La confesión de Otoniel sobre el crimen de un congresista de la Unión Patriótica

En la larga y documentada estela de crímenes y violencia del paramilitarismo y sus secuaces contra la Unión Patriótica, Octavio Sarmiento Bohórquez fue el último parlamentario asesinado de ese partido político que contabilizó más de 6.000 víctimas. En la madrugada del primero de octubre de 2001, en la vereda Los aceites, de Tame, Arauca, un comando del bloque Vencedores de Arauca segó la vida del representante a la Cámara de 69 años. Muy pronto trascendió que detrás del crimen estuvieron las autodefensas, pero los cabecillas de esa organización sólo vinieron a reconocerlo en 2009 ante fiscales de Justicia y Paz. No obstante, las investigaciones nunca establecieron quién había sido el autor intelectual del homicidio. Veintitrés años después, la familia del congresista Sarmiento insiste en que hasta que eso no se establezca, la impunidad será la constante en este expediente. Hace dos meses, sin embargo, apareció una nueva pista para determinar ese nombre.

En la larga y documentada estela de crímenes y violencia del paramilitarismo y sus secuaces contra la Unión Patriótica, Octavio Sarmiento Bohórquez fue el último parlamentario asesinado de ese partido político que contabilizó más de 6.000 víctimas. En la madrugada del primero de octubre de 2001, en la vereda Los aceites, de Tame, Arauca, un comando del bloque Vencedores de Arauca segó la vida del representante a la Cámara de 69 años. Muy pronto trascendió que detrás del crimen estuvieron las autodefensas, pero los cabecillas de esa organización sólo vinieron a reconocerlo en 2009 ante fiscales de Justicia y Paz. No obstante, las investigaciones nunca establecieron quién había sido el autor intelectual del homicidio. Veintitrés años después, la familia del congresista Sarmiento insiste en que hasta que eso no se establezca, la impunidad será la constante en este expediente. Hace dos meses, sin embargo, apareció una nueva pista para determinar ese nombre.

La dio Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, entonces máximo jefe del Clan del Golfo y durante años pieza clave de las autodefensas. Entre el 9 y 11 de abril pasados, los magistrados de la JEP Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar, acompañados de varios magistrados auxiliares, lo escucharon en diligencia reservada en la cárcel de Florence, en Colorado, la penitenciaría más custodiada de Estados Unidos, donde purga una condena de 45 años de prisión. Según pudo establecer El Espectador, Otoniel dio detalles inéditos del crimen del congresista Octavio Sarmiento Bohórquez, así como de varias operaciones que conoció en esa región como enlace operativo del bloque Vencedores de Arauca. Otoniel señaló al exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal como el determinador del homicidio, pues les dijo a las autodefensas que el parlamentario de la UP era colaborador de la guerrilla. Acosta Bernal ofició como gobernador entre 2004 y 2007.

Esa misma información, contó Otoniel, fue transmitida a la organización por Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevoepizca, un conocido paramilitar del bloque Centauros, entonces concuñado de los máximos jefes de las autodefensas Carlos y Vicente Castaño Gil, y hombre clave en la conformación del bloque Capital que operó en Bogotá –aunque este capítulo sigue impune en Colombia–. Huevoepizca ingresó al mundo ilegal en 1989, de la mano de Fidel Castaño Gil, y luego se convirtió en mano derecha de su hermano Vicente Castaño. Pereira Rivera fue condenado a 40 años de prisión por el secuestro, tortura y violencia sexual de la periodista de El Tiempo Jineth Bedoya, ocurrido el 25 de mayo de 2000 cuando investigaba lo que ocurría en la cárcel La Modelo de Bogotá; y en 2021 fue excluido de Justicia y Paz, por lo que tendrá que pagar esa sentencia en prisión. Huevoepizca es dueño de muchos secretos de la violencia en Colombia.

Alias Otoniel, agregó que Julio Acosta Bernal fue el que metió a los paramilitares a Arauca y que a mediados de 2000 la Casa Castaño le vendió el bloque Vencedores de Arauca a los narcotraficantes Miguel Ángel y Víctor Mejía Múnera, conocidos como Los Mellizos. La entrada de esa facción de las autodefensas a Arauca se dio por Casanare, donde el bloque Centauros hacía presencia y puso los primeros 200 hombres. Otoniel estuvo en Arauca bajo las órdenes de Orlando Villa Zapata, segundo al mando del bloque Vencedores, y de Melquisedec Henao Ciro, alias Belisario, jefe militar. En mayo de 1998 Belisario, según expedientes judiciales, comandó la incursión en Puerto Alvira (Meta) que terminó en la masacre de Caño Jabón, donde al menos 15 de las víctimas eran integrantes de la Unión Patriótica. De allí que el testimonio de Otoniel resulte clave para el despacho del magistrado Gustavo Salazar, correlator del caso 06 que investiga la victimización de miembros de la UP.

