La contrarreloj de la Fiscalía en el caso Uribe
Mientras se agota el tiempo para decidir si la Fiscalía llama a juicio al expresidente Álvaro Uribe, el fiscal Gabriel Jaimes escogió como estrategia volver a recaudar evidencias que ya había recaudado la Corte Suprema, así como a escarbar en Juan Guillermo Monsalve.
El fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a su cargo decidir si lleva a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez o pide que la investigación precluya, optó por repetir trabajo que ya había hecho la Corte Suprema. Desde que, el 6 de noviembre pasado, un juez penal de Bogotá equiparó la indagatoria que rindió Uribe ante la Corte en 2019 con una imputación de cargos, la Fiscalía quedó con un estrecho margen de tiempo para determinar si acusa o no al exmandatario. Desde entonces Jaimes ha decretado la recolección de más de cien evidencias, y, en documentos conocidos por El Espectador, se ve que la mayoría de ellas ya están en el expediente, y, en otras, la atención se está yendo hacia el testigo estrella del proceso: Juan Guillermo Monsalve.
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Las evidencias repetidas
Entre el material probatorio que ha ordenado la Fiscalía (y que ya había adelantado la Corte) están las declaraciones juradas a 22 testigos e inspecciones a procesos adyacentes al que se le sigue a Uribe, como el de la conformación del Bloque Metro, entre otros. Pero el ente investigador tiene el tiempo en contra. Aunque no hay mucho consenso sobre la fecha exacta en la que Gabriel Jaimes debe decidir si llama a juicio a Álvaro Uribe o no, el término se aproxima. Según la ley, son noventa días, contados desde que se decidió que estaba imputado, que se cumplirían la primera semana de marzo. No obstante, falta un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la tutela que presentó Uribe para tumbar esa decisión.
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Lo cierto, en cualquier caso, es que la Fiscalía está haciendo un trabajo que ya estaba hecho. Y comenzó a hacerlo el 4 de noviembre de 2020. Ese día, el fiscal Gabriel Jaimes ordenó “realizar diligencia de inspección al proceso que se sigue en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, que tiene como eje temático la conformación y actuar del grupo armado ilegal conocido como el Bloque Metro, a fin de recopilar copias de las diligencias, versiones y demás piezas procesales que se consideren relevantes para la investigación que se sigue en este despacho”. Esta misma inspección ya la había practicado la Corte Suprema, por orden del magistrado instructor César Reyes.
(Lea también: El ajedrez en que se convirtió el caso Uribe)
El alto tribunal lo hizo, precisamente, por la importancia que tiene el Bloque Metro en la génesis de este caso. Juan Guillermo Monsalve —hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de los Uribe— y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero —excomandante del frente Cacique Pipintá del Bloque Metro—, declararon, primero ante Iván Cepeda, y luego ante la justicia, que las familias Uribe Vélez, Gallón y Villegas fundaron ese temido bloque paramilitar. Cepeda mostró sus testimonios en el Congreso en 2014, lo que le valió que Uribe saliera del Capitolio ese mismo día hacia la Corte Suprema a denunciarlo por manipulación de testigos.
No obstante, en febrero de 2018, la Corte se inhibió de investigar al senador del Polo y, casi de inmediato, le abrió una investigación al líder natural del Centro Democrático por la conducta que él mismo había denunciado. La hipótesis de la Corte fue que, entre el 16 y el 23 de febrero de 2018, abogados de Uribe buscaron a los testigos del caso y, al parecer, los presionaron para que cambiaran su versión y señalaran a Cepeda. Además, que el abogado Diego Cadena le dio dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que desprestigiara lo dicho por Pablo Hernán Sierra y dijera que Cepeda le estaba ofreciendo beneficios jurídicos por hablar contra Uribe.
Todo esto está explicado en el expediente que armó el magistrado Reyes, que aprobó la Sala de Instrucción de forma unánime cuando se ordenó la detención de Uribe el año pasado y que ahora tiene en su poder el ente investigador. No obstante, por orden del fiscal Jaimes, el pasado 25 de noviembre en el Tribunal de Medellín se realizó, de nuevo, una inspección a las voluminosas carpetas del Bloque Metro —solo la sentencia contra nueve integrantes tiene más de 2.200 páginas—. Y, además, la Fiscalía se llevó copias de entrevistas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, el proceso contra Santiago Gallón Henao, un listado de las Convivir que hubo en Antioquia, el archivo sobre la convivir Cóndor, informes de despojo de tierras de este bloque y entrevistas a sus exmiembros.
