La carta de renuncia que deja mal parado al defensor del Pueblo
Tras la negativa de Jorge Armando Otálora de renunciar a su cargo, uno de los altos directivos de la Defensoría del Pueblo dio un paso al costado.
Redacción Judicial
“Usted ha anunciado por distintos medios de comunicación que no pretende separarse del cargo. A pesar de ello, me tomé el atrevimiento de manifestarle, personalmente, las razones por las que considero que es una decisión desacertada, con la esperanza de persuadirlo. Desafortunadamente, no lo conseguí, por este motivo, me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia al cargo como Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo”. Con estas palabras, Luis Manuel Castro Novoa se apartó del lado del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y abandonó el barco por el escándalo de acoso laboral y sexual que lo rodea.
Luego de que se hicieran públicas las fotos y los chats privados que el defensor del Pueblo le habría enviado a su exsecretaria Privada, Astrid Helena Cristancho, y que ella lo denunciara por acoso laboral y sexual, todos los partidos políticos y algunos funcionarios de la Defensoría le pidieron la renuncia al cargo. Mientras Otálora se defendió diciendo que su único error había sido enamorarse de una mujer con quien sostuvo una relación sentimental por más de un año, Cristancho negó que hubieran tenido un romance.
El defensor delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro, argumentó que no podía seguir siendo un funcionario de confianza de Otálora porque su negativa de renunciar al cargo afectaba la gestión y legitimidad de la Defensoría, especialmente, para “asumir la defensa de los derechos de las mujeres”. Además, sostuvo que ante las graves denuncias Otálora no representaba una autoridad moral.
Castro agregó en su carta que apartarse del cargo no significaba que Otálora estuviera aceptando su responsabilidad penal o disciplinaria porque aún gozaba de presunción de inocencia; pero que sí estaba desconociendo una responsabilidad ética y política porque su cargo que demandaba “altísima autoridad moral”. El funcionario de la Defensoría señaló que su renuncia era un gesto de solidaridad con las mujeres y organizaciones que “persiguen un país más equitativo y la superación de patrones históricos de discriminación y violencias contra la mujer”.
Lea aquí la carta renuncia del defensor delegado, Luis Manuel Castro
“Lo mejor sería que usted se defendiera apartado de su cargo de Defensor del Pueblo. Por ejemplo, usted ha optado por utilizar como estrategia de defensa sostener que esta situación constituye un asunto de su esfera privada y que no guarda relación con su condición de servidor público. Aunque no comparto este argumento por razones desarrolladas por la jurisprudencia constitucional frente a los estándares de intimidad de los servidores públicos en altos cargos, el hecho de que usted acuda a este tipo de estrategias me resulta problemático pues, precisamente, la historia de la lucha de las mujeres en la reivindicación de sus derechos nos ha mostrado que la distinción entre lo privado y la público, a la que usted está aludiendo, ha sido funcional para perpetuar los distintos tipos de discriminación y violencias de las que son objeto”, insistió Luis Manuel Castro.
Palabras más, palabras menos, el exdefensor delegado para Asuntos Constitucionales y Legales le dijo a Otálora que su estrategia de defensa agudiza la discriminación de la son víctimas las mujeres que llegan a animarse a denunciar que son víctimas de acoso laboral y sexual. El pasado lunes 25 de enero, el defensor del Pueblo manifestó que no renunciaría a su cargo porque en ningún momento se había puesto en juego la estabilidad de la institución y que, por el contrario, se trataba de un problema personal con Astrid Cristancho, con quien sostuvo “una relación sentimental libre, entre dos personas solteras y que duró un año”. En esa oportunidad agregó que no entraría en un juego mediático de filtración de pruebas y que solo respondería ante las autoridades penales y disciplinarias.
Para Castro, otro de los grandes problemas que ocasionaría la permanencia de Otálora en el cargo, es que el trabajo de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se invisibilice por la atención mediática del escándalo en que está inmerso. “Comprendo que existen personas que guardan una relación de lealtad con usted y que por ello se sienten en la obligación de acompañarlo en estos momentos. Sin embargo, no me incluyo en ese grupo, pues al margen de la confianza que usted depositó en mí, y que hasta el día de hoy sinceramente le agradezco, mi compromiso desde que ingresé a la entidad ha sido con la función y el servicio público y, en este caso, con la defensa honesta de los derechos”, precisó Luis Manuel Castro.
El exdefensor delegado terminó su carta de renuncia con la siguiente conclusión: “Quiero creer en su versión de los hechos, por eso sinceramente espero entonces que tenga todas las garantías en los ámbitos penal y disciplinario, pero también que su respeto por la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos sea superior a sus interés personal por demostrar la falsedad de las acusaciones”.
