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Hace unos días, cuando la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dio una rueda de prensa virtual tras la expedición del decreto de excarcelaciones masivas, hacía énfasis en que solo una cárcel del país tenía registrados casos del nuevo coronavirus. Ese panorama acaba de cambiar: en la cárcel La Picota, ubicada al sur de Bogotá, se confirmó que dos reclusos están también contagiados. (Hospital Departamental de Chocó cierra parcialmente por coronavirus entre personal de salud)
En esta prisión adecuaron los espacios donde se reciben usualmente a los abogados para aislar por 14 días a todos los que llegaran desde el exterior, y fue en ese lugar donde acomodaron a los dos presos que están contagiados. Llegaron de Villavicencio como medida disciplinaria, pues se habían involucrado en riñas, un tema que puede poner en riesgo a todo un pabellón.
Haber establecido el protocolo de aislamiento para personas que llegaran de otros centros penitenciarios, como se hizo en este caso, podría ayudar a que la COVID-19 no cause un contagio masivo dentro La Picota. Allí, donde hay 9.232 internos y un hacinamiento del 53 % según estadísticas del Inpec, un escenario de contagio sería mucho peor que en Villavicencio, en donde están recluidos 1.783 hombres, con una sobrepoblación del 98 %. (“Tardío” e “ineficaz”: así califican expertos decreto de excarcelaciones por COVID-19)
Desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus en Colombia, cuyo primer caso se confirmó el pasado 6 de marzo con una estudiante que llegó de Italia, se temía por las consecuencias que esta enfermedad pudiera generar en las cárceles. El hacinamiento presente en casi todas las 132 que hay en el país -solo dos no están a tope- hacía imposible que los presos conservaran la distancia que ha recomendado la OMS: unos dos metros de persona a persona.
El pasado 21 de marzo, presos de varios centros del país protagonizaron protestas, disturbios y motines. Exigían condiciones más favorables para ellos, que garantizaran que los lugares que los albergan se convertirían en foco de contagio. Organizaciones de derechos humanos hicieron lo propio. Incluso, el senador Iván Cepeda y el exdiputado Sigifredo López le pidieron a la Comisión Interamericana de DD.HH. que interviniera, alegando que el Estado colombiano no hacía lo suficiente por sus reclusos. (El contrato de la USPEC para aislar presos en carpas por COVID-19)
Ese 21 de marzo, la cárcel Modelo de Bogotá terminó con el peor de los resultados: 23 reclusos murieron en los disturbios. La ministra Margarita Cabello y el director del Inpec, general Norberto Mujica, aseguraron que se trató de un intento de fuga. La Fiscalía creó un equipo especial para investigar el episodio y, el domingo pasado, el fiscal Francisco Barbosa anunció que una de las personas detrás de las revueltas fue Henry Castallenos Garzón, alias Romaña, exjefe de las Farc y disidente del Acuero de Paz.
Desde entonces, múltiples voces exigieron al Gobierno decretar la emergencia carcelaria -lo que ocurrió el 23 de marzo- y autorizar excarcelaciones masivas, con el fin de que las prisiones se despoblaran un poco y fuera más fácil tomar medidas sanitarias, especialmente la de mantener distancia los unos de los otros. Este decreto, que se expidió el pasado 14 de abril, llegó "tarde" y hará poco, dijeron expertos a este diario.
"El hacinamiento carcelario implica un riesgo enorme frente al COVID-19 pues impide el aislamiento social, que es necesario para reducir el contagio. Basta entonces que llegue el coronavirus a un centro penitenciario para que todos los internos de esa cárcel estén en peligro", decía el domingo pasado Rodrigo Uprimny en las páginas de opinión de este diario. "Ahora que existe el riesgo de que el virus se expanda al interior de nuestras cárceles, surge la preocupación por su hacinamiento", resaltaba hace unos días, en el mismo espacio, el exministro Yesid Reyes.
En Villavicencio, la que fue hasta hoy 18 de abril la primera cárcel con casos de nuevo coronavirus confirmados, este asunto se ha tornado dramático. El viernes de la semana pasada se supo del primer contagio: un hombre de 63 años que murió el 5 de abril pasado. Recién había recuperado su libertad. Casi de inmediato se supo que otro interno, de 78 años, había muerto dos días después, el 7 de abril, también por COVID-19. En una semana, esa prisión pasó de dos a 23 contagios: van tres personas muertas y el alcalde de la ciudad pide a gritos pruebas masivas para atajar el problema.