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El mayor (r) César Maldonado, condenado a 27 años de prisión por el atentado contra el excongresista Wilson Borja, se ha convertido desde la cárcel en el gran promotor de que los uniformados condenados por hechos cometidos con ocasión del conflicto puedan tener acceso a una justicia transicional. Los detalles de su propuesta, que ya fue socializada en Cuba en el marco de las negociaciones de paz con las Farc, se los contó así a El Espectador.
¿Qué opina de la propuesta lanzada por el expresidente Gaviria en el sentido de otorgarle justicia transicional a militares y civiles involucrados en el conflicto?
Debo resaltar la grandeza del expresidente. La justicia transicional es el tránsito de la guerra a la paz o, si se quiere, del pasado al futuro. No entiendo cómo pretender dejar anclados en la guerra a los soldados y policías. Así no podemos construir futuro. Es cierto que delinquieron portando el uniforme, pero también se excedieron cumpliendo misiones militares. Ahora bien, ¿estamos tratando de darle término a un conflicto vetusto o trabajando para buscarle beneficios jurídicos a las Farc? Sin resolver este interrogante no podríamos avanzar y le voy a explicar por qué. Habilidosamente algunos vendieron la idea de que esta es una confrontación de las guerrillas contra las Fuerzas Armadas. Eso no es cierto.
¿Cómo así?
El blanco principal han sido los civiles, quienes han puesto el mayor número de víctimas por su condición de vulnerabilidad. El Estado como conglomerado social debió responder a esta amenaza y su capacidad fue inferior a las demandas de seguridad. Entonces se recostó en su capacidad coercitiva dejando de lado una acción integral para contrarrestar las causas que a velocidades enormes agrandaban la brecha social, pretexto subversivo para la lucha armada. El agro quedó abandonado y los campesinos y ganaderos a merced de un cogobierno rural manejado por las guerrillas, que se disputaron a sangre y fuego los territorios con los paramilitares. Ante esta encrucijada, ganaderos, campesinos, empresarios, políticos y funcionarios tomaron partido en alguno de los bandos y como resultado de este contubernio delictivo, hoy enfrentan condenas y tratamiento jurídico más drástico que el de sus verdugos. Así las cosas, estos civiles fueron víctimas antes que victimarios y aunque habrá de tratárseles como delincuentes, no se les puede desconocer su condición de actores del conflicto. Si la idea es acabar con el conflicto, debemos darles tratamientos jurídicos similares a todas las partes. Es una ley básica de la balanza que si algo no es equitativo, se cae por su peso ventajoso.
¿Deben recibir los militares condenados por falsos positivos este beneficio de justicia transicional?
El término “falsos positivos” es una expresión amarillista que ha sido el caballito de batalla de la guerra jurídica contra la Fuerza Pública. Efectivamente hubo militares que se prestaron o realizaron ejecuciones extrajudiciales. Está probado y así ha sido reconocido por muchos condenados. Irresponsablemente algunos personajes han querido concluir que se trató de una política de Estado, y eso no es cierto. Considero acertada la posición moderna del fiscal Montealegre, al optar por la justicia restaurativa para enfrentar los desafíos que resulten del proceso de paz, donde lo más importante son las víctimas. Las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales son tipificadas en el Código Penal como homicidio agravado y corresponden al 78% de los delitos cometidos por los militares. Por eso dejarlos por fuera de la justicia transicional significaría poner tras las rejas a más de diez mil uniformados, mientras los guerrilleros saldrían a hacer política a pesar de haber cometido delitos de lesa humanidad. No se trata de boicotear los eventuales beneficios jurídicos a las Farc, sino de buscar un tratamiento igualitario para los militares que incurrieron en conductas punibles. No se le puede dar un procedimiento completamente jurídico a una negociación eminentemente política. No solamente se debe pensar en el daño al Estado, sino en la víctima: retribuirle y restituirle sus derechos vulnerados, que conozca la verdad y se repare, que el militar delincuente muestre arrepentimiento y, sobretodo, que se le garantice que nunca más sufrirá el mismo dolor. Es un mal precedente empezar a excluir delitos del manto de la justicia transicional.
