La CIDH, a la espera de un sí del Gobierno para venir

Con la intención en firme de visitar Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aguarda la respuesta de la Cancillería colombiana sobre si una delegación suya puede arribar por octava vez al país en los próximos días para adelantar una visita de trabajo, en la que espera identificar cómo está la nación en materia de derechos humanos. Un propósito que tiene un origen claro: los múltiples llamados que han hecho diferentes sectores, tanto del Congreso como de organizaciones de la sociedad civil, que han denunciado con preocupación presuntos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y violencia policial durante el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril. (Lea también: Paro nacional: CIDH pide aval del Estado colombiano para visitar el país)

Con la intención en firme de visitar Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aguarda la respuesta de la Cancillería colombiana sobre si una delegación suya puede arribar por octava vez al país en los próximos días para adelantar una visita de trabajo, en la que espera identificar cómo está la nación en materia de derechos humanos. Un propósito que tiene un origen claro: los múltiples llamados que han hecho diferentes sectores, tanto del Congreso como de organizaciones de la sociedad civil, que han denunciado con preocupación presuntos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y violencia policial durante el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril. (Lea también: Paro nacional: CIDH pide aval del Estado colombiano para visitar el país)

El órgano internacional puso la lupa sobre Colombia luego de conocer varias peticiones en las que se ha alertado que, desde el día cero del paro, se han cometido vulneraciones a los derechos humanos contra un número aún por establecer de personas que han salido a la calle a protestar por medidas del gobierno del presidente Iván Duque como la reforma tributaria. Cifras de Temblores ONG, una de las organizaciones que pidieron intervención de la CIDH, indican que en las últimas dos semanas se habrían registrado 2.110 casos de violencia policial. Alrededor de 362 marchantes han denunciado violencia física de miembros de la Fuerza Pública y en más de 39 veces se han denunciado homicidios por parte de policías.

El registro de las autoridades nacionales como de la Fiscalía no coinciden con las cifras anteriores. El ente acusador anunció recientemente que investiga 14 homicidios que guardan relación con las protestas convocadas desde abril pasado, siete más están en etapa de verificación y otras ocho no registran vínculo con las movilizaciones. Si bien el órgano investigativo trabaja en llave con la Defensoría del Pueblo, esta última entidad parece tener cifras diferentes en materia de fallecidos: registran 42 personas, cifra que también es diferente a la entregada días atrás por el Ministerio de Defensa, que da cuenta de 32 muertes violentas, entre las que está la de un capitán de la Policía, la única víctima mortal de esa institución a la fecha.

En cuanto a las cifras de desaparecidos, las instituciones gubernamentales tampoco parecen ponerse de acuerdo. La Fiscalía y la Defensoría hablan de 168 personas cuyo paradero fue conocido hasta el paro nacional, mientras que el Ministerio de Defensa reporta 172. En cuanto a la labor de la Procuraduría, que tiene el poder preferente para investigar de manera disciplinaria a los miembros de la Fuerza Pública, en su más reciente informe reveló que adelanta 18 indagaciones, de las cuales nueve son por homicidios en Cali, cinco por abuso de autoridad, lesiones personales y agresiones físicas, dos por presunto abuso sexual en Cali y Manizales, y dos más por otras conductas. Desde la cartera de Defensa, el ministro Diego Molano anunció que han abierto 65 investigaciones, de las cuales 27 fueron por abuso de autoridad, 11 por agresiones físicas, ocho por homicidios, cinco por lesiones y 14 por otras situaciones.

A este complejo panorama en materia de derechos humanos es que aterrizaría la CIDH, cuya presencia en el país se hace cada vez más urgente a juicio de las organizaciones y los sectores que pidieron su venida. El órgano interamericano tiene en sus despachos las cifras reveladas anteriormente y, con base en ellas, le solicitó permiso al Gobierno Nacional adelantar una visita in loco, es decir, en terreno. Una función intrínseca en el actuar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) -a la cual pertenece la CIDH-, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para los organismos internacionales, esta práctica es un método que mide con estándares nacionales la protección de los derechos humanos.

La misión es básicamente observar e informar a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos que afecta a un país determinado, que en este caso sería Colombia. Si bien esta parece ser una tarea sencilla, lo que llama la atención es que, debido a su naturaleza, la observación in loco contiene aspectos políticos que generan algunas dificultades para su realización, razón por la cual muchos Estados no siempre están dispuestos a aceptar la intervención debido a que consideran que se podría afectar su soberanía. Aun así, la Comisión Interamericana es el organismo que ha adelantado más visitas de este tipo.

La CIDH contabiliza en su registro 102 visitas en terreno desde 1961. La primera de ellas se llevó a cabo en República Dominicana, del 22 al 29 de octubre, poco después del asesinato del dictador Rafael Leonidas Trujillo. La observación in loco por parte del organismo se ha adelantado en más de 15 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, El Salvador, Chile, Haití, Panamá, Nicaragua, Guatemala, México, Honduras, Perú, Bahamas, Bolivia, Canadá, Brasil, Paraguay, Argentina, Puerto Rico, Venezuela y Colombia. Por lo general, las visitas tienen una duración entre cuatro a ocho días por país. Y aunque todas son significativas, algunas tienen una connotación importante por las circunstancias que padece cada nación.

