Juzgado ordena proteger los derechos de cuatro asentamientos indígenas en Meta
En el área que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio aceptó proteger habitan las comunidades indígenas Witsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia. El territorio es de aproximadamente 102 mil hectáreas.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio aceptó las solicitudes que fueron presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la protección de más de 102 mil hectáreas en la que existen asentamientos indígenas de varias comunidades (Witsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia). Según la URT, esta zona presentaba una situación de urgencia debido al avance de la deforestación en áreas de conservación.
Según autoridades tradicionales de las comunidades indígenas que habitan dicho territorio, desde 2020 venían denunciando que recibían constantes amenazas de muerte por parte de presuntos grupos armados y la afectación de fuentes hídricas por parte de empresas agropecuarias y sus actividades mecanizadas. Por su parte, Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la URT, explicó que las acciones judiciales eran de gran importancia debido a la rápida expansión del arado y la deforestación en el sector.
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A la zona se realizaron varias visitas técnicas a los predios privados que se encuentran en los límites del territorio ocupado por el pueblo Sikuani. Debido a esto, se encuentran en curso tres procesos sancionatorios por las afectaciones a los recursos naturales, pues se habrían efectuado diversas actividades sin permiso de las autoridades ambientales.
El juez decidió vincular a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía del Meta, Municipio de Puerto Gaitán, Inspección de Policía de Puerto Gaitán, Personería Municipal, Gobernación del Meta, Cormacarena, Fiscalía General de la Nación, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Parques Naturales Nacionales, IGAC, ONIC, UNUMA, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en máximo cinco días se pronuncien en relación con las medidas cautelares que se solicitaron
(Le podría interesar:Los aprendizajes y retos de la restitución de tierras)
Los asentamientos indígenas están ubicados en las veredas: La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frío, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán (Meta). La posible afectación al territorio, a los derechos ambientales y a las comunidades indígenas motivó a la URT a presentar acciones jurídicas para obtener medidas eficaces en el tema.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio aceptó las solicitudes que fueron presentadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para la protección de más de 102 mil hectáreas en la que existen asentamientos indígenas de varias comunidades (Witsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia). Según la URT, esta zona presentaba una situación de urgencia debido al avance de la deforestación en áreas de conservación.
Según autoridades tradicionales de las comunidades indígenas que habitan dicho territorio, desde 2020 venían denunciando que recibían constantes amenazas de muerte por parte de presuntos grupos armados y la afectación de fuentes hídricas por parte de empresas agropecuarias y sus actividades mecanizadas. Por su parte, Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de la URT, explicó que las acciones judiciales eran de gran importancia debido a la rápida expansión del arado y la deforestación en el sector.
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A la zona se realizaron varias visitas técnicas a los predios privados que se encuentran en los límites del territorio ocupado por el pueblo Sikuani. Debido a esto, se encuentran en curso tres procesos sancionatorios por las afectaciones a los recursos naturales, pues se habrían efectuado diversas actividades sin permiso de las autoridades ambientales.
El juez decidió vincular a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad para las Víctimas, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía del Meta, Municipio de Puerto Gaitán, Inspección de Policía de Puerto Gaitán, Personería Municipal, Gobernación del Meta, Cormacarena, Fiscalía General de la Nación, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Parques Naturales Nacionales, IGAC, ONIC, UNUMA, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en máximo cinco días se pronuncien en relación con las medidas cautelares que se solicitaron
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Los asentamientos indígenas están ubicados en las veredas: La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frío, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena en Puerto Gaitán (Meta). La posible afectación al territorio, a los derechos ambientales y a las comunidades indígenas motivó a la URT a presentar acciones jurídicas para obtener medidas eficaces en el tema.
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