La confesión de Musa Besaile que la Corte Suprema no pudo aceptar

Ante la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Musa Besaile firmó un documento en el que aceptó que a sus bolsillos fueron a parar $2.300 millones que, en realidad, se debían utilizar en contratos para mejorar la infraestructura del departamento de Córdoba o cuidar a pacientes con hemofilia. La admisión de haberse quedado con plata de los ciudadanos y una carta en la que pidió perdón público por sus andanzas corruptas quedaron consignadas en un preacuerdo que avaló Marco Antonio Rueda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La negociación se hizo para que el exsenador no fuera a juicio y pudiera acceder a una rebaja en su pena; sin embargo, nada de eso tiene hoy validez.

Ante la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Musa Besaile firmó un documento en el que aceptó que a sus bolsillos fueron a parar $2.300 millones que, en realidad, se debían utilizar en contratos para mejorar la infraestructura del departamento de Córdoba o cuidar a pacientes con hemofilia. La admisión de haberse quedado con plata de los ciudadanos y una carta en la que pidió perdón público por sus andanzas corruptas quedaron consignadas en un preacuerdo que avaló Marco Antonio Rueda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La negociación se hizo para que el exsenador no fuera a juicio y pudiera acceder a una rebaja en su pena; sin embargo, nada de eso tiene hoy validez.

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Con el preacuerdo al que llegó Besaile con el magistrado Rueda se pretendía no solo obtener beneficios para reducir su eventual condena, sino ahorrarle a la justicia un largo proceso judicial. Todo estaba listo para que el caso concluyera con las firmas de ese documento. El problema es que necesitaba el aval de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema que, al revisar el expediente, se dio cuenta de que el magistrado Rueda cometió un gravísimo error: no podía firmar un preacuerdo con el exsenador investigado, pues esa figura no hace parte de las reglas que se deben seguir para procesar a un congresista (no está en la Ley 600 de 2000, sino en la Ley 906 de 2004).

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Por eso, cuando la Sala recibió el caso, advirtió que no podía avalar el preacuerdo. El problema es que ya todas las partes lo habían firmado: Besaile, sus abogados, la Procuraduría y, por supuesto, el magistrado Rueda. En ese documento quedaron consignadas también las pruebas en contra del excongresista, que además es investigado por su presunta participación en el cartel de la toga y también enfrenta un proceso por parapolítica. En el expediente, por ejemplo, reposan declaraciones de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, quien dio detalles de cómo se negoció que un porcentaje de los contratos públicos se debía enviar a las cuentas de Besaile, según declaraciones de Lyons.

Además, Lyons y otros testigos dejaron en evidencia que prácticamente todo el poder electoral y político del departamento pasaba, necesariamente, por la revisión de Musa Besaile. Entre las pruebas también hay testimonios de exfuncionarios de la Secretaría de Salud del departamento, que relataron cómo les ofrecieron dinero a cambio de mentir para falsificar atención de pacientes con hemofilia. A su vez, la Corte añadió al proceso las versiones de contratistas y empresarios que participaron del entramado de corrupción del que Besaile aceptó ser parte. En total, según el alto tribunal, el excongresista del partido de La U se apropió de $2.300 millones.

La suma ya la confirmó él mismo y, además de confesar su responsabilidad en estos hechos de corrupción, se comprometió a devolver toda la plata y a pedir perdón. Aunque ya devolvió el 50 % del monto y aseguró que el resto lo pagará por cuotas, lo que sí hizo inmediatamente fue pedir disculpas. En el preacuerdo que firmó con el magistrado Rueda quedó consignado ese perdón público: “Les pido perdón público a Dios y a la sociedad colombiana después de haber vivido este desierto de estar privado de la libertad por más cuatro años, aproximadamente, el 10 % de mi vida, he meditado y reflexionado para concluir que la política es una profesión que no tiene descanso del alma ni del espíritu, además de ser una de las más peligrosas del ser humano”.