“Usted ha anunciado por distintos medios de comunicación que no pretende separarse del cargo. A pesar de ello, me tomé el atrevimiento de manifestarle, personalmente, las razones por las que considero que es una decisión desacertada, con la esperanza de persuadirlo. Desafortunadamente, no lo conseguí, por este motivo, me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia al cargo como Defensor Delegado para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo”. Con estas palabras, Luis Manuel Castro Novoa se apartó del lado del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y abandonó el barco por el escándalo de acoso laboral y sexual que lo rodea.
Luego de que se hicieran públicas las fotos y los chats privados que el defensor del Pueblo le habría enviado a su exsecretaria Privada, Astrid Helena Cristancho, y que ella lo denunciara por acoso laboral y sexual, todos los partidos políticos y algunos funcionarios de la Defensoría le pidieron la renuncia al cargo. Mientras Otálora se defendió diciendo que su único error había sido enamorarse de una mujer con quien sostuvo una relación sentimental por más de un año, Cristancho negó que hubieran tenido un romance.
El defensor delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro, argumentó que no podía seguir siendo un funcionario de confianza de Otálora porque su negativa de renunciar al cargo afectaba la gestión y legitimidad de la Defensoría, especialmente, para “asumir la defensa de los derechos de las mujeres”. Además, sostuvo que ante las graves denuncias Otálora no representaba una autoridad moral.
Castro agregó en su carta que apartarse del cargo no significaba que Otálora estuviera aceptando su responsabilidad penal o disciplinaria porque aún gozaba de presunción de inocencia; pero que sí estaba desconociendo una responsabilidad ética y política porque su cargo que demandaba “altísima autoridad moral”. El funcionario de la Defensoría señaló que su renuncia era un gesto de solidaridad con las mujeres y organizaciones que “persiguen un país más equitativo y la superación de patrones históricos de discriminación y violencias contra la mujer”.
Lea aquí la carta renuncia del defensor delegado, Luis Manuel Castro
“Lo mejor sería que usted se defendiera apartado de su cargo de Defensor del Pueblo. Por ejemplo, usted ha optado por utilizar como estrategia de defensa sostener que esta situación constituye un asunto de su esfera privada y que no guarda relación con su condición de servidor público. Aunque no comparto este argumento por razones desarrolladas por la jurisprudencia constitucional frente a los estándares de intimidad de los servidores públicos en altos cargos, el hecho de que usted acuda a este tipo de estrategias me resulta problemático pues, precisamente, la historia de la lucha de las mujeres en la reivindicación de sus derechos nos ha mostrado que la distinción entre lo privado y la público, a la que usted está aludiendo, ha sido funcional para perpetuar los distintos tipos de discriminación y violencias de las que son objeto”, insistió Luis Manuel Castro.
Palabras más, palabras menos, el exdefensor delegado para Asuntos Constitucionales y Legales le dijo a Otálora que su estrategia de defensa agudiza la discriminación de la son víctimas las mujeres que llegan a animarse a denunciar que son víctimas de acoso laboral y sexual. El pasado lunes 25 de enero, el defensor del Pueblo manifestó que no renunciaría a su cargo porque en ningún momento se había puesto en juego la estabilidad de la institución y que, por el contrario, se trataba de un problema personal con Astrid Cristancho, con quien sostuvo “una relación sentimental libre, entre dos personas solteras y que duró un año”. En esa oportunidad agregó que no entraría en un juego mediático de filtración de pruebas y que solo respondería ante las autoridades penales y disciplinarias.
Para Castro, otro de los grandes problemas que ocasionaría la permanencia de Otálora en el cargo, es que el trabajo de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se invisibilice por la atención mediática del escándalo en que está inmerso. “Comprendo que existen personas que guardan una relación de lealtad con usted y que por ello se sienten en la obligación de acompañarlo en estos momentos. Sin embargo, no me incluyo en ese grupo, pues al margen de la confianza que usted depositó en mí, y que hasta el día de hoy sinceramente le agradezco, mi compromiso desde que ingresé a la entidad ha sido con la función y el servicio público y, en este caso, con la defensa honesta de los derechos”, precisó Luis Manuel Castro.
El exdefensor delegado terminó su carta de renuncia con la siguiente conclusión: “Quiero creer en su versión de los hechos, por eso sinceramente espero entonces que tenga todas las garantías en los ámbitos penal y disciplinario, pero también que su respeto por la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos sea superior a sus interés personal por demostrar la falsedad de las acusaciones”.