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La aspersión aérea con glifosato en Colombia se aleja cada vez más de ser una realidad. Pese a que el gobierno de Iván Duque ha insistido de todas las maneras en reanudar este mecanismo de erradicación de cultivos de uso ilícito, en el ocaso de su administración acaba de recibir una decisión que podría ser la estocada final contra su intención de usar este químico. Al fallar cuatro tutelas acumuladas, que reunieron a un centenar de organizaciones campesinas, indígenas y afros, la Corte Constitucional dejó claro que el Gobierno no cumplió con una de las reglas para volver a asperjar con avionetas: consultarlo con las comunidades que serían directamente afectadas.
Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, el alto tribunal acumuló cuatro tutelas que contaron con el respaldo de organizaciones sociales y congresistas, y encontró un patrón en todas ellas. Según el fallo, el Gobierno no cumplió con una de las reglas que la misma Corte estableció en 2017 para que pudiera retornar la aspersión aérea con glifosato: organizar una consulta previa en los territorios en donde habría este tipo de erradicación y tener en cuenta la posición de todas las comunidades para formular los planes de la aspersión. Por esta razón, esta Corte dejó sin efectos dos documentos que eran centrales para volver a esta forma de erradicación.
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El golpe es certero para el Gobierno. Pese a que en la orilla del Estado también se pararon la Agencia Colombiana de Minería (ACM) y la Asociación Nacional de Empresarios, la Corte Constitucional concluyó que en el trámite de licenciamiento ambiental no se respetó el derecho a la consulta previa de 104 municipios en todo el país, distribuidos en 14 departamentos. El Ministerio del Interior explicó durante el proceso que sí había hecho una audiencia con las comunidades, que había sido pública y que con ella bastaba para cumplir con el requisito de la Corte. El problema radicó en que esa reunión se hizo en plena pandemia por el covid-19 y, por eso, se hizo de manera virtual.
La cita se dio a finales de diciembre de 2020, pese a que expertos, organizaciones sociales y autoridades locales advirtieron que no era correcto el formato vía internet. La razón: había miles de personas interesadas en participar, pero no tenían conexión para hacerlo. Con ponencia de la magistrada Pardo, la Corte sentenció que no se podía dar como completo un requisito como la consulta previa si, precisamente, los más afectados no habían podido participar. Además, les aclaró al Gobierno, y a quienes lo respaldaron en esta batalla jurídica, que tampoco era válido afirmar que había territorios en donde no era necesaria la consulta, pues no vivían comunidades indígenas, negras ni ROM.
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A esa conclusión había llegado la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Sin embargo, la sentencia explica que esa afirmación no era cierta, ya que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había advertido que posiblemente sí había presencia de grupos étnicos en cuatro de los seis núcleos territoriales en donde arrancaría la aspersión de glifosato. “La vulneración evidenciada del mencionado derecho fundamental (a la consulta previa) requiere del juez constitucional acciones de protección inmediatas e inaplazables”, señaló la Corte.
Desde el partido de gobierno pusieron el grito en el cielo en rechazo a la decisión, mientras que los sectores alternativos y de oposición la resaltaron como una forma de respetar y darles garantías a las poblaciones que podrían resultar afectadas por las fumigaciones. “La Corte Constitucional condena a Colombia a vivir en medio del narcotráfico. La fumigación no es la única herramienta, pero sí una muy importante. El combate al narcotráfico debería unir al país. En cambio promueve ilusorios, pero imposibles discursos de legalización”, fueron las palabras de la senadora y de nuevo candidata al Congreso Paloma Valencia, del Centro Democrático.
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La representante Margarita Restrepo, de la misma colectividad, fue crítica de la decisión bajo el argumento de que “la guerra contra los carteles estará perdida” mientras que no se pueda reanudar la fumigación con el herbicida”. Contrario a la postura de las congresistas, Arnoby Zapata, miembro del Movimiento Campesino de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), y quien formó parte de la tutela, advirtió que la solución para erradicar los cultivos ilícitos es la sustitución voluntaria que quedó plasmada en el Acuerdo de Paz. “Creemos que asperjando con veneno en el territorio no es una solución definitiva”, aseguró en diálogo con El Espectador.
Zapata resaltó: “Hoy que la Corte Constitucional nos dio la razón, y que la recibimos con mucho agrado, también recordamos que, más allá de que se hiciera un escenario de socialización, era hacer una consulta previa y que los resultados se tengan en cuenta de manera oficial. El Estado hizo unas socializaciones, pero no preguntaron si estaban de acuerdo o no con el uso de ese veneno”, explicó. Para Zapata, el fallo es apenas uno de los tantos pasos que deben recorrer para que el Gobierno desista de implementar el uso del químico en el país, por ello anunció que seguirán insistiendo en que se implemente el Acuerdo de Paz.
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Desde Ilex Acción Jurídica, organización que intervino ante la Corte para que fallara favorablemente la tutela, celebraron la decisión de la Corte y consideraron que lo que viene ahora es la implementación y materialización de las órdenes impartidas en el fallo. “Estamos recibiendo con agrado el fallo de la Corte. La sentencia nos da la razón a nosotros como intervinientes, así como a los tutelantes. Esta decisión le da un espaldarazo a la garantía de los derechos fundamentales, a gozar de un medioambiente sano y el derecho a la salud”, resaltó Dayana Blanco, una de las abogadas a la cabeza de Ilex.
Para Blanco, el fallo de la Corte crea un precedente sobre la importancia que se les debe dar a las comunidades al considerar el uso del químico en el país. A su juicio, la decisión es un espaldarazo para los territorios que durante años han luchado para que no les llegue el químico. Según explicó, “(los tutelantes) deben estar atentos. Esto es un bálsamo, lo que deben revisar es el posfallo, cómo lo van a tomar y a materializar las entidades demandadas. Deben garantizar la participación de la consulta previa y garantizar que la visión del mundo de las comunidades sea tenida en cuenta por el Estado”.