Todos estos nombres son importantes para comprender cómo se organizó el grupo paramilitar que delinquió a sus anchas en Arauca. Orlando Villa Zapata, por ejemplo, participó en la masacre de El Nilo, ocurrida en Caloto, Cauca, en 1991, donde 21 indígenas nasa fueron asesinados. Villa Zapata fue el hombre escogido por Los Mellizos para que comandara la organización en Arauca y en 2017 protagonizó un vergonzoso episodio de corrupción judicial en donde resultó condenada a cinco años y tres meses de prisión la exfiscal Hilda Niño Farfán. Esta exfuncionaria aceptó que recibió sobornos para favorecer a Villa Zapata y a su jefe, alias El Mellizo, extraditado a los Estados Unidos, mientras era fiscal de Justicia y Paz. En este contexto de nombres y episodios cruzados cobra especial relevancia para el magistrado Gustavo Salazar aclarar la participación de Otoniel y otros exjefes “paras” que han pasado de agache en el exterminio de la Unión Patriótica.

En su testimonio a la comisión de la JEP, Otoniel sostuvo que Julio Acosta Bernal hizo parte del bloque Vencedores de Arauca al punto de llegar a acuerdos políticos, en los que entregó a las autodefensas, supuestamente, las listas de la gente que había que asesinar, incluido el congresista de la UP Octavio Sarmiento Bohórquez. El 20 de enero de 2009, durante una audiencia en Justicia y Paz, Miguel Ángel Mejía Múnera, El Mellizo, confesó que él mismo financió con $500 millones la campaña a la gobernación de Julio Acosta Bernal. Una sentencia de diciembre de 2011 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá recoge testimonios que señalan a Acosta Bernal como aliado político de las autodefensas. No es la primera vez que señalan a Acosta de ser el determinador de un crimen. En 2011 fue capturado y luego condenado a 28 años de prisión por el asesinato del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco, ocurrido en julio de 2003.

La sentencia, sin embargo, fue anulada tiempo después porque Acosta Bernal debió ser investigado por un fiscal delegado ante la Corte y no por un fiscal ordinario. El caso hoy se encuentra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, Acosta Bernal tiene otra investigación por el crimen del periodista Efraín Varela Noriega, perpetrado el 28 de junio 2002. En este expediente el Estado colombiano ya fue condenado por la complicidad de miembros del Ejército con los paramilitares de Arauca. No es todo. El exgobernador tiene varios procesos abiertos por presunta corrupción administrativa y en noviembre pasado la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó a 6 años y tres meses de prisión por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales. Acosta siempre ha dicho que es inocente de todas estas acusaciones, pero en Arauca se dice que todavía tiene poder e influencia política.

“Solo pedimos justicia”

Carlos Octavio Sarmiento Granados, uno de los cuatro hijos que tuvo el congresista asesinado, hoy es secretario de Agricultura de la gobernación de Arauca. En diálogo con El Espectador cuenta la tragedia que tuvo que vivir su familia por la persecución del paramilitarismo. “Mi mamá, de 84 años, sigue muy golpeada por lo que pasó. No sólo asesinaron a mi padre, también fuimos despojados de lo que teníamos. De la finca Bellavista de mi padre se robaron 1.200 reses y la saquearon, las autodefensas se apropiaron del lugar y lo convirtieron en base paramilitar. Tuvimos que desplazarnos por amenazas a Bogotá y después estuvimos en Venezuela un tiempo. Solo pudimos regresar en 2008 cuando estos señores se desmovilizaron. La familia se resquebrajó por este crimen y pasamos de tenerlo todo a no tener nada. Gracias a la crianza que nos dio papá y a ese sentido del trabajo logramos resurgir de este episodio tan triste”.

