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José Gélvez Albarracín, el depositario de los secretos de los extraditados excomandantes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo , alias Jorge 40, y Hernán Giraldo, acaba de entregarle a la Corte Suprema de Justicia una extensa declaración que promete abrir el descuidado frente de investigación de la paraeconomía en la Costa Atlántica. Aportando fechas, nombres de empresarios y de políticos, El Canoso , como fue conocido en las autodefensas, reveló cómo infiltraron el Estado, se repartieron los contratos y desplazaron campesinos para desarrollar proyectos millonarios.
Contó Gélvez que hace algunos años en Coveñas (Sucre) conoció al senador Antonio Guerra de la Espriella y que después, cuando viajaba a Bogotá con Carlos Mario García, alias Gonzalo, participó en muchas reuniones en las que estuvo Guerra, “el hermano de la ministra de Comunicaciones”. De hecho, dijo que el senador los iba a ayudar con una emisora comunitaria, “y es así como estuve varias veces donde la ministra” definiendo la emisora que querían poner en la Sierra Nevada, un proyecto en el que estuvieron involucrados el llamado ventilador de la parapolítica, Rafael García, y el comerciante Dino Gravini. Además, sostuvo que en una ocasión el propio congresista Lucho Vives lo acompañó hasta el Ministerio de Comunicaciones.
A través de un ganadero llamado Wílber Cobos, añadió El Canoso, se dieron varios encuentros en Bogotá y en Barranquilla en los que De la Espriella le pidió que le dijera a Jorge 40 que lo ayudara para las elecciones en Magdalena. “Yo le dije que ese tema lo manejaba Gonzalo y Wílber me decía que no lo fuera a desamparar, y ahí le prestó una plata a De la Espriella para las elecciones, unos $800 millones. Después, insistió el desmovilizado exjefe político, “hicimos un trabajo con Gonzalo y conseguimos el apoyo de 40 para De la Espriella en las elecciones de 2006. Él sacó más o menos cinco mil votos en Magdalena”.
Y para dar más detalles aseveró que Gonzalo era muy amigo del senador y que a la finca 06, que era donde atendían a los enfermos de Santa Fe de Ralito, llegaron una vez Cobos y De la Espriella y allí comentaron de negocios en Tolú y Coveñas, aconsejando que los replicaran en Atlántico y Magdalena porque daba mucha rentabilidad. Incluso indicó que se le colaboró a Úber Ramírez, candidato a la Cámara de Cambio Radical que era apoyado por De la Espriella. El Canoso aportó detalles de su cercana relación con Eduardo Carlos Merlano, hijo del parapolítico Jairo Merlano, y que con él salieron en muchas ocasiones con Gonzalo a tomar trago en largas fiestas en Bogotá.
En su declaración, conocida por este diario, Gélvez Albarracín manifestó que conoció al entonces senador David Char porque era cuñado de De la Espriella y muy amigo de Gonzalo. La Corte le preguntó por algunos políticos de la Costa y así lo referenció. Dijo que tuvo una reunión con Alonso Acosta, expresidente de la Cámara de Representantes, de quien aseguró era muy cercano a Gonzalo. “Alonso estuvo en la oficina que tenía Gonzalo en el parque de la 93, frente al (restaurante) Diner”. Relató que una vez almorzó con Roberto Gerlein y estuvo en la oficina de Fuad Char, pero que ninguno de ellos —“que yo sepa”— pactaron compromisos con los ‘paras’.
Los negocios
Las autodefensas comenzaron un proceso político desde el año 2000, que desencadenó un apoyo para los candidatos que elegían a todas las corporaciones públicas. Por eso ya en 2003, en palabras de El Canoso, “no era necesario el fusil”. Así fue elegido alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg. Entonces Gonzalo empezaba sus pinitos como comandante político del Atlántico, y en la recta final de la campaña por la Alcaldía se reunieron con el fin de pactar un apoyo a cambio de un porcentaje en la contratación. Como le faltaba dinero, Eduardo Losada, dueño de la firma Métodos y Sistemas, le prestó un millón de dólares. “Se fijaron acuerdos del 5% de la contratación de los negocios grandes como el Dagma (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente)”.
A las reuniones en las que se fijaron estos porcentajes asistieron Hoenigsberg, el sobrino de Hernán Giraldo, Nodier Giraldo (alias El Cabezón), Gonzalo y Don Antonio, jefe militar de Jorge 40. Idénticos apoyos se dieron en Magdalena. Uno de los proyectos bandera del parapolítico y exgobernador Trino Luna era el Puerto de Palermo, ubicado en Sitio Nuevo. Una iniciativa que tenía líos ambientales que fueron saldados con dinero y por la orden expresa del aparato militar de John 70 a los habitantes de la zona: “O venden o le compramos a la viuda”.
Esos terrenos se compraron a precios irrisorios y Trino, según El Canoso, participaba de la sociedad que buscaba hacer realidad esta idea. “La gente, aterrorizada, vendió”. Los ‘paras’ estuvieron en todo el proceso de negociación de un proyecto que involucraba a la dirigencia de Atlántico y Magdalena. El otro negocio del que habló fue de la doble calzada Ciénaga-Santa Marta, en donde según él jugó un papel muy importante David Name, encargado de viabilizar el apoyo. En su declaración, Gélvez Albarracín sostuvo que los paramilitares se hicieron al mercado público de Santa Marta por orden de Hernán Giraldo y se apoderaron de unas bodegas de anclaje para adecuar la construcción del mercado.