¿Además de la exsenadora Piedad Córdoba, quiénes más se han involucrado en esta causa?
Debo reconocer el trabajo valioso de la doctora Piedad Córdoba. Su acompañamiento y asesoría han sido fundamentales para lograr el éxito de la propuesta. Ella llevó la iniciativa a La Habana (Cuba) y la socializó con los negociadores de las Farc, quienes la vieron positiva y le brindaron el apoyo necesario. Igualmente la puso en conocimiento del presidente Santos y encontró eco en los diferentes foros y reuniones que ha realizado para dar a conocer el Comité de Reconciliación. Además, trajo al Comité a los integrantes de Colombianos y Colombianas por la Paz, se ha reunido con congresistas, magistrados, militares, políticos y académicos, quienes han expresado su apoyo a este proyecto de reconciliación.
¿Cómo la sociedad puede entender que a los militares, quienes delinquieron investidos por el poder del Estado, se les puedan perdonar sus delitos?
Sería bueno preguntar si existió una motivación política para que un militar delinquiera en el marco del conflicto armado interno. Aunque no en todos los delitos, sí en la gran mayoría pudieron haber mediado consideraciones de carácter político y habría que profundizar sobre el tema. Entrar a diferenciar delincuentes por categorías no es sano. No se puede esperar que una institución armada con más de medio millón de efectivos brille totalmente, aunque solo un porcentaje inferior al 1% resultó encartado en la comisión de conductas punibles. También hay que anotar que los derechos humanos son un tema muy sensible y la guerra es cruel per se. Esto no es de tragarse sapos sino de encontrar la mejor fórmula entre justicia y paz. Creo que a la sociedad le va ser más fácil perdonar los excesos de sus soldados que los delitos cometidos por los guerrilleros.
¿No temen que la justicia internacional se convierta en una talanquera para su propuesta?
De manera alguna. Las propuestas proactivas, constructivas y que hablen de paz son del mayor recibo en la sociedad. Varias organizaciones internacionales han expresado su interés de fortalecer y acompañar la propuesta, solo esperan que se haga con apoyo gubernamental para concretar su participación. Para cualquier justicia nacional o internacional, una propuesta de reconciliación seguramente será recibida con agrado.
¿Será que un “perdón y olvido” para todos es la forma menos recomendable para que las heridas del conflicto cicatricen?
Tengo entendido que el gobierno no ha contemplado la mínima posibilidad de un “perdón y olvido”. Se está hablando es de justicia, de verdad, de reparación, de no repetición, como presupuestos mínimos para acceder a las penas alternativas. Lo más importante son las víctimas. Lo que entiendo que se ha examinado es la posibilidad de que las penas impuestas no necesariamente tengan que pagarse intramuralmente. Pero justicia sí va a haber.
¿Qué están dispuestos a ofrecerle al país para que acepte su propuesta de justicia transicional para los militares?
La verdad. Las víctimas, más que condenas ejemplarizantes, esperan una real dosis de verdad, garantías de no repetición y una efectiva resocialización de los victimarios. De igual forma la reconciliación sin verdad no existe. Cómo esperar el perdón de la víctima si partimos de una mentira.
¿Cómo surgió el diálogo entre los guerrilleros y los miembros de las Fuerzas Armadas detenidos?
En enero de 2011, a raíz de los inconvenientes de Tolemaida, fui enviado al pabellón donde estaban recluidos los guerrilleros de más alto perfil. Inicialmente fue una situación hostil, pero lo que consideré un infortunio se convirtió en una oportunidad interesante. En ese entonces no se conocían las gestiones secretas del gobierno encaminadas a buscar la salida dialogada. Invité a los siete comandantes de frentes de las Farc que estaban en el pabellón a que elaboráramos un documento que sirviera para acercar al gobierno y a los subversivos y que pudiera terminar en una mesa de entendimiento. Acordamos que yo elaboraría una propuesta argumentada. Ésta fue enviada a alias ‘Mauricio’, comandante del bloque Oriental. Entiendo que la iniciativa gustó, pero fuimos informados que algo en el mismo sentido se estaba cocinando y quedamos a la espera. Cuando el presidente Santos hizo públicos los acercamientos, un grupo de militares detenidos en la cárcel militar de Puente Aranda tomamos la decisión de crear el Comité de Reconciliación. Luego fui trasladado al mismo pabellón de los jefes guerrilleros en La Picota y en julio de 2013 concretamos conjuntamente el proyecto.
¿De qué manera desde la cárcel La Picota se fue expandiendo esta misma iniciativa?
Esto se fue robusteciendo con militares, guerrilleros y últimamente policías que adhirieron a medida que conocían el proyecto. Es impresionante la cantidad de excombatientes de las Farc que desde las penitenciarías más recónditas del país comunican su deseo de pertenecer al Comité. Lo mismo pasa con militares y policías presos y otros que gozan de libertad pero que comparten la idea del perdón, la tolerancia y la reconciliación como ingredientes fundamentales para consolidar la paz.
¿Cuáles son las bases del proceso de reconciliación que ustedes plantean?
La base es el proceso de La Habana. No pretendemos hacer parte de éste, pero no descartamos la posibilidad de reunirnos con los negociadores para exponer la propuesta de reconciliación. Si bien es cierto que el Gobierno ya debe tener diseñado el modelo de reconciliación que sellará definitivamente el conflicto, queremos facilitar las cosas mediante el ejemplo de reconciliación que desarrollamos en las cárceles: las partes más opuestas dentro del conflicto logramos vivir y dialogar sin hacernos daño y respetando las posiciones ideológicas de los otros. Este ejemplo lo debe seguir el resto de la sociedad para sellar definitivamente este triste capítulo. Trabajamos para apoyar un proceso de paz basado en la verdad, el perdón y la reconciliación, en una tarea por fases para lograr acuerdos que pongan fin a la violencia. El perdón es individual, pero la reconciliación es un esfuerzo colectivo para dar paso mediante el diálogo y el consenso a pactos que pongan fin a la violencia física. Mediante la implementación de los acuerdos se debe iniciar una nueva etapa de progreso que permita superar las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto. El proceso de paz debe ir más allá de la cresta, que es la firma de los acuerdos, que no es más que el punto de partida para ver si el cese de la violencia es capaz de generar una nueva situación de paz. En el proceso de reconciliación es preciso plantear patrones de verificación para confirmar el surgimiento de nuevas violencias comunes, ya desvinculadas a la violencia política del pasado, que pueden producir un número de víctimas igual o superior a las de la etapa de la confrontación armada.
¿Quiénes son los cinco oficiales de las Fuerza Armadas y los cinco de las Farc que integran el Comité de Reconciliación?
