La condena desconocida que podría destrabar el caso del desfalco a la DNE

La investigación por el desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) recibió recientemente un impulso del fiscal Francisco Barbosa: prorrogó el principio de oportunidad de dos testigos que ayudarán a desenredar lo ocurrido en la entidad encargada, hasta hace una década, de administrar los bienes incautados a la mafia. Se trata de Adolfo Castillo y Deiby Robinso Rojas, directivos de la empresa Casamotor y beneficiados por las movidas ilegales de funcionarios de la DNE, que les asignaron el arriendo de unas rentables estaciones de gasolina. Castillo y Rojas prometieron prender el ventilador contra quien llamaron “la piedra angular” de este escándalo de corrupción.

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Los dos exjefes de Casamotor recibieron el principio de oportunidad desde 2016, pero este 2021 el fiscal Barbosa lo prorrogó una vez más, decisión que recibió luz verde de un juez de garantías el pasado 15 de abril. Esto significa que tanto Castillo como Rojas tendrán inmunidad por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público mientras testifiquen en contra de otros particulares que protagonizaron el descalabro de la DNE. Además, aceptaron cargos y en julio de 2020 fueron condenados vía preacuerdo por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Un juez de Bogotá los sentenció a 35 meses de casa por cárcel.

En el documento del principio de oportunidad, conocido por El Espectador, se revelan detalles de lo que ha sido la colaboración de Castillo y Rojas con la justicia. “Los procesados deberán comparecer como testigos de cargo contra Eladio Borrero Arce, David Francisco Neira, Óscar Buitrago Londoño, Antonio José Carvajal Coll, Lina María Borrero, María Gisela Vivas e lngrid Montealegre, con el fin de que la Fiscalía logre demostrar su responsabilidad penal en los hechos investigados”, dice el documento. La mayoría son personas salpicadas por el capítulo de Casamotor, que es apenas uno de los segmentos del desfalco a la DNE, salvo David Neira, el pez gordo en el proceso.

En declaraciones que citó la propia Fiscalía en el principio de oportunidad, se relata cómo terminaron Castillo, representante legal de Casamotor, y Rojas, contador, involucrados con Neira, quien, supuestamente. Según la versión que le ha dado Castillo al ente investigador, “Eladio Castillo (otro particular), fue la persona que lo contactó para ofrecerle que, a cambio de entregar dinero a funcionarios de alto nivel de la DNE obtendría para su empresa Casamotor el nombramiento como depositario provisional de una serie de estaciones de gasolina para su administración, que habían sido objeto de medidas cautelares por parte de una fiscalía de extinción de dominio”.

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El negocio consistía en que Casamotor, con nula experiencia en negocios de hidrocarburos, administrara en calidad de depositario las sociedades Movilgas Ltda y Estaciones de Servicios Alvarado y Cia. Para lograr el torcido, tendría la empresa de Castillo tendría que pagar $620 millones y, a cambio, le ofrecían utilidades millonarias. El contacto con la DNE, al parecer, lo hizo David Neira, continúa el principio de oportunidad, “quien tendría relaciones cercanas con funcionarios de alto nivel al interior de esta entidad y tendría la capacidad de negociar a nombre de funcionarios de la DNE la administración de innumerables bienes a cambio de dádivas”.

Así se hizo. Pero una vez depositario, los directivos de Casamotor no vieron los caudales de dinero que les habían prometido. Se terminó pactando, según la Fiscalía, que otra empresa quedaría en el papel como la depositaria: Petroquality. Mientras tanto, la compañía de Adolfo Castillo continuaba con la administración de quince estaciones de servicio, cuatro lotes y dos inmuebles adicionales; y le pagaba al supuesto depositario un canon de arrendamiento. El contrato fue firmado por $1.402 millones anuales para que se quedaran con las estaciones de gasolina y las demás propiedades. Solo pagaron $1.036. De ahí el peculado por el que no serán judicializados mientras colaboran.

El juez que condenó a Castillo y Rojas explicó: “con esta situación resultaba favorecida Casamotor, pues ejercía los dos roles, ya que el relevo como depositario provisional solo operó en el papel dejando claro hasta dónde podían llegar los alcances para obtener a toda costa un beneficio económico. Resulta fehaciente cómo Petroquality no tuvo a bien administrar los bienes de Movilgas Ltda y Estaciones De Servicio Alvarado Rico Y Cia, sino que su objetivo era favorecer a Casamotor”.

David Neira, sin embargo, no hacía estas gestiones gratis. “Por cumplir el rol de intermediario y tener nexos con los funcionarios de la DNE que tomaban la decisión sobre la administración de los bienes en proceso de extinción Adolfo Castillo le entregó $1.479.000.000.”, según le dijo el exjefe de Casamotor a la Fiscalía. Además, continúa el documento, Neira pidió que le pagaran por sus servicios con un carro Mercedes-Benz. Para justificar la salida de dinero de la compañía, dijo Castillo, firmaron nueve “contratos fachada” en favor del señalado intermediario. Sin embargo, el objeto del contrato nunca se materializó, como confirmaron otros directivos de Casamotor.

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Este diario conoció que Eladio Borrero, señalado de hacer el puente para el negocio de Casamotor; David Neira, el supuesto intermediario, y Óscar Buitrago, representante legal de Petroquality, no han podido ser llamados a juicio. En el caso del primero, porque su defensa pidió anular todo lo actuado. Los dos últimos, porque la Fiscalía pidió declarar la conexidad entre los tres expedientes para que solo sea un juicio. La decisión sobre ambos debates jurídicos está en el Tribunal de Bogotá y podría ser definido en los próximos días. En caso de que sean enjuiciados, en el proceso serán utilizados como prueba los testimonios de los directivos de Casa Motor.