La Fiscalía también inspeccionó recientemente el expediente contra los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, fundadores de la convivir El Cóndor, la piedra angular sobre la que creció el Bloque Metro, en el Nordeste antioqueño. Por otro lado, Jaimes ordenó inspeccionar el proceso contra Diego Cadena, exabogado de Uribe, quien está en juicio por fraude procesal y soborno. El pasado 18 de noviembre la diligencia se llevó a cabo y los investigadores se llevaron copias del interrogatorio que rindió Cadena, así como de las entrevistas que se les hicieron en ese proceso a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Elmo José Mármol, quienes recibieron visitas del abogado.
La lista de evidencias no acaba ahí. El fiscal del caso ordenó escuchar en declaración juramentada a, por lo menos, 26 testigos. La mayoría de ellos ya habían acudido a la Corte Suprema, pues la lista de quienes serán escuchados por la Fiscalía incluye al excongresista Álvaro Hernán Prada –procesado por los mismos delitos por los que es investigado Uribe- y exparamilitares como Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, la exfiscal Hilda Niño, los abogados Jaime Lombana, María Mercedes Williamson y Diego Cadena y la esposa de Monsalve, entre otros. Pero también declararán cuatro personas que no oyó la Corte: el exministro Fabio Valencia Cossio, la abogada Ángela Milena López, Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar.
Hasta ahora, en todo el expediente no había sido nombrado el exministro Valencia Cossio, uribista purasangre y uno de los fundadores del Centro Democrático. López aparece mencionada como quien, supuestamente, redactó cartas de su puño y letra enviadas a la Corte en nombre de paramilitares, en las que se retractaban de dichos contra Uribe y señalaban, en su lugar, a Cepeda. Arismendi y Aguilar (hermano de Carlos Mario Aguilar, exjefe de la Oficina de Envigado), por su parte, son quienes hicieron el puente ente el expresidente y el exparamilitar Juan Carlos el Tuso Sierra, quien también escribió al alto tribunal diciendo que el senador Cepeda le ofreció beneficios a cambio de enlodar a Uribe.
Consultado por este diario, Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, dijo no conocer qué evidencias ha recopilado el ente investigador en estos meses, por el régimen penal del proceso (Ley 906). A renglón seguido, señaló que “es usual” que el fiscal del caso quiera ahondar en algún tema en particular, pues, además, “nadie ha dicho que la Corte haya hecho el trabajo completo y lo que más nos interesa es que el trabajo de la Fiscalía sea lo más completo posible”. Además, se sumó a una explicación que le dieron a este diario otros allegados al proceso: en cualquier camino que tome Jaimes sobre si llamar o no a juicio a Uribe, su decisión caerá bajo el control de un juez.
La atención sobre Monsalve
Entre las pruebas que consideró la Corte para ordenar la detención de Uribe el año pasado están las grabaciones de una conversación de febrero de 2018 entre el abogado Cadena, el testigo Monsalve y su compañero de celda en la cárcel La Picota, Enrique Pardo —a quien la Fiscalía escuchará de nuevo—. Sus interlocutores, que lo intentaban convencer de retractarse de lo que ha dicho sobre Uribe, no sabían que Monsalve los estaba grabando con un reloj especial. Ahora, una serie de pruebas que ordenó la Fiscalía buscan establecer cómo fue que el testigo llegó a ingresar ese reloj-grabadora a la prisión y si, por ejemplo, fue a través de su abogado Héctor Romero Agudelo.
A Monsalve, quien está recluido en una casa fiscal de La Picota por el peligro que corre su vida, le han encontrado alcohol, dispositivos electrónicos y lo han sorprendido en fiestas. En un operativo el año pasado, por ejemplo, el INPEC le encontró siete SIM cards, un computador y un celular, cuyo contenido ahora quiere obtener la Fiscalía, según las órdenes conocidas por este diario. Asimismo, el fiscal Jaimes ordenó inspecciones al INPEC para determinar si es cierto que a Monsalve lo iban a trasladar a la cárcel de Valledupar en 2017, como se ha dicho en medios; qué razones motivaron ese traslado en su momento y cuáles más lo detuvieron, pues el testigo ha permanecido en Bogotá.
Por último, Jaimes ordenó una inspección en la propia Fiscalía: al expediente que llevan la Dirección de Extinción de Dominio y la delegada para las Finanzas Criminales contra Juan Guillermo Monsalve por la presunta adquisición irregular del predio La Veranera. Se trata de una finca de 20 hectáreas en Apía (Risaralda) que, según el ente investigador, estaría avaluada en $560 millones, pero que, al parecer, pasó a ser de la pareja del testigo y de la madre de él por una cifra muchísimo menor: dos pagos de $27 millones. El ente investigador busca establecer de dónde salió el dinero e indaga si las mujeres tenían la capacidad económica para comprar el predio.
