Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En charla con El Espectador, el abogado Manuel Iturralde, uno de los representantes del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, explicó las consideraciones de la demanda con la que pretendían no se avanzara con la iniciativa de cadena perpetua, tumbada recientemente por la Corte Constitucional. Según el abogado, los pilares de la demanda fueron dos: la extralimitación del Congreso y la vulneración a la dignidad humana.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la entrevista realizada por este medio al abogado, manifestó que el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes vio que con la cadena perpetua se afectaba la dignidad del ser humano al ser expuesto a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así mismo, dijo que mantener a una persona privada de su libertad por más tiempo era incongruente con la idea de resocializarlo.
“La cadena perpetua es degradante e ineficaz. Mientras más tiempo pase una persona en prisión menos se va a resocializar porque está lejos del contacto social”, dijo Iturralde. Así mismo, manifestó el abogado en charla con este diario que, “es incongruente resocializar a una persona alejándola por más tiempo de la sociedad”. Según el representante del Grupo de Prisiones, este aspecto se encuentra íntimamente ligado con el artículo 12 constitucional que establece que nadie será sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Le recomendamos: Los argumentos en la Corte Constitucional a favor y contra la cadena perpetua
“Las penas excesivamente largas son contraproducentes. Está demostrado que una pena muy larga no es eficaz y viola los derechos”, le manifestó Iturralde a El Espectador. Para el abogado, la iniciativa de la cadena perpetua planteaba que el condenado no podría ser resocializado, “es como si la persona no tuviera remedio o fuera un caso perdido. La cadena perpetua lo aleja de la sociedad y no le da oportunidades”, manifestó el demandante.
Según el abogado, la pena de cadena perpetua sería poco efectiva en dos aspectos principalmente: la resocialización del condenado y la reparación a las víctimas. Iturralde le manifestó a este diario que, “está mas que demostrado que el derecho penal llega muy tarde al conflicto”. Igualmente aseguró que, “la severidad de las penas no evita los delitos”.
Podría interesarle: La Corte Suprema reconoce trastorno bipolar como “enfermedad grave”
De acuerdo a los dicho por el abogado en entrevista con este periódico, dentro del análisis que hicieron en el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, la Justicia no debería plantear penas más duras que vayan en contra del estado social de derecho; por el contrario, dijo Iturralde, “se deben proponer e incentivar campañas de educación para prevenir que estos actos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes vuelvan a ocurrir”.
“Vivimos en una sociedad que legitima cuando se comenten abusos contra los niños”, manifestó el abogado. Igualmente, sostuvo que en Colombia “son las personas cercanas a los niños, sus familiares en muchos casos, los que los agreden y vulneran”, razón por la cual, según dijo, la solución está en prevenir los actos, no castigarlos. “Castigar severamente no va a lograr que estos casos bajen”, sostuvo Iturralde.
En contexto: Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua en Colombia
Por otra parte, el abogado manifestó que otro de los aspectos que los incentivó a presentar esta demanda fue una extralimitación en las funciones del Congreso. “El Congreso excedió sus competencia porque no puede sustituir la Constitución, solo puede modificarla”, sostuvo en la entrevista con El Espectador. Para el demandante, lo que hizo el Congreso al permitir que avanzara la iniciativa de cadena perpetua, fue modificarla en un punto vital, “no pueden tocar los ejes fundamentales ni cambiar el Estado Social de Derecho”.
Lea también: Desconocidos dispararon contra la camioneta de la contralora de Cali
Para el Grupo de Prisiones, representado por Iturralde en la entrevista con este periódico, penas de esta magnitud no son posibles ya que, “la cadena perpetua es incompatible con el respeto de los derechos humanos”. En caso de querer que esta pena logre ser establecida en el país, dice el abogado, “solo puede hacer a través de una asamblea nacional constituyente”, con lo que, según explicó, se cambiaría la Carta Política en su esencia.
“Si no nos gusta la esencia de la Constitución tenemos que cambiarla por otra mediante la asamblea nacional constituyente. El congreso no puede cambiarla ni cambiar sus ejes fundamentales”, manifestó Iturralde en entrevista con El Espectador.