Desde esa perspectiva, para la familia del congresista asesinado esta versión de Otoniel tiene que ser investigada a profundidad. “En estos 23 años sólo hemos pedido justicia y conocer la verdad de lo que ocurrió. Mi padre era una persona muy querida en Arauca y lo mínimo que uno espera es saber las circunstancias que rodearon su crimen, no sólo que las autodefensas se lo hubieran atribuido hace años. Aquí, por lo que usted relata que dijo Otoniel, hay una variable aún más triste y es que la persona que él supuestamente señala como determinador del homicidio está en Arauca en prisión domiciliaria y todavía funge como líder político”. Carlos Octavio Sarmiento, próximo a cumplir los 54 años, dice que no recuerda que su padre hubiera tenido problemas con el exgobernador Julio Acosta Bernal, pero que es cierto que desde hace años se le señala de haber tenido nexos con las autodefensas.

“Yo tenía 31 años cuando ocurrió el crimen. Nunca hubo voluntad política ni judicial para investigar quién ordenó la muerte de mi padre. Desentrañar la verdad de la violencia en la región siempre ha sido muy difícil. Esperanza Sandoval, la esposa del congresista liberal Alfredo Colmenares, asesinado por sicarios en Bogotá el 8 de octubre de 2001, una semana después del homicidio de mi padre, sí ha señalado a Julio Acosta como autor intelectual de esa muerte. Ojalá la justicia llegue al fondo de estos episodios”, concluyó. En la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia por el exterminio de la UP, proferida en 2022, se asegura que “entre mayo de 1984 y diciembre de 2002, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó 3.122 asesinatos selectivos, 544 víctimas de desaparición forzada, 478 víctimas de asesinatos en masacres y cuatro secuestros”.

En la otra orilla Andrés Garzón Roa, abogado del exgobernador Julio Acosta, le dijo a este diario lo siguiente: “Mi cliente ha sido objeto de múltiples ataques mediante declaraciones mentirosas rendidas por distintos paramilitares. Ya hay sentencias condenatorias contra algunos de ellos por haber mentido en esos procesos. Esta manifestación que hace Otoniel, que no conocemos, hace parte de ese mismo libreto que utilizaron muchos de los que están condenados por falso testimonio. Otoniel está repitiendo lo que ya ha dicho Miguel Ángel Mejía Múnera, cuyas versiones en nuestro criterio están llenas de contradicciones. Nosotros actuaremos en las investigaciones, presentaremos las pruebas de esos falsos testimonios, incluido este nuevo. Le puedo decir que esto que se señala no corresponde a la realidad”. El abogado Garzón explicó que Julio Acosta se postuló ante la JEP y que está esperando que esa jurisdicción lo reciba para “contar su verdad sobre el conflicto”.

“Nosotros presentamos la postulación y nuestro aporte a la verdad, que están en estudio. Los señalamientos contra mi cliente sobre supuestas reuniones con alias El Mellizo para financiar su campaña política no son serios, pues en esa época Julio Acosta estaba como cónsul de Colombia en Singapur y regresó al país sólo hasta 2002. Esperamos que la JEP acepte a Julio Acosta en su jurisdicción. Él tiene el conocimiento de lo sucedido en Arauca en el momento más difícil del terrorismo paramilitar, no porque haya participado de eso, sino como lo dicen los ocho atentados de los que fue víctima, vivió en carne propia lo que estaba sucediendo. Su aporte a la verdad es invaluable para Arauca”. El Espectador conoció las 73 páginas que contienen la oferta de verdad de Acosta a la JEP. Allí señaló: “Mi compromiso es decir la verdad y nada más que la verdad, ya que no se puede ocultar la verdad con mentiras”.

No obstante, fuentes enteradas del caso critican que la estrategia de Julio Acosta Bernal en su “compromiso de verdad” consistiría en echarle toda el agua sucia al excongresista araucano Adalberto Jaimes Ochoa, fallecido en diciembre de 2017. En 29 ocasiones ese nombre aparece en el documento, en donde textualmente se asegura: “Julio Enrique Acosta podrá contarle a la JEP lo que conoce de los vínculos del Representante a la Cámara Adalberto Jaimes (sic) tenía con miembros de las Farc y el ELN, así como con los paramilitares”. Incluso asegura que Jaimes Ochoa fue el autor intelectual del crimen del registrador Alejandro Plazas Lomónaco. Hoy la JEP estudia si Julio Acosta es aceptado por la jurisdicción, pero este nuevo testimonio de Otoniel vuelve a ponerlo en apuros judiciales. Fuentes de ese tribunal contaron que ya se decretó el testimonio de Acosta en calidad de testigo y que dependiendo de lo que diga podría valorarse su ingreso a la JEP.

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