El fiscal Gabriel Jaimes, quien tiene a su cargo decidir si lleva a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez o pide que la investigación precluya, optó por repetir trabajo que ya había hecho la Corte Suprema. Desde que, el 6 de noviembre pasado, un juez penal de Bogotá equiparó la indagatoria que rindió Uribe ante la Corte en 2019 con una imputación de cargos, la Fiscalía quedó con un estrecho margen de tiempo para determinar si acusa o no al exmandatario. Desde entonces Jaimes ha decretado la recolección de más de cien evidencias, y, en documentos conocidos por El Espectador, se ve que la mayoría de ellas ya están en el expediente, y, en otras, la atención se está yendo hacia el testigo estrella del proceso: Juan Guillermo Monsalve.
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Las evidencias repetidas
Entre el material probatorio que ha ordenado la Fiscalía (y que ya había adelantado la Corte) están las declaraciones juradas a 22 testigos e inspecciones a procesos adyacentes al que se le sigue a Uribe, como el de la conformación del Bloque Metro, entre otros. Pero el ente investigador tiene el tiempo en contra. Aunque no hay mucho consenso sobre la fecha exacta en la que Gabriel Jaimes debe decidir si llama a juicio a Álvaro Uribe o no, el término se aproxima. Según la ley, son noventa días, contados desde que se decidió que estaba imputado, que se cumplirían la primera semana de marzo. No obstante, falta un pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la tutela que presentó Uribe para tumbar esa decisión.
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Lo cierto, en cualquier caso, es que la Fiscalía está haciendo un trabajo que ya estaba hecho. Y comenzó a hacerlo el 4 de noviembre de 2020. Ese día, el fiscal Gabriel Jaimes ordenó “realizar diligencia de inspección al proceso que se sigue en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, que tiene como eje temático la conformación y actuar del grupo armado ilegal conocido como el Bloque Metro, a fin de recopilar copias de las diligencias, versiones y demás piezas procesales que se consideren relevantes para la investigación que se sigue en este despacho”. Esta misma inspección ya la había practicado la Corte Suprema, por orden del magistrado instructor César Reyes.
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El alto tribunal lo hizo, precisamente, por la importancia que tiene el Bloque Metro en la génesis de este caso. Juan Guillermo Monsalve —hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de los Uribe— y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero —excomandante del frente Cacique Pipintá del Bloque Metro—, declararon, primero ante Iván Cepeda, y luego ante la justicia, que las familias Uribe Vélez, Gallón y Villegas fundaron ese temido bloque paramilitar. Cepeda mostró sus testimonios en el Congreso en 2014, lo que le valió que Uribe saliera del Capitolio ese mismo día hacia la Corte Suprema a denunciarlo por manipulación de testigos.
No obstante, en febrero de 2018, la Corte se inhibió de investigar al senador del Polo y, casi de inmediato, le abrió una investigación al líder natural del Centro Democrático por la conducta que él mismo había denunciado. La hipótesis de la Corte fue que, entre el 16 y el 23 de febrero de 2018, abogados de Uribe buscaron a los testigos del caso y, al parecer, los presionaron para que cambiaran su versión y señalaran a Cepeda. Además, que el abogado Diego Cadena le dio dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, para que desprestigiara lo dicho por Pablo Hernán Sierra y dijera que Cepeda le estaba ofreciendo beneficios jurídicos por hablar contra Uribe.
Todo esto está explicado en el expediente que armó el magistrado Reyes, que aprobó la Sala de Instrucción de forma unánime cuando se ordenó la detención de Uribe el año pasado y que ahora tiene en su poder el ente investigador. No obstante, por orden del fiscal Jaimes, el pasado 25 de noviembre en el Tribunal de Medellín se realizó, de nuevo, una inspección a las voluminosas carpetas del Bloque Metro —solo la sentencia contra nueve integrantes tiene más de 2.200 páginas—. Y, además, la Fiscalía se llevó copias de entrevistas a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, el proceso contra Santiago Gallón Henao, un listado de las Convivir que hubo en Antioquia, el archivo sobre la convivir Cóndor, informes de despojo de tierras de este bloque y entrevistas a sus exmiembros.
