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Empezó la cuenta regresiva para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegue a Colombia. La visita de trabajo se desarrollará entre el 8 y el 10 de junio y servirá para que el organismo conozca de primera mano la situación en materia de derechos humanos tras completarse 40 días de manifestaciones contra las medidas del gobierno de Iván Duque. Dos o tres comisionados y un grupo de la Secretaría Ejecutiva harán presencia inicialmente en Bogotá y en Cali, las ciudades que han tenido mayor complejidad a la hora de sostener el orden público y garantizar la no vulneración de los derechos de los ciudadanos. Esto es lo que se viene para el país.
La visita que solicitó la Comisión desde el pasado 14 de mayo finalmente se concretó, pese a una inicial negativa de Colombia, que luego dijo el Gobierno había sido un malentendido. La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, diez días después de conocida la intención de la CIDH de realizar la diligencia, le dijo al organismo internacional que “por ahora no” era necesaria, pues los entes de control estaban adelantando las acciones pertinentes para esclarecer los abusos por parte de la Fuerza Pública. No obstante, cuatro días después envió una carta a la corporación y otra directamente a la OEA, en las que daba vía libre para su llegada al país.
¿En qué consiste la visita?
Para el brasileño Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la CIDH, la realización de la visita en Colombia es un hito para la sociedad civil, debido a que esta misma fue la que “conquistó” el encuentro. “Históricamente la Comisión visitaba a Colombia para revisar temas directa o indirectamente vinculados al conflicto armado y las consecuencias del Acuerdo de Paz. Pero esta vez se trata de una visita para monitorear la situación de los derechos humanos a partir de una coyuntura en la que hay tensionamientos sociales e insatisfacción con las respuestas del Gobierno hacia la pandemia y el tipo de respuesta del Estado a las manifestaciones”, le dijo Abrao a El Espectador.
Para el exsecretario, la Comisión debe monitorear las violaciones de derechos humanos y priorizar la identificación de las que están dirigidas a la vida, la integridad y a las libertades de organización y manifestación. “Deberá empezar sus labores circunstanciando las situaciones de las personas fallecidas y heridas en primer lugar. Luego, se verificará si el ejercicio a la libertad de expresión, a un periodismo libre e independiente, al ejercicio del derecho a la crítica pública, están siendo protegidos y observados por las autoridades nacionales”. Del mismo modo, Abrao aseguró que la CIDH procura usualmente identificar si hay patrones en las conductas.
Juana Acosta, profesora de la Universidad de la Sabana y litigante ante el sistema interamericano, explicó a este diario que, “en general, estas visitas dan lugar a la preparación de un informe especial que puede incluir recomendaciones a Colombia”. No obstante, aclaró que “no se puede decir que esta visita vaya a desencadenar en un caso contra el Estado”, pues la diligencia que llevará a cabo la Comisión en los próximos días responde más a sus funciones de monitoreo. Y añadió: “No puede olvidarse que la CIDH no es un órgano judicial, como sí lo es la Corte Interamericana, por eso los informes de la Comisión incluyen recomendaciones y no órdenes judiciales. Estas recomendaciones son cumplidas por los estados en virtud del principio de buena fe”.
Para Abrao, las eventuales recomendaciones “son como una hoja de ruta para colaborar y buscar una salida democrática a la crisis padecida”. La abogada Acosta, por su parte, añade que la llegada de los comisionados no significa que este órgano internacional considere que hay flagrantes violaciones de los derechos humanos, pues la visita y sus hallazgos no son un prejuzgamiento. “Estos mecanismos sirven justamente como apoyo a los estados en la tarea de protección de los derechos humanos, razón por la cual la CIDH los coordina con el propio Gobierno”, explicó la profesora.
Lo que encontrará la CIDH
Precisamente porque toda la visita es coordinada con el Estado hubo algunos percances para acordar la agenda. Desde el Gobierno querían que los comisionados se reunieran con los gremios afectados por los bloqueos y con los órganos de control encargados de las investigaciones internas (Fiscalía, Procuraduría y Defensoría). Pero la Comisión también busca reunirse con organizaciones de derechos humanos, víctimas de abuso policial y hasta visitar centros de detención para verificar las condiciones. En cualquier caso, ya en los despachos del fiscal Francisco Barbosa, del defensor Carlos Camargo y de la procuradora Margarita Cabello están los documentos que presentarán a la CIDH.
Fuentes de la Procuraduría le dijeron a El Espectador que la jefa de la entidad ha participado directamente en la redacción del documento que le presentarán a la Comisión. El reporte documentará en detalle las cifras de las actuaciones que ha adelantado el ente de control desde que empezó el paro nacional. A corte del 2 de junio se habían iniciado 154 acciones disciplinarias: nueve investigaciones y 145 indagaciones. Alrededor de 127 expedientes son contra miembros de la Fuerza Pública: 124 son indagaciones y apenas tres investigaciones. Además, tres indagaciones contra congresistas de la oposición: Wilson Arias, María José Pizarro y Alexánder López.
