La controversia detrás del posible traslado del exfiscal Gustavo Moreno a Cespo
Aunque el general de la Policía manifestó su desacuerdo con que el exfiscal sea recluido en Cespo, al parecer, este lugar había sido elegido por un juzgado de control de garantías, cuando se aplicó el principio de oportunidad entre la Fiscalía y el exfuncionario.
La decisión sobre el lugar en el que purgará su condena el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, se convirtió en un lío. El exfuncionario, que completa una semana detenido el búnker de la Fiscalía, llegó deportado de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, luego de pagar una pena de 48 meses de prisión en ese país por conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.
Si bien en recientes declaraciones el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que se negará a prestar las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) como lugar de reclusión del exfiscal, al parecer, la idea de que el exfuncionario redimiera su condena en Cespo estuvo motivada por orden judicial y por solicitud de la misma Fiscalía.
Así se lee en la boleta de encarcelación del exfiscal Moreno, fechada del 4 de diciembre de 2020-día en el que regresó al país- y dirigida a Cespo, en la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá dispone “mantener privado de la libertad en esas instalaciones a órdenes de este despacho a Luis Gustavo Moreno”. (Lea también: Llegó deportado de EE.UU. el exfiscal Luis Gustavo Moreno)
El documento agrega que el exfiscal deberá permanecer detenido por los delitos de concusión –cuando un servidor público aprovecha su cargo para exigir dinero– y por utilización indebida de información privilegiada. Además, que Moreno deberá purgar la pena de 58 meses y 15 días de prisión fijada en sentencia del 7 de marzo de 2018.
Además, es clara la comunicación al indicar que el sentenciado deberá ser “trasladado y custodiado con todas las medidas de seguridad a Cespo (…) tal como fue señalado por el setenta y cinco penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá D.C. en la audiencia de aplicación del principio de oportunidad, adelantada entre el 30 de junio y 1 de julio de 2020, por el delito de cohecho”.
El Juzgado agrega que la determinación se tomó en consideración a que la Fiscalía anunció el grave peligro que corre el exfuncionario si es privado de la libertad en “La Picota” de Bogotá. “El director de Cespo deberá adoptar las medidas a que haya lugar, en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales al penado Luis Gustavo Moreno Rivera”, dice la boleta de encarcelación N°. 77 firmada por la jueza Ginna Coral.
Sin embargo, la misiva finaliza con una nota aclaratoria en la que se le indica al director de Cespo que “en caso de que el Inpec disponga el traslado de la PPL (persona privada de la liertad) a un establecimiento penitenciario formal, deberá informar de manera inmediata a esta sede judicial”. (Le puede interesar: Corte Suprema ratifica la condena contra Luis Gustavo Moreno)
Tres días después, el 7 de diciembre, el director general del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), brigadier general Norberto Mujica, le envió al general Atehortúa una solicitud de cupo en Cespo para Luis Gustavo Moreno, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la jueza en la boleta de encarcelación.
“Con toda atención me permito solicitar a mi General, tenga a bien disponer a quien corresponda sobre la viabilidad del cupo”, solicitó Mujica en ese momento. Sin embargo, ante la reciente respuesta de Atehortúa de que “Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión”, el director del Inpec dijo que desde un principio no estuvo de acuerdo con que Moreno llegara al Centro de Estudios.
“Tenemos a disposición 132 establecimientos del orden nacional para poderlo recluir donde ella (la jueza) indique”, dijo Mujica recientemente. Lo que llama la atención es que, aunque Cespo fue creado como centro de estudios, en los últimos años se ha convertido en el sitio donde exservidores públicos ajustan cuentas con la justicia. De hecho, allá se encuentra recluido el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, entre otros.
Lo cierto es que hasta la fecha, el exfiscal Gustavo Moreno continúa en el búnker de la Fiscalía a la espera de que se defina el lugar en el que permanecerá por los próximos cuatro años cumpliendo la condena impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el escándalo de corrupción llamado el cartel de la toga.
Se trata de una organización criminal compuesta por abogados y al parecer exmagistrados de la propia Corte, que direccionaba procesos de alto perfil a cambio de grandes sumas de dinero. Moreno fue condenado en el 2018 por los delitos de concusión. Dicha condena fue ratificada en julio de 2020 por la propia Corte.
La condena impuesta a Moreno, incluye una multa por 143.74 salarios mínimos legales mensuales. Y en la misma quedó expresamente señalado que el descuento de la pena solo empezaría a contar una vez definiera su situación jurídica en Estados Unidos. Moreno es testigo estrella en varios procesos que avanzan en la justicia colombiana por el llamado cartel de la toga.
Esto como producto de un acuerdo que el exfuncionario llegó con la Fiscalía General, razón por la cual recibió un descuento de la mitad de la pena. En ese sentido, Moreno es testigo en el juicio que avanza en la Corte Suprema contra Gustavo Malo Fernández (exmagistrado de ese alto tribunal); los expresidentes de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos; y en el proceso que se le sigue al exsenador Álvaro Ashton.
