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Luego de que el expresidente Uribe presentó públicamente su propuesta de “referendo popular”, en la que, entre otras, insiste “reformar de fondo”, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunciaron sobre el papel de la JEP. El vicefiscal de este organismo internacional, James Stewart y la jueza Luz Ibañez Carranza, durante el encuentro “Impacto de los tribunales internacional de jurisdicción subsidiaria” señalaron que esta justicia especial puede convertirse en un modelo referente en el mundo.
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Los dos miembros de la CPI también comentaron que la JEP y la justicia de este organismo internacional, no chocan entre si y manifestaro que si se trabaja de manera articulada, “Colombia no solo logrará perfeccionar un modelo que busca investigar y enjuiciar a los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto, sino que terminará siendo referente para el mundo. Stewart dijo que Colombia terminó siendo pionero en el diseño de un sistema “para lidiar con el legado de violaciones graves a los Derechos Humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación”.
Por su parte, la jueza Luz Ibañez Carranza, de la Corte Penal Internacional, dijo que “ambas jurisdicciones buscan un mismo fin y se deben apoyar en sus esfuerzos. Eso es lo que hemos visto entre las cortes de Bosnia, que se vieron complementadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia”.
El vicefiscal Stewart señaló que “cuando se crea la JEP, las autoridades desarrollan un sistema de rendición de cuentas que puede lidiar con ese gran universo de crímenes. Esta es la forma en que una nueva jurisdicción sanciona conductas que de otro modo podrían ser competencia de la CPI (...) El examen lleva tiempo porque entendemos lo que implica la investigación y enjuiciamiento de conjuntos completos de delitos que involucran a una variedad de actores”.
Uribe propuso este fin de semana frente a la JEP que sus funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria, “pero se mantienen los beneficios judiciales” y se reducirían los periodos de los actuales magistrados. A esto se suman “garantías judiciales” para los integrantes de la Fuerza Pública, quienes contarían con una sala especial, “con magistrados imparciales que conozcan sus protocolos, estructura de mando y reglas operacionales”. Por si fuera poco, se propone que los uniformados que hayan cometido delitos antes del 1 de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido cinco años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional.