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En una rueda de prensa de ayer 9 de junio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en cabeza del representante Pierre Lapaque, reportó una reducción del 7% en el área sembrada con coca en Colombia, entre 2019 y 2020. En diálogo con este diario, Lapaque asegura que los números siguen bajando con el tiempo, que el gobierno de Iván Duque podría pensar en alternativas diferentes a la aspersión aérea con glifosato y que las instituciones deben ofrecer una “opción de vida mejor” a los excocaleros del país.
En contexto: La UNODC reportó reducción de siembra de coca en el país en un 7% teniendo 143 mil hectáreas activas
Uno de los resultados más importantes es la reducción del 7% en los cultivos de coca ¿A que se debe este resultado positivo?
Fue un 7% en un año, pero de hecho desde 2017 bajó un 17% porque en ese año estuvo en 161.000 hectáreas y ahora estamos en 143.000 hectáreas activas. Entonces es una buena noticia. ¿Por qué se da esta reducción? Por dos razones fundamentales: la erradicación voluntaria y la erradicación forzosa. El año pasado fue más la forzosa, porque en la erradicación voluntaria solo se logró la reducción en 700 hectáreas. Sin embargo, la Fuerza Pública erradicó prácticamente 130.000 hectáreas de coca el año pasado. La combinación de este tipo de estrategias ha tenido un impacto del 7%, que representan 11.000 hectáreas en comparación con el informe anterior (2019-2020).
¿Cuál es la meta en lo que sigue de la década?
La meta no es nuestra, nosotros estamos aquí para hacer la evaluación de lo que la Fuerza Pública y las instituciones colombianas hicieron. Yo sé que la meta del presidente Iván Duque, porque lo dijo de forma pública, básicamente es bajar el 10% por año. Vamos a ver lo que va a salir al final de este año, 2021. Pero hay una cifra que yo quiero recordar: al final del 2020 estamos básicamente en las cifras de 2001. En ese año había 147.000 hectáreas de coca y hoy estamos en 143.000 hectáreas. Es muy difícil de bajar la coca y mantenerla a un nivel bajo porque obviamente hay mucho dinero involucrado, los grupos narcos quieren generar más dinero y entonces están imponiendo más presión sobre los cocaleros para que hagan más trabajo.
Los Ministerios de Justicia y de Defensa exponen que los grupos como el Eln, el Clan del Golfo o las disidencias de las Farc siguen entorpeciendo la lucha antidrogas ¿Cómo ven el accionar de estas organizaciones durante el último año?
Cuando hablamos de tráfico de cocaína, a nivel global, hablamos de cifras de entre 100 billones de dólares anuales hasta 140 billones de dólares anuales. Obviamente, se mueve una parte más reducida aquí en Colombia, porque la mayor parte del dinero se genera fuera del país y se queda fuera del mismo. Pero cuando hablamos de cifras tan increíbles, obviamente que genera muchísimo interés por parte de los grupos armados ilegales en Colombia. Entonces, hay que luchar de una forma coherente en contra de esos grupos armados. Hay que recordar que Colombia está produciendo como el 70% de la cocaína mundial. Un país tiene que enfrentar este flagelo, no se puede quedar haciendo nada en contra de la evidencia. Es un tema de credibilidad del Estado.
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Hay que enfrentar esos grupos armados que están ejerciendo muchísima presión sobre los cocaleros, que están viviendo fuera de los centros poblados, para que generen más productividad sobre las matas de coca. Esa es la realidad que vemos en el campo. Entonces, hay cosas contra las cuales el gobierno puede luchar, por ejemplo, las áreas sembradas o la incautación, pero hay cosas contra las que no puede: como más productividad, inversión en variedades o asistencia técnica. Ahora los grupos criminales importaron, para sus enclaves productivos, ingeniería química que le permite extraer más clorhidrato de cocaína de la misma hoja. Antes había una extracción del 50%, ahora estamos en un 60%.