La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, entregará en gran medida la información que ya es pública. A corte del 31 de mayo, el ente investigador hablaba de 48 personas fallecidas desde que comenzaron las movilizaciones, pero solo en 20 casos se han hallado relaciones directas con las manifestaciones: en Bogotá (1), Cundinamarca (3), Cali (10), Valle del Cauca (4), Cauca (1) y Tolima (1). Nueve muertes más están en proceso de verificación, de los cuales dos ocurrieron en Risaralda y siete en Cali. Asimismo, continúa la búsqueda de 111 personas, y ya se ha desactivado la búsqueda de 309 que habían sido reportadas como desaparecidas.
Hasta el momento, en el sistema interno del ente acusador reposan tres denuncias por desaparición forzada relacionadas con las manifestaciones adelantadas durante el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 de mayo en Caldas (Antioquia) y el 20 de mayo en Yumbo (Valle del Cauca). En cuanto a judicializaciones, ha habido 214 imputaciones de cargos por los delitos de homicidio, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública, terrorismo, hurto, asonada, lesiones personales, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial, tráfico y porte de armas, y fabricación y tráfico de sustancias peligrosas.
La Defensoría del Pueblo ya hizo su primera intervención ante la CIDH, en una audiencia reservada el 25 de mayo. Este diario supo que el defensor Carlos Camargo entregará un informe nuevo, pero en esa ocasión el alto funcionario habló de 106 denuncias de violencia de género, de los cuales 96 corresponden a hechos contra las mujeres y nueve contra personas de orientación sexual diversa. Además, dijo que su entidad registraba 118 ataques a la integridad, 48 a la libertad de reunión, 21 a la libertad y 15 a la libertad de expresión. En cuanto a la vulneración al derecho a la vida, la entidad alertó de 25 amenazas de muerte o intimidaciones contra líderes de manifestaciones.
Camargo, sumado a la petición de la vicepresidenta de revisar los bloqueos presentados en las manifestaciones, ya expresó preocupación por cuenta de los cierres en las principales vías del país, debido a que habrían generado pérdidas por $10 billones. “El costo diario del paro es de $484.000 millones”, explicó el defensor en ese entonces ante la CIDH. “Todo este fenómeno de bloqueos de vías se ha convertido en una verdadera crisis humanitaria, que ha llevado a que pacientes mueran en ambulancias bloqueadas, que el oxígeno no llegue a los hospitales y, en general, las ventas de alimentos estén desabastecidas”, añadió en su primer informe a la Comisión.
La versión de las organizaciones
Organizaciones de derechos humanos distan de estas cifras, de ahí que la Comisión Interamericana, en cabeza de su presidenta Antonia Urrejola, habló de más de 3.000 solicitudes que claman por una mirada al país por cuenta de los innumerables casos de violación. La organización no gubernamental Temblores fue una de las que elevaron la solicitud de visita al ente internacional, en la que documentaron uso excesivo de la fuerza y ataques por parte de miembros de la Policía. En el más reciente informe la organización denuncia 3.789 casos de violencia.
Al menos 1.248 personas han sido víctimas de violencia física. Y, contrario a lo que ha dicho la Fiscalía sobre las 20 muertes, la organización tiene en su reporte 45 homicidios, presuntamente, cometidos por miembros de la Fuerza Pública. También tiene consignadas 1.649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos con arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual y seis personas víctimas de violencia sexual. Del mismo modo registra 20 casos de uso del arma Venom por parte del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía en lugares residenciales.
El reporte de Temblores se suma al de Defender la Libertad Asunto de Todos, un cónclave de organizaciones sociales que han denunciado a la Fuerza Pública y que tienen cifras diferentes a las entregadas por las autoridades. En su informe más reciente reposa información sobre 76 homicidios, de los cuales 34 fueron, presuntamente, cometidos por policías y los restantes, al parecer, fueron perpetrados por civiles que aún están por identificar. Alrededor de 988 personas fueron heridas por la intervención del Esmad, expone la denuncia, de los cuales 74 tienen lesiones oculares y 87 fueron agredidas con arma de fuego.
De ahí que Urrejola, en diálogo con El Espectador, haya expresado su preocupación sobre el posible uso desproporcionado de la fuerza, en particular en términos del elevado número de pérdidas de vidas humanas, personas heridas, incluyendo lesiones oculares y denuncias de desaparición forzada, así como las denuncias que reposan en su despacho sobre violencia sexual. “Consideramos muy importante y urgente que el Estado cuente con un registro confiable y transparente sobre denuncias de violaciones a derechos humanos, garantizando la participación de la sociedad civil en su elaboración. Asimismo, nos preocupan sobremanera las afectaciones ocasionadas por actos violentos y vandálicos”, dijo en su momento la alta funcionaria.