Por esas épocas se acordó el apoyo al alcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga, posteriormente condenado por parapolítica. Las autodefensas de 40 se adueñaron de alcaldías, asambleas y concejos de la Costa. Un proceso encabezado por El Canoso y Gonzalo, y los congresistas a los que Jorge 40 les dio su bendición. Con Chico Zúñiga también pactaron contratos. En reuniones que se dieron en Santa Marta se repartieron los dineros del Estado que iban a financiar el frente Resistencia Tayrona y se hicieron compromisos en salud y educación. A Trino Luna y a Chico Zúñiga les prestaron la infraestructura para su elección como gobernador y alcalde.
Del negocio de las basuras en Magdalena también se apoderaron e incluso, contó El Canoso, él llegó a tener un cargo en el Instituto de Deportes de Santa Marta. Los proyectos multimillonarios no pasaban si no eran aprobados por su filtro. Con los políticos Álvaro y Luis Miguel Cotes, apodados Los Conejos, señaló el desmovilizado que tuvieron muchos problemas porque ellos hicieron parte de muchas de esas negociaciones y les incumplieron. Pero más allá de las controversias por el dinero, insistió el testigo, David Name era un hombre fundamental para sacar adelante unos recursos de la Nación con el fin de ejecutar el proyecto de la doble calzada.
“Trino y Chico tuvieron que dar una parte porque la vía pasaba por Santa Marta. Hubo participación de las autodefensas y ayudamos a que se lograra hacer la doble calzada, y 40 fue el garante de eso”. Sobre la contratación para la recolección de las basuras, la valorización y otros temas, contó El Canoso, un día asistió a un encuentro en el hotel Dann Carlton de Barranquilla —muchas otras fueron en Ralito— al que asistieron unos empresarios que le llevaron $1.000 millones al presidente del Concejo, Luis Miguel Cotes, con el propósito de que se tramitara una concesión de 20 años en favor de las autodefensas.
Por último, el declarante indicó que a través de la EPS Solsalud en Magdalena, de propiedad del condenado excongresista Luis Alberto Gil, muchos integrantes del bloque Norte de las autodefensas terminaron afiliados y con seguridad social. También que se obligó en la zona de Buritaca y de Guachaca a empleados y administradores de las fincas de banano a que se afiliaran sí o sí a Solsalud. “Ahí se hizo el embuchado de afiliar a nuestros hombres en armas”. La idea era engrosar las listas de usuarios que después serían potenciales votantes de Gil. Más adelante entraron al negocio de la salud Dieb Maloof y el hermano de Trino Luna, Juan Carlos.
Llegó a manifestar además El Canoso que alcanzaron a manejar contratos para distribuir medicamentos en Santa Marta, en Maicao y en el sector sur de Magdalena. El 10% era para ellos. Antes de terminar su declaración dijo que Gonzalo le salvó la vida una vez al hijo de Jairo Merlano, porque lo iban a asesinar por los incumplimientos de su tío Jaime como alcalde de Sincelejo. En una reunión Eduardo Carlos le dio $1.200 millones a alias Cadena “o si no Merlano era un difunto”. Además, el testigo relató que en una ocasión se fue de fiesta a Andrés Carne de Res después de hacer una ‘vuelta’ en Bogotá con el comandante urbano de los ‘paras’, al que le habían encargado encontrar unos lingotes de oro para Hernán Giraldo.
No podía el DAS no aparecer en su testimonio. Según él, en 2003 Rafael García le entregó un sobre en un estadero ubicado a una cuadra del organismo de inteligencia en Bogotá, que contenía información sensible de contratos de una petrolera que terminó siendo extorsionada por los paramilitares. En síntesis, su versión aborda episodios desconocidos de la paraeconomía insuficientemente investigados. La Corte Suprema evalúa la información que aportó y se dispone a pedirle a la Fiscalía que haga lo propio.
Un senador que capotea los señalamientos
Antonio Guerra de la Espriella, hermano de la exministra de Comunicaciones María del Rosario de la Espriella, fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestos nexos con grupos paramilitares. Según confesó Alí Therán Ricardo, alias El Negrito Osorio, Guerra estaba relacionado con el bloque Héroes de los Montes de María y con su comandante, el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena.
En octubre de 2011, sin embargo, la justicia sentenció que no había evidencias suficientes para continuar las indagaciones y declaró un auto inhibitorio, es decir, que el expediente se reabriría sólo si nuevas evidencias aparecían.
Guerra, exvicepresidente del Congreso y perteneciente a Cambio Radical, siempre se ha declarado ajeno a cualquier grupo ilegal y ha defendido su inocencia a capa y espada, explicando que este tipo de acusaciones son venganzas criminales que buscan hacerle daño a dirigentes honorables que nunca han cohonestado el paramilitarismo.
Los líos del exalcalde Guillermo Hoenigsberg
No había terminado Guillermo Hoenigsberg su gestión como alcalde de Barranquilla (Atlántico) cuando la justicia empezó a investigarlo por presuntas irregularidades durante su gestión como secretario de Hacienda del cura Bernardo Hoyos a mediados de los 90.
Hoenigsberg no pudo terminar su mandato porque fue suspendido por las autoridades y tuvo que ser reemplazado por Juan García. Después, a inicios de 2008, un juez de la República ordenó su captura, y en menos de un año Hoenigsberg pasó del Palacio Municipal a la cárcel.
El 5 de octubre del año pasado, la justicia lo condenó a 48 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Lo mismo sucedió con su otrora superior, el cura Hoyos.