Las cosas han venido variando según las circunstancias políticas y algunos intereses. La reconciliación está muy ligada a la verdad y mal haría en desconocer que hemos tenido crisis como cualquier organización, ataques de sectores que no comparten nuestra posición y que erróneamente consideran que hablar de reconciliación es sinónimo de traición. Lo doloroso es reconocer que los mayores ataques vienen de nuestros pares. Algunos militares en retiro, incluso detenidos, dicen que somos engañados por la izquierda. Otros más agresivos nos señalan de tener contubernio con los guerrilleros. Ni lo uno ni lo otro. Están equivocados. Esta es una iniciativa de los militares. Recibimos con respeto sus opiniones y los invitamos a conocer de primera mano la propuesta, pues están desinformados. Opinar en esas circunstancias es imprudente y dañino. Estas embestidas ahuyentaron a algunos de los miembros iniciales del Comité, pero nada de esto logró amilanarnos y, por el contrario, nos fortaleció dejándonos dos grandes dividendos: nos espantó a los cobardes, pues para hacer la paz y la reconciliación se requiere valentía y entereza. Y milagrosamente, en corto tiempo, se multiplicó el número de integrantes del Comité. Los oficiales del Ejército que lo integran, además del suscrito, son el coronel Juan Carlos Castañeda, el teniente coronel Ricardo López García (oficiales retirados y en libertad condicional), el mayor Jorge Mauricio Ramírez y el teniente William Tamayo. En cuanto a los cinco miembros de las Farc, solo puedo adelantarle que todos son comandantes de frentes, pero acordamos no dar a conocer sus nombres hasta que sus jefes les den el aval y hasta que el presidente Santos oficialice el Comité de Reconciliación, que funcionaría desde la cárcel militar de Puente Aranda en Bogotá.
¿Por qué creen que su iniciativa contribuye a crear escenarios para impulsar el diálogo?
La visión de conflicto que tiene un actor preso es más reposada y serena que la que puede tener un soldado o un guerrillero en filas. Tenemos mayor claridad sobre el daño que la confrontación hace. Desde los acercamientos iniciales debieron involucrar a algunos de sus presos en las negociaciones, como ocurrió en otros procesos de paz. En Irlanda, por ejemplo, los detenidos jugaron un papel determinante en el desarrollo de las mesas de conversaciones. Mire, allá afuera ustedes están matándose la cabeza, acrecentando las diferencias por cosas que van desde la semántica de si se dejan o se entregan las armas, pasando por si el guerrillero debe pagar o no cárcel y radicalizando discursos ideológicos. Pero nosotros que somos dizque el “peligro” para la sociedad, dejamos de lado las diferencias y nos dedicamos al único tema que nos acerca: la paz. Desde que comenzamos a construir la propuesta desaparecieron del pabellón los problemas propios de una penitenciaria. Las riñas son cosas del pasado. Es alentador al levantarme, encontrar en la puerta de mi celda a un guerrillero que me manifiesta que no pudo dormir porque desde la noche anterior tuvo una buena idea que quiere compartirme. Eso es paz, es fraternidad, es tranquilidad y, si se quiere, es felicidad. Esto es un buen ejemplo a seguir para crear escenarios constructivos de diálogos, respetando el disenso del otro, mostrando que podemos hablar sin matarnos.
¿Cómo pueden contribuir a atenuar la polarización política que aún genera el proceso paz?
Creo que al término del día los negociadores de las Farc en La Habana deben reírse de la “patria boba” que se vive en Colombia. Sin mayores esfuerzos consiguieron dialogar unas Farc cohesionadas y lo que ellos llaman la “oligarquía” fraccionada. La paz tardará años en llegar, pero si la construimos entre todos podremos acortar esa distancia y ahorrarnos unos muertos. Hoy varios expresidentes, algunos hasta con espuelas, se tiran entre sí olvidando la majestad que los reviste. Esa irresponsabilidad tiene polarizado al país, aunque todos, en su momento, han buscado la terminación dialogada del conflicto. No entiendo por qué el expresidente Uribe tilda de traidor al presidente Santos, si para muchos colombianos es claro que el arquitecto de la paz es Uribe. La discordia se originó en el método escogido para terminar el conflicto. Además, la dupla Uribe-Santos acabó con el mito de la invulnerabilidad de los jefes del Secretariado. Aún recuerdo las pomposas celebraciones en Palacio y la alegría en los cuarteles. Hoy entiendo el porqué de las ojeras de los farianos en La Habana: las Fuerzas Armadas les coartaron la posibilidad de dormir plácidamente en los viejos campamentos. Las Farc no están acabadas, pero tampoco son tan fuertes como antes. Las guerras tienen sus etapas y debemos permitir que ésta surta su siguiente paso. El camino iniciado es el correcto y desde aquí hago un llamado para que todos los colombianos rodeemos el proceso de paz y nos despojemos de la pesada camisa de los odios y resentimientos. La paz todavía tardará años en llegar debido a la profundidad de las heridas acumuladas durante más de 50 años de confrontación, pero poco a poco avanzaremos en el proceso de reconciliación que permitirá a la siguiente generación de colombianos construir el modelo de país que nos fue esquivo.