La decisión sobre el lugar en el que purgará su condena el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, se convirtió en un lío. El exfuncionario, que completa una semana detenido el búnker de la Fiscalía, llegó deportado de Estados Unidos el pasado 4 de diciembre, luego de pagar una pena de 48 meses de prisión en ese país por conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario.
Si bien en recientes declaraciones el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, aseguró que se negará a prestar las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (Cespo) como lugar de reclusión del exfiscal, al parecer, la idea de que el exfuncionario redimiera su condena en Cespo estuvo motivada por orden judicial y por solicitud de la misma Fiscalía.
Así se lee en la boleta de encarcelación del exfiscal Moreno, fechada del 4 de diciembre de 2020-día en el que regresó al país- y dirigida a Cespo, en la cual el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá dispone “mantener privado de la libertad en esas instalaciones a órdenes de este despacho a Luis Gustavo Moreno”. (Lea también: Llegó deportado de EE.UU. el exfiscal Luis Gustavo Moreno)
El documento agrega que el exfiscal deberá permanecer detenido por los delitos de concusión –cuando un servidor público aprovecha su cargo para exigir dinero– y por utilización indebida de información privilegiada. Además, que Moreno deberá purgar la pena de 58 meses y 15 días de prisión fijada en sentencia del 7 de marzo de 2018.
Además, es clara la comunicación al indicar que el sentenciado deberá ser “trasladado y custodiado con todas las medidas de seguridad a Cespo (…) tal como fue señalado por el setenta y cinco penal municipal con funciones de control de garantías de Bogotá D.C. en la audiencia de aplicación del principio de oportunidad, adelantada entre el 30 de junio y 1 de julio de 2020, por el delito de cohecho”.
El Juzgado agrega que la determinación se tomó en consideración a que la Fiscalía anunció el grave peligro que corre el exfuncionario si es privado de la libertad en “La Picota” de Bogotá. “El director de Cespo deberá adoptar las medidas a que haya lugar, en aras de preservar la seguridad y los derechos fundamentales al penado Luis Gustavo Moreno Rivera”, dice la boleta de encarcelación N°. 77 firmada por la jueza Ginna Coral.
Sin embargo, la misiva finaliza con una nota aclaratoria en la que se le indica al director de Cespo que “en caso de que el Inpec disponga el traslado de la PPL (persona privada de la liertad) a un establecimiento penitenciario formal, deberá informar de manera inmediata a esta sede judicial”. (Le puede interesar: Corte Suprema ratifica la condena contra Luis Gustavo Moreno)
Tres días después, el 7 de diciembre, el director general del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), brigadier general Norberto Mujica, le envió al general Atehortúa una solicitud de cupo en Cespo para Luis Gustavo Moreno, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la jueza en la boleta de encarcelación.
“Con toda atención me permito solicitar a mi General, tenga a bien disponer a quien corresponda sobre la viabilidad del cupo”, solicitó Mujica en ese momento. Sin embargo, ante la reciente respuesta de Atehortúa de que “Cespo es un instituto educativo de la Policía Nacional, no es un lugar de reclusión”, el director del Inpec dijo que desde un principio no estuvo de acuerdo con que Moreno llegara al Centro de Estudios.
“Tenemos a disposición 132 establecimientos del orden nacional para poderlo recluir donde ella (la jueza) indique”, dijo Mujica recientemente. Lo que llama la atención es que, aunque Cespo fue creado como centro de estudios, en los últimos años se ha convertido en el sitio donde exservidores públicos ajustan cuentas con la justicia. De hecho, allá se encuentra recluido el exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio de Luis Carlos Galán, entre otros.
Lo cierto es que hasta la fecha, el exfiscal Gustavo Moreno continúa en el búnker de la Fiscalía a la espera de que se defina el lugar en el que permanecerá por los próximos cuatro años cumpliendo la condena impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el escándalo de corrupción llamado el cartel de la toga.
Se trata de una organización criminal compuesta por abogados y al parecer exmagistrados de la propia Corte, que direccionaba procesos de alto perfil a cambio de grandes sumas de dinero. Moreno fue condenado en el 2018 por los delitos de concusión. Dicha condena fue ratificada en julio de 2020 por la propia Corte.
La condena impuesta a Moreno, incluye una multa por 143.74 salarios mínimos legales mensuales. Y en la misma quedó expresamente señalado que el descuento de la pena solo empezaría a contar una vez definiera su situación jurídica en Estados Unidos. Moreno es testigo estrella en varios procesos que avanzan en la justicia colombiana por el llamado cartel de la toga.
Esto como producto de un acuerdo que el exfuncionario llegó con la Fiscalía General, razón por la cual recibió un descuento de la mitad de la pena. En ese sentido, Moreno es testigo en el juicio que avanza en la Corte Suprema contra Gustavo Malo Fernández (exmagistrado de ese alto tribunal); los expresidentes de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos; y en el proceso que se le sigue al exsenador Álvaro Ashton.