El exgobernador y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba (FGC), Benito Osorio, condenado por delitos relacionados a sus nexos con el paramilitarismo, quedó en libertad por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que valoró su colaboración. Entre las declaraciones que ha rendido señaló que el ganadero José Félix Lafaurie, esposo de la senadora María Fernanda Cabal, le pidió al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso que financiara la campaña de Mario Iguarán para que llegara a ser fiscal general. Según el testimonio de Osorio, esto habría ocurrido en 2005.
#NCInvestiga | Declaraciones de Benito Osorio salpican a José Félix Lafaurie.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 18, 2022
Dijo que el ganadero habría intentado que Mancuso apoyara la candidatura de Mario Iguarán para ser fiscal y que la gestión habría sido compensada con un nombramiento para Cabal https://t.co/hhdzZvAkvG pic.twitter.com/jhHb0wzcV6
De acuerdo con las declaraciones reveladas por Noticias Caracol, Osorio le manifestó a la JEP que, en junio de 2005, Lafaurie, actual presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), le pidió que lo recogiera en el aeropuerto Los Garzones de Montería (Córdoba), porque, según Osorio, Lafaurie tenía una reunión con el exparamilitar Mancuso. En su declaración, el exgobernador de Córdoba sostuvo que el sitio pactado para el encuentro fue la casa de Mancuso, en la cual vivió con su exesposa, Marta Dereix, en el barrio La Castellana.
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Lo dicho esta vez por Osorio amplía lo que ya había mencionado el mismo Mancuso ante los Tribunales de Justicia y Paz, en los que ya se había referido a su relación con Lafaurie. Según declaró Osorio, el ganadero le dijo a Mancuso que iba de parte del Gobierno, específicamente de parte de Sabas Pretelt de la Vega, quien entonces era ministro del Interior. En 2015, Pretelt fue condenado por dádivas entregadas a la representante a la Cámara Yidis Medina en medio de una reforma constitucional, que permitió la reelección del expresidente Uribe en 2006.
El encuentro entre Lafaurie y Mancuso, aseguró Osorio, tenía como finalidad convencer al exjefe paramilitar de que financiara la campaña de Mario Iguarán para que fuera fiscal general. Según el exgobernador, uno de los argumentos que usó el ganadero para convencer a Mancuso fue que, si Iguarán era elegido, sería mucho más benéfico para ellos, refiriéndose a los casos de los paramilitares que llegaran a Justicia y Paz. Adicionalmente, Lafaurie habría entregado al exjefe paramilitar el nombre y contacto de los miembros que elegirían al nuevo fiscal, para que Mancuso los presionara.
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Aproximadamente un mes después, dijo Osorio, se volvieron a cruzar Lafaurie y Mancuso, encuentro en el que el ganadero le volvió a insistir con la ayuda para que Iguarán fuera elegido como fiscal y que él “sería más benévolo para las autodefensas”. En el testimonio que el exgobernador le dio a la JEP, dice que, a su parecer, el exfiscal Mario Iguarán sí conocía del supuesto plan de Lafaurie para que Salvatore Mancuso, ya desmovilizado, le ayudara en la campaña.
Cuando Mario Iguarán fue elegido fiscal general, según Osorio, como agradecimiento nombraron a la hoy senadora María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Asimismo, el exgobernador señaló que Jorge Pretelt, quien perdió contra Iguarán en esa ocasión, también tendría nexos con los paramilitares. De acuerdo con lo manifestado por Osorio, estaría vinculado con Salvatore Mancuso y la casa Castaño.
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En los testimonios que Osorio ha rendido ante la JEP, también manifestó que Lafaurie fue apoyado no solo por Mancuso, sino también por el exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte, y por otros jefes paramilitares de la zona. Asimismo, dijo que el hoy presidente de Fedegan conocía de los planes que tenían los paras con el FGC para adquirir terrenos en el departamento.
Hace un par de semanas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada al exgobernador de Córdoba. Osorio Villadiego había sido condenado el 30 de abril de 2015 a la pena de 19 años, 6 meses y 9 días de prisión, así como a una multa económica de 25.789 salarios mínimos mensuales, equivalentes que debían ser pagados a la Unidad de Víctimas (UARIV).
Esto, porque había sido encontrado responsable de los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; lavado de activos agravado; testaferrato y concierto para delinquir. Todo, por los nexos con paramilitares sobre los que hoy está encendiendo el ventilador.
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