¿Cómo se acaba con medio siglo de conflicto?
Atacando las causas que lo originaron. Con o sin proceso de paz es imperativo que saldemos la deuda con el campo. Una reforma agraria clama a gritos. Los últimos gobiernos empezaron a meterle el diente a problemas que la guerrilla encontró como pretexto para su lucha armada. Este gobierno le ha brindado una atención especial al tema de la infraestructura, a la educación, a las víctimas, a la pobreza y al agro, dejando sin piso los 50 años de pretextos de las Farc. En el estado en que se encuentra hoy el conflicto, lo menos recomendable es darle una salida militar.
Usted está condenado por el intento de asesinato a Wilson Borja. ¿Qué le diría para que acepte su propuesta?
Fui condenado por delitos que nunca cometí, muy a pesar de que las pruebas demostraran lo contrario. Pero ya sobrepasé esa etapa del odio, los resentimientos y deseos de venganza. Ahora hablo de reconciliación y le apuesto a la paz, me reúno a diario con mis antiguos enemigos y nos reímos de las veces que coincidimos en el campo de batalla. Ese peso de la venganza ya me lo quité de encima. En cuanto a Wilson Borja, lo exhorto a que luche por la verdad porque él es una víctima, que busque la real verdad y no la jurídica. Lo invito además a que se una a esta propuesta constructiva.
¿Puede pasar el país la página de la guerra y de tanta sangre vista si los protagonistas del conflicto no cuentan todas sus verdades?
La verdad nunca va a ser completa. Dependerá de quien la cuente y desde que arista se mire. Ni siquiera los 12 académicos que integraron la Comisión Histórica del Conflicto lograron ponerse de acuerdo. No es fácil, porque aún se mira desde esquinas ideológicamente opuestas. Finalmente dieron informes bastante diferentes. De todas maneras entre todos trataremos de armar de la mejor manera el rompecabezas de la verdad. Es lo mínimo que debemos hacer por las víctimas. Pero no podemos anclarnos al pasado.
¿Cuánto tiempo más debe esperar el país para que se firme el acuerdo?
A la mesa no se le pusieron tiempos y en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto las partes pactaron someter los acuerdos a la voluntad popular. El constituyente primario ya muestra cansancio y desconfianza y cada día que se dilate más la firma de los acuerdos, se pierde el apoyo del pueblo en las urnas. En mis pronósticos está que la refrendación de lo acordado se hará posiblemente en las elecciones regionales de octubre. De no ser así, es muy complicado que los electores acudan masivamente a las urnas en 2016 o 2017. Pensar en refrendar en las elecciones del 2018 es bastante improbable, sin contar con que el Gobierno en ese tiempo podría ya no estar en la mesa. De nada sirve firmar los acuerdos sin contar con el apoyo popular.
¿Qué tanta responsabilidad tienen los militares en la perpetuación de esta guerra?
El conflicto se extendió por tanto tiempo por mera falta de voluntad política. Por muchos años los militares cargamos tareas propias de otras instituciones del Estado. Sería injusto endilgarnos responsabilidades a quienes afrontamos la parte más dura del conflicto.
¿Qué opina del rechazo de algunos militares a los beneficios jurídicos que traería la justicia transicional?
