urueña lo absolvió al aducir que no había pruebas suficientes que demostraran su implicación en los crímenes de Ricardo Burbano Delgado y de los hermanos Cano Valencia, ocurridos el 23 de marzo de 1990 en la finca Argelia, vereda La Sonadora. No obstante, esta vez la Fiscalía tiene testimonios, documentos y otras pruebas que apuntan a que Berrío, como comandante de la Policía en Trujillo, permitió toda suerte de barbaries.

El teniente (r), hoy prófugo de la justicia, en criterio de un fiscal especializado, sí incumplió sus labores, fue omisivo en relación con decenas de denuncias y nada hizo para detener el baño de sangre que, en muchos casos, terminó en el río Cauca. Por eso, impuso medida de aseguramiento como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. “La temporalidad de estos hechos, sumada a las funciones del procesado y el territorio donde las desarrollaba, permiten concluir que Berrío Velásquez (…) no hizo nada para evitar que la ciudadanía fuese víctima de delitos atroces como el homicidio y la desaparición de civiles”, sostuvo el ente acusador en una providencia conocida por El Espectador.

Dos décadas después de una de las peores masacres continuadas, los pasos de la justicia empiezan a aclarar históricas deudas con las víctimas del municipio de Trujillo, Valle. El turno le tocó al teniente (r) José Fernando Berrío, comandante de la Policía en Trujillo entre el 29 de agosto de 1989 y el 24 de mayo de 1990, a quien la Fiscalía le acaba de dictar medida de aseguramiento por considerar que estuvo implicado en las matanzas que acaecieron en el municipio y que ya está probado fueron producto de la unión de narcotraficantes, paramilitares y fuerzas del Estado, para asesinar a centenares de personas.

Para la Fiscalía existen evidencias de que la Policía facilitó “con su conducta permisiva el desencadenamiento de tales hechos trágicos” y advierte que el entonces comandante de Trujillo no salvaguardó la vida y las libertades personales de los que allí habitaban: “El procesado Berrío se sustrajo de sus obligaciones y permitió con su actitud omisiva que actores armados campearan sin Dios ni ley en la localidad, permitió incluso —como lo reseñan las diligencias— que hombres a su mando actuaran en connivencia con la horda criminal que mantenía atemorizada a la población bajo la mirada cómplice de quien tenía el deber constitucional de evitarlo”.

La masacre de Trujillo, que abarca 352 asesinatos a campesinos que eran tildados de ayudar a grupos guerrilleros, aconteció desde 1986 hasta 1994, comprendiendo su año más violento en 1990, cuando fue emboscada una patrulla del Ejército en la Vereda Playa Alta, dejando un saldo de siete militares muertos. Aparentemente, después de este episodio, capos de la droga como Diego Montoya, alias Don Diego; Iván Urdinola Grajales y Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, se apoderaron del municipio, financiando el paramilitarismo y perpetrando “actos violentos, hechos de sangre, torturas, desaparecimientos sistemáticos y selectivos”, que no fueron rastreados o combatidos por la policía al mando de José Fernando Berrío.

Según el expediente, durante su paso como comandante en Trujillo, siete campesinos fueron vistos por última vez acompañados de personas vestidas con uniforme de la Policía. Todos desaparecieron. En unos casos se dio aviso al teniente Berrío de múltiples amenazas de muerte, pero no hizo nada. Por ejemplo, se reseñó la muerte de Fabio de Jesús Berrío Marroquín, habitante de la zona, quien fue “sacado y asesinado por hombres fuertemente armados vestidos con prendas de la Policía” el 28 de octubre de 1989. Asimismo, sobre la muerte de Juan de Jesús Restrepo, el 17 de diciembre de 1989, se estableció que aunque “la Policía fue avisada a tiempo del homicidio, no realizó ninguna gestión para capturar a los responsables”.

Esos diez meses en que Berrío ocupó el cargo de comandante de la Policía de Trujillo, también comprenden la desaparición, el 2 de abril de 1990, de los ebanistas Hervey Londoño, José Erley Vargas y José Alirio Granada, quienes fueron obligados a salir de su taller en la plaza principal, siendo retenidos en una finca ubicada entre Salónica y Andinápolis y posteriormente torturados. Según el testigo Daniel Arcila, así operaban las alianzas entre agentes del Estado y sicarios del narcotráfico para asesinar a diestra y siniestra. Al poder mafioso de Don Diego o El Alacrán se sumó el mayor Alirio Urueña, el único oficial condenado a 44 años de prisión por la masacre de Trujillo. La decisión fue proferida la semana pasada por un juzgado especializado de Bogotá, pero las contradicciones continúan.

Mientras que un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos dictó hace pocos días medida de aseguramiento en contra del entonces comandante de la Policía, José Fernando Berrío, el mismo juez que condenó al mayor Urueña lo absolvió al aducir que no había pruebas suficientes que demostraran su implicación en los crímenes de Ricardo Burbano Delgado y de los hermanos Cano Valencia, ocurridos el 23 de marzo de 1990 en la finca Argelia, vereda La Sonadora. No obstante, esta vez la Fiscalía tiene testimonios, documentos y otras pruebas que apuntan a que Berrío, como comandante de la Policía en Trujillo, permitió toda suerte de barbaries.

El teniente (r), hoy prófugo de la justicia, en criterio de un fiscal especializado, sí incumplió sus labores, fue omisivo en relación con decenas de denuncias y nada hizo para detener el baño de sangre que, en muchos casos, terminó en el río Cauca. Por eso, impuso medida de aseguramiento como presunto coautor de los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. “La temporalidad de estos hechos, sumada a las funciones del procesado y el territorio donde las desarrollaba, permiten concluir que Berrío Velásquez (…) no hizo nada para evitar que la ciudadanía fuese víctima de delitos atroces como el homicidio y la desaparición de civiles”, sostuvo el ente acusador en una providencia conocida por El Espectador.