En seguida, explica que incursionó en ella muy joven, contrariando a su padre. “Ingresé romántico y con muchas expectativas, pero al poco tiempo me di cuenta de que había que acomodarse a un sistema que ya existía, que tenía, y supongo sigue teniendo, unos procesos no muy éticos, convirtiéndome en una de sus piezas para sobresalir y subsistir en ella (...) Hoy me duele no poder estar al lado de mis hijos amados, haber dejado sola a mi esposa luchando por su educación y vida, lejos de mi madre, familiares cercanos y algunos pocos amigos que me quieren; a todos ellos les pido perdón. Reconozco que me equivoqué y me arrepiento de haber tomado decisiones que me llevaron a esta situación”, expresó Besaile.

A manera de conclusión, el excongresista, que sigue preso, confesó sentirse un hombre renovado. “Le pido perdón a Colombia, espero me lo concedan para reintegrarme a la sociedad y poder vivir el segundo tiempo de mi vida”, se lee en el preacuerdo. Por su confesión, compromiso de devolver el dinero y el perdón, el magistrado Rueda y Besaile negociaron una salida: le reducirían el 50 % de su pena. Así, el togado puntualizó que el excongresista, en lugar de pagar 180 meses de cárcel, solo tendría que cumplir con 90; es decir, 7,5 años. Musa Besaile está preso desde septiembre de 2017, cuando la Corte ordenó su captura dentro de la investigación por el cartel de la toga.

Con toda la negociación lista y firmada, Marco Antonio Rueda le mandó el preacuerdo a la Sala Especial de Primera Instancia. Y ahí fue troya. Con ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barrero, el alto tribunal frenó en seco la negociación. Para la Sala, existen ciertos límites que los jueces no pueden sobrepasar y uno de ellos es el de no mezclar los sistemas acusatorios; en este caso, el de 2004 con el de 2000. Además, dice la Sala, avalar el preacuerdo que el magistrado Rueda consiguió con Besaile significaría un “resquebrajamiento del sistema procesal penal por el que transita la correspondiente causa”. En otras palabras, sería ilegal.

Así las cosas, la negociación quedó en el limbo, pues no solo la ponencia de la magistrada Blanca Nélida Barrero le cerró la puerta al preacuerdo, sino que el mismo despacho de Marco Antonio Rueda le pidió de nuevo a la Sala de Primera Instancia que revisara el caso. La segunda tampoco fue la vencida. Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, la Sala le volvió a explicar al magistrado Rueda que no puede firmar un preacuerdo con Besaile y le aclaró, además, que ya no tiene nada que hacer en el expediente, pues el caso debe pasar a juicio en otra sala. No obstante, el magistrado Rueda siguió en la defensa de su preacuerdo y, en consecuencia, en la rebaja de la pena de Musa Besaile.

Volvió a pedirle a la Sala de Primera Instancia que revisara y aprobara el documento (y esta le cerró de nuevo la puerta), y encima, entuteló a la propia Corte Suprema. Según el recurso, que le correspondió estudiar a la Sala de Casación de Civil, el magistrado Rueda pidió la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia para que su preacuerdo sea aprobado. Una tutela que, para muchos, es inédita pues, en el fondo, lo que llama la atención es que “un magistrado de la Corte Suprema está diciendo que esa corporación está violando derechos fundamentales a su propio investigado y por eso pide protección”, como comentó una fuente.

La persistencia de Rueda tampoco surtió efecto. Por unanimidad, el pasado 18 de mayo la Sala de Casación Civil le volvió a decirle no al magistrado y, de nuevo, el preacuerdo con Musa Besaile quedó sin validez. En estricto procedimiento penal, ahora este caso en contra de Besaile debería entrar a etapa de juicio. El lío es que el excongresista ya pidió perdón público, ya devolvió parte del dinero y se comprometió a reintegrar la totalidad de los $2.300 millones y, además, aceptó su responsabilidad en el entramado de corrupción en Córdoba. Mientras la Corte Suprema termina de resolver el enredo, en los pasillos del alto tribunal no deja de sorprender que un investigado que ya aceptó su responsabilidad tenga que ir a juicio.