La Fiscalía también inspeccionó recientemente el expediente contra los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, fundadores de la convivir El Cóndor, la piedra angular sobre la que creció el Bloque Metro, en el Nordeste antioqueño. Por otro lado, Jaimes ordenó inspeccionar el proceso contra Diego Cadena, exabogado de Uribe, quien está en juicio por fraude procesal y soborno. El pasado 18 de noviembre la diligencia se llevó a cabo y los investigadores se llevaron copias del interrogatorio que rindió Cadena, así como de las entrevistas que se les hicieron en ese proceso a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Elmo José Mármol, quienes recibieron visitas del abogado.
La lista de evidencias no acaba ahí. El fiscal del caso ordenó escuchar en declaración juramentada a, por lo menos, 26 testigos. La mayoría de ellos ya habían acudido a la Corte Suprema, pues la lista de quienes serán escuchados por la Fiscalía incluye al excongresista Álvaro Hernán Prada –procesado por los mismos delitos por los que es investigado Uribe- y exparamilitares como Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés, la exfiscal Hilda Niño, los abogados Jaime Lombana, María Mercedes Williamson y Diego Cadena y la esposa de Monsalve, entre otros. Pero también declararán cuatro personas que no oyó la Corte: el exministro Fabio Valencia Cossio, la abogada Ángela Milena López, Roque Arismendi y Juan Manuel Aguilar.
Hasta ahora, en todo el expediente no había sido nombrado el exministro Valencia Cossio, uribista purasangre y uno de los fundadores del Centro Democrático. López aparece mencionada como quien, supuestamente, redactó cartas de su puño y letra enviadas a la Corte en nombre de paramilitares, en las que se retractaban de dichos contra Uribe y señalaban, en su lugar, a Cepeda. Arismendi y Aguilar (hermano de Carlos Mario Aguilar, exjefe de la Oficina de Envigado), por su parte, son quienes hicieron el puente ente el expresidente y el exparamilitar Juan Carlos el Tuso Sierra, quien también escribió al alto tribunal diciendo que el senador Cepeda le ofreció beneficios a cambio de enlodar a Uribe.
Consultado por este diario, Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, dijo no conocer qué evidencias ha recopilado el ente investigador en estos meses, por el régimen penal del proceso (Ley 906). A renglón seguido, señaló que “es usual” que el fiscal del caso quiera ahondar en algún tema en particular, pues, además, “nadie ha dicho que la Corte haya hecho el trabajo completo y lo que más nos interesa es que el trabajo de la Fiscalía sea lo más completo posible”. Además, se sumó a una explicación que le dieron a este diario otros allegados al proceso: en cualquier camino que tome Jaimes sobre si llamar o no a juicio a Uribe, su decisión caerá bajo el control de un juez.
La atención sobre Monsalve
Entre las pruebas que consideró la Corte para ordenar la detención de Uribe el año pasado están las grabaciones de una conversación de febrero de 2018 entre el abogado Cadena, el testigo Monsalve y su compañero de celda en la cárcel La Picota, Enrique Pardo —a quien la Fiscalía escuchará de nuevo—. Sus interlocutores, que lo intentaban convencer de retractarse de lo que ha dicho sobre Uribe, no sabían que Monsalve los estaba grabando con un reloj especial. Ahora, una serie de pruebas que ordenó la Fiscalía buscan establecer cómo fue que el testigo llegó a ingresar ese reloj-grabadora a la prisión y si, por ejemplo, fue a través de su abogado Héctor Romero Agudelo.
A Monsalve, quien está recluido en una casa fiscal de La Picota por el peligro que corre su vida, le han encontrado alcohol, dispositivos electrónicos y lo han sorprendido en fiestas. En un operativo el año pasado, por ejemplo, el INPEC le encontró siete SIM cards, un computador y un celular, cuyo contenido ahora quiere obtener la Fiscalía, según las órdenes conocidas por este diario. Asimismo, el fiscal Jaimes ordenó inspecciones al INPEC para determinar si es cierto que a Monsalve lo iban a trasladar a la cárcel de Valledupar en 2017, como se ha dicho en medios; qué razones motivaron ese traslado en su momento y cuáles más lo detuvieron, pues el testigo ha permanecido en Bogotá.
Por último, Jaimes ordenó una inspección en la propia Fiscalía: al expediente que llevan la Dirección de Extinción de Dominio y la delegada para las Finanzas Criminales contra Juan Guillermo Monsalve por la presunta adquisición irregular del predio La Veranera. Se trata de una finca de 20 hectáreas en Apía (Risaralda) que, según el ente investigador, estaría avaluada en $560 millones, pero que, al parecer, pasó a ser de la pareja del testigo y de la madre de él por una cifra muchísimo menor: dos pagos de $27 millones. El ente investigador busca establecer de dónde salió el dinero e indaga si las mujeres tenían la capacidad económica para comprar el predio.