El gobierno ha hecho un esfuerzo por retomar la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato ¿Desde el UNODC como ven la iniciativa?
Nosotros lo que vemos es que es una herramienta, no creo que ahora sea la mejor herramienta posible teniendo en cuenta las dificultades que hay en el país. Hay un rechazo de la gran parte de la población por la utilización del glifosato por los riesgos potenciales en términos de salud. Entonces, lo que vemos es que el gobierno dijo, pero no sabemos si sigue estando al tope de la agenda, que quería regresar y nosotros vamos a ver lo que el gobierno quiere hacer. Pero la aspersión es solo una de las posibilidades y hay muchas otras estrategias. Para nosotros, quiero insistir en esto, es más importante la erradicación voluntaria porque es la única donde hay realmente sostenibilidad y donde se puede cambiar la vida de los campesinos y los excocaleros.
Regresando a los datos del informe que en unos meses publicará la UNODC, vemos que hay un crecimiento grande de cultivos de coca en Córdoba y Antioquia, de un 30% y 27% respectivamente ¿Qué está pasando en esos departamentos?
Pasó que son regiones donde hubo mayor productividad y mucha más hoja de coca. Lo que vemos es que hay más enclaves productivos en el país, es decir, zonas de alta concentración de esta droga. Lo que es interesante es que departamentos como Nariño, Putumayo y Norte de Santander, que históricamente fueron zonas donde había la mayor parte de la coca, ahora está bajando, pero Antioquia, Córdoba, Bolívar y Chocó van subiendo. Eso depende de dos cosas, como lo he dicho: la erradicación voluntaria y de la erradicación forzosa. No se puede poner un policía por atrás de cada mata de coca. Los grupos criminales están buscando zonas donde hay menos intervención de la Fuerza Pública para desarrollar sus actividades. Pero hay que recordar que el 40% de la coca producida del país está en solo 16% del territorio, esos son los enclaves. Aparte la Fuerza Pública tiene problema para entrar y si hay erradicación, van a resembrar al día siguiente o a la semana siguiente.
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Fue un año atípico por el COVID-19 ¿Qué tan determinante fue la pandemia en las estadísticas?
Hubo un impacto clarísimo. Durante la primera parte del 2020 hubo una disminución de los precios de la pasta y de la base de cocaína porque era muy difícil de exportar el producto. Entonces bajaron los precios y los grupos criminales aun así siguieron produciendo, pero lo hicieron con las nuevas reglas. Eso fue un conflicto para ellos. Después, a partir de julio y septiembre del año pasado, de nuevo los compradores quisieron reingresar en el territorio. A partir de octubre y diciembre, el mercado se estabilizó y la coca fue importada por los otros países y exportada por Colombia sin muchas dificultades.
Hay que tener en cuenta el tema de las incautaciones. Es interesante que, a pesar de la pandemia, y las dificultades para moverse en el territorio, el año pasado fue el mejor año en cuanto a incautaciones en Colombia, porque hay como 505 toneladas de cocaína que fueron incautadas en el país. Eso es enorme y eso hay que tenerlo en cuenta y decirlo claro.
¿Qué podría agregar al informe presentado recientemente?
Lo que queremos todos es bajar el nivel de la producción en masa y la producción de cocaína a exportarse y que se queda en el mercado nacional. Hay que tener en cuenta que hay más y más consumidores en el país. Hay que dar más oportunidades. Yo lo llamo “opción de vida mejor a los cocaleros o excocaleros”, para que ellos tengan un incentivo para cambiar su vida. Puede haber erradicación forzosa o voluntaria, pero al fin y al cabo se le debe entregar una opción de vida mejor a esos cocaleros. La gente que dio su lote erradicado de forma forzosa, si no tiene otra opción para dar comida a sus niños y a su familia, van a resembrar al día siguiente. Las instituciones deben entregar una opción de vida mejor, quiero decir proyectos productivos e incluyentes.
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