A los únicos que no nos han preguntado sobre justicia transicional es a los militares presos. En cambio se han dado opiniones personales o desde varias organizaciones tomando posiciones en nombre nuestro. Sea la oportunidad de desautorizarlos. Los militares y policías presos no tenemos representantes por fuera de las cárceles y el Comité de Reconciliación agrupa a casi la totalidad de sus miembros encarcelados. Respetamos las posiciones de las organizaciones de militares retirados respecto a la mesa de negociaciones, la justicia transicional y otros temas concernientes a la paz, pero diferimos de su aproximación. Pedimos una sola ley que contemple la justicia transicional, con igual método jurídico para las partes actoras, pero con un tratamiento diferencial. Nos preocupa repetir las infortunadas experiencias vengativas judiciales contra los militares que se promovieron en países del Cono Sur. Existiendo una sola ley, todas las partes serán vigías de su perpetuidad. Queremos un sellamiento definitivo de los procesos judiciales que resulten como consecuencia de la terminación del conflicto y la garantía de la cosa juzgada.
¿Qué les lleva a pensar que la continuidad de los diálogos en La Habana es la mejor opción para acabar con la guerra?
Es el camino menos traumático. Históricamente los conflictos, incluso con vencidos y ganadores, siempre han terminado en mesas de entendimiento, al menos para pactar las reglas del futuro. Por eso somos enfáticos en que si a la terminación del conflicto colombiano no se le da un minucioso, juicioso y real proceso de reconciliación, esto será una mera tregua. A mí no me preocupa mucho La Habana, porque estoy convencido de que las Farc no se levantarán de la mesa: lo afirmo respaldado en la imposibilidad de que a futuro se les vuelva a ofrecer tanto. Esta guerra casi perpetua acaba con cualquier voluntad por férrea que sea, no olvidemos que las guerras prolongadas arrebatan la victoria misma. Desde esa óptica, ambas partes tienen claro que no pueden eternizar la mesa y que el país demanda resultados inmediatos.
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Condenado por atentar contra dos sindicalistas
En 2003, un juez de Bogotá condenó al mayor (r) del Ejército César Alonso Maldonado a 27 años y 9 meses de prisión, por el atentado del que fue víctima en diciembre de 2000 el entonces líder sindical Wilson Borja. La justicia determinó, gracias al celular de uno de los sicarios, que Maldonado había participado en ese crimen. En 2004 y 2007, respectivamente, el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia ratificaron la condena. Sin embargo, en 2004, cuando estaba recluido en el Batallón Militar N° 13, el mayor se fugó de su celda. En 2008 fue recapturado y en 2010 el Tribunal Superior de Cúcuta lo condenó a 25 años de cárcel por el homicidio del también sindicalista Gerardo Liévano, retenido, torturado e incinerado en noviembre de 1993. En 2011, Maldonado escapó nuevamente, esta vez del Fuerte Militar Tolemaida, aunque fue aprehendido por el Ejército pocas horas después. El hecho les costó la cabeza a dos oficiales y un suboficial.
Acore, en contra de trato igualitario
A diferencia de los militares condenados que lidera el mayor (r) César Maldonado, un amplio sector de policías y militares retirados se opone a que los uniformados reciban el mismo trato jurídico que las Farc. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) y otras 17 organizaciones similares han sostenido desde finales del año pasado diversas reuniones con congresistas de todas las tendencias políticas para expresar esa y otras preocupaciones a propósito de las negociaciones en La Habana. De manera particular, Acore ha señalado que existe una “guerra política, jurídica y mediática” contra los militares y ha pedido que se evalúe la posibilidad de que los miembros activos de la Fuerza Pública puedan votar. Asimismo, han señalado que, a diferencia de lo que proponen las Farc, la estructura y el tamaño del Ejército no pueden modificarse en virtud de un eventual acuerdo de paz con esa guerrilla. Una posición que comparten el Centro Democrático y el procurador Alejandro Ordóñez.
jlaverde@elespectador.com