Por ejemplo, en 1982 la Comisión visitó en Estados Unidos y Puerto Rico los centros de detención de refugiados haitianos en Brooklyn, Nueva York, Florida y en la isla caribeña. En 1994, en Guatemala verificó la situación de las Comunidades de Población de Resistencia (CPR) que fueron las sociedades desarraigadas por la guerra civil de ese país durante 1960 y 1966. Para 1996 visitó nuevamente territorio estadounidense con el fin de verificar las condiciones carcelarias de los presos Marielitos, apodo que recibieron los delincuentes cubanos que fundaron pandillas en esa zona del continente. En 2004 visitó El Salvador y Guatemala para observar la situación de niños y adolescentes vinculados a las pandillas, más conocidos como “maras”, y de paso las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en esos países.

En cuanto a Suramérica, la CIDH ha realizado más de 20 visitas. La primera de Colombia fue en 1980: en ese entonces fue el gobierno de turno el que hizo la invitación al órgano internacional con el fin de examinar la situación general de los derechos humanos y presenciar la parte pública de los juicios que, por el procedimiento de los consejos verbales de guerra, se tramitaban en el marco de la Constitución. El Estado deseaba que la Comisión se enterara de las investigaciones que se adelantaban sobre presuntos abusos de autoridad. Desde ese entonces el país ha tenido seis visitas más por parte de la CIDH. (Le puede interesar: Paro Nacional: 650 organizaciones del mundo piden a la CIDH que visite el país)

Las últimas se registraron en 2012 y 2018. La última, que se realizó con la venia del gobierno Duque, fue para abordar el tema de los asesinatos de líderes sociales. Hicieron presencia el comisionado Francisco Eguiguren, relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos, así como el entonces secretario ejecutivo Paulo Abrao y la jefa del despacho de la secretaría ejecutiva, Marisol Blanchard. En ese momento, la delegación de la CIDH se reunió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, altos miembros del Gobierno, delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organizaciones de DD. HH., quienes pusieron de presente la situación que padece el país tras la firma final del Acuerdo de Paz con las Farc.

En ese momento la Comisión expresó su preocupación por la violencia que enfrentaban las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales y, en particular, por los serios desafíos para garantizar su protección, las limitadas medidas de seguridad y la impunidad de los delitos que les afectaban. En marzo de 2018 la CIDH ya había alertado que los asesinatos a líderes aumentaron sostenidamente a la par con la implementación del Acuerdo de Paz y advirtió que la mayoría de estos asesinatos se perpetraron contra personas de especial vulnerabilidad, en zonas alejadas, donde históricamente el conflicto armado fue más intenso.

Sobre la visita adelantada en 2012 en el país, la CIDH evidenció que el Estado buscó implementar una serie de políticas públicas tendientes a superar violaciones de derechos humanos. Entre esos esfuerzos, la Comisión destacó el progreso en la rendición de versiones libres de exparamilitares en el proceso de Justicia y Paz; los avances dirigidos a reparar a las víctimas del conflicto a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la labor de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Para el mismo tiempo reconoció a la Corte Constitucional en su labor de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En 2012, la CIDH resaltó que se debía dar prioridad a comunidades que históricamente han sido víctimas del conflicto, como las personas desplazadas, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la comuniLGBTI y los niños y adolescentes que por cuenta de dichos hechos vivieron en extrema pobreza. Recomendaciones como las anteriores son lo que las organizaciones y políticos que invocaron la presencia de la Comisión esperan que el Estado colombiano reciba. De ahí que celebren la intención del órgano internacional de visitar el territorio colombiano.

Para Camilo González Posso, miembro del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), organización que pidió abiertamente que la CIDH arribara a Colombia, el órgano internacional está respondiendo al conjunto de solicitudes que clamaron para que se velara por la garantía de los derechos humanos. “Es una visita anunciada y entrabada desde hace mucho tiempo. Sería muy positivo y un triunfo para los derechos humanos porque es la máxima autoridad que hace valer la vigilancia de la aplicación de la carta americana”.

El senador Armando Benedetti, quien forma parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República, en diálogo con El Espectador dijo que la posible visita de la Comisión es favorable para el país, que desde años inmemorables ha sido acusado de incumplir e irrespetar los derechos humanos. “Con la visita esperamos que se obligue al Estado a tomar parámetros mínimos en materia de derechos humanos”, comentó el político, añadiendo que la lupa que la CIDH pueda poner sobre Colombia no es un triunfo, sino como una situación “lastimosa pero necesaria. Es triste que la CIDH se interese en nosotros, pero qué hacemos si nos comportamos como animales”. Para el senador Roy Barreras, esta visita in loco “sería para el Gobierno una muestra de transparencia y reconstitución de la confianza. Sería recuperar la tranquilidad y el ambiente de diálogo”. (Noticia relacionada: “Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional)

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien también es parte de la Comisión de Paz, aseguró que la intervención de la CIDH para Colombia llega en un momento en el que el respeto hacia los ciudadanos se encuentra en un punto límite. “Yo espero que el Gobierno colombiano no vaya a cometer la torpeza de negarse a la visita de esta delegación. Eso solo lo hacen los regímenes dictatoriales. Y en caso de registrarse una negativa, lo único que pasaría es que se acentuará el nivel de observación sobre lo que está ocurriendo en Colombia, que ya es a los ojos de la comunidad internacional un baño de sangre”. La palabra la tiene ahora el Gobierno.