La declaración que dio pie a investigación contra Zapateiro por peculado

“Con conocimiento del comandante, se gastaba”, aseguró en indagatoria un oficial del Ejército, en una declaración que se volvió la génesis de un proceso contra el general Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, por posibles hechos de corrupción. El expediente se remonta a cuando el saliente jefe de la fuerza era comandante de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga, entre 2014 y 2015. Al parecer, con anuencia de Zapateiro, millones que debían ir a una cuenta bancaria específica terminaron pagando almuerzos y chips de teléfono.

“Con conocimiento del comandante, se gastaba”, aseguró en indagatoria un oficial del Ejército, en una declaración que se volvió la génesis de un proceso contra el general Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, por posibles hechos de corrupción. El expediente se remonta a cuando el saliente jefe de la fuerza era comandante de la Quinta Brigada, con sede en Bucaramanga, entre 2014 y 2015. Al parecer, con anuencia de Zapateiro, millones que debían ir a una cuenta bancaria específica terminaron pagando almuerzos y chips de teléfono.

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“Todos sabían”, le dijo a la justicia en indagatoria el coronel (r) Juan Carlos Buitrago, quien era oficial logístico de la Quinta Brigada. El propio Ejército levantó las sospechas de que había millonarios recursos que debían entrar a esa unidad militar pero no estaban ingresando, lo que llevó a que se abriera una indagación, en abril de 2016, en el Juzgado 34 de la Justicia Penal Militar. La jueza al frente de la investigación, que ha denunciado presiones en los últimos meses, encontró que había señales de un posible desfalco y llamó a indagatoria a Buitrago en 2019. Se declaró inocente, pero su testimonio fue de tal gravedad que dio para que la jueza pidiera investigar a Zapateiro.

Ahora la indagatoria de Buitrago forma parte del grueso expediente de más de 41 folios que reposa en la Corte Suprema de Justicia. Los documentos financieros, declaraciones y otras pruebas dan cuenta de una posible desviación de recursos que recibía la Quinta Brigada del Ejército por prestarles a privados el servicio de escolta para trasladar explosivos. Aunque aún está por determinarse de cuánto podría ser el desfalco, lo cierto es que el nombre del general Eduardo Zapateiro es mencionado, una y otra vez, en la versión que le dio el coronel Buitrago a la justicia. En una parte dijo: “Creo que mi general Zapateiro sabía”.

El servicio de escolta, que está en el meollo del asunto, consiste en que un pelotón transporta explosivos o material de uso reservado a depósitos donde finalmente los contratistas los usan de manera legal. Por lo general, las organizaciones que solicitan este servicio son mineras. El Ejército tiene muy claro cómo deben moverse los uniformados y cómo ese dinero debe llegar a las arcas de la institución. La directiva vigente sobre este tema (0239 de mayo de 2015) explícitamente dice que los dineros se deben consignar en una cuenta bancaria del Fondo Interno de la Brigada y que bajo ningún motivo se pueden realizar pagos en efectivo.

Con eso claro, una de las primeras cosas que hizo el despacho fue determinar qué empresas habían contratado los servicios de escolta de la Quinta Brigada. Luego, estudió la información financiera que le remitieron las empresas. Algunas daban fe de consignaciones a cuentas bancarias; otras más dijeron que entregaron sumas en efectivo y tenían recibos de caja firmados por el coronel Buitrago como oficial logístico; es decir, habría hecho lo que estaba prohibido. Ya encendidas las alarmas ante tanta evidencia, la jueza militar vinculó al coronel Buitrago a una investigación formal, por medio de una indagatoria.

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En la diligencia que reposa en la Corte Suprema, que conoció El Espectador, el oficial del Ejército dijo que los montos y la forma de los pago se hacían como acordaran las empresas contratistas con el coronel Jaime Humberto Ponguta, jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada, quien también está siendo investigado por estos hechos. Buitrago reconoció que algunos de los dineros que ingresaban “no fueron consignados al Fondo Interno de la Unidad y fueron utilizados en otras actividades”. Después de ello, según la versión de Buitrago, él únicamente era informado sobre el monto que tenía que recibir y en qué gastarlo.

Así lo dijo: “A órdenes del jefe de Estado Mayor —el coronel (r) Ponguta— y con conocimiento del comandante de la brigada —general Eduardo Zapateiro— [los recursos] se gastaban en necesidades de la Brigada”. Cuando le preguntaron cuáles eran esas necesidades, dio una lista completa de las cosas que, según él, pagaron con ese dinero: “Apoyo de pago de información, recargas de celulares de informantes, necesidades del comandante de la Brigada, atenciones del comando, mejoras para los vehículos de ellos, chips de peajes, almuerzos, teléfonos de los comandantes, accesorios de limpiar los carros y más, que no recuerdo ahora”.

Con base en esa declaración, la jueza identificó dos posibles irregularidades: la primera es que el dinero no fue consignado en la cuenta bancaria del Fondo Interno de la Brigada. La segunda, que los recursos fueron usados para fines distintos a los establecidos. Además, en la indagatoria, el coronel (r) Buitrago insistió que el general Zapateiro y el coronel (r) Ponguta eran los responsables de las órdenes, tanto militares como administrativas, que se daban en el servicio de escolta de explosivos que, además, era ejecutado por dos coroneles más, quienes tenían un pelotón a su disposición.

Buitrago reconoció que, más de una vez, firmó recibos de caja por ese servicio, pero negó haberse apropiado de algún dinero; de ahí que entregara al despacho de la Justicia Penal Militar copias de esos documentos. “Quiero decirle que muchas veces le dije al jefe de Estado Mayor que este no era el proceder y que esto debía entrar al Fondo Interno. Él me decía que eran unas deudas que había dejado el antiguo comandante de la Brigada y que había que asumirlas, y por eso lo ponen a él como jefe de Estado Mayor”, reseña la declaración de más de diez páginas en la que añadió que “todos sabían” de esa situación.

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La jueza increpó al oficial y le preguntó si, al advertir posibles irregularidades, había hablado con alguien. Buitrago contestó: “Todos sabían. Morales, el ordenador del gasto; un capitán que manejaba el cuatro del BASPC5, superior de Ponguta. Yo creo que mi general Zapateiro sabía”. Además, el entonces oficial logístico le entregó al despacho varias hojas con las órdenes verbales y escritas que recibía por parte del jefe de Estado Mayor, en un aparente conocimiento del comandante de la Brigada —general Eduardo Zapateiro— sobre pagos y necesidades de la unidad militar.

La compulsa contra Zapateiro

Cuando la diligencia iba culminando, el coronel (r) Buitrago tuvo la oportunidad de defenderse: “[Me declaro] inocente. Yo no me apropié de ningún dinero; todos los dineros que recibí fueron destinados por el jefe de Estado Mayor, en conocimiento del jefe de la Brigada y anexando todos los soportes. También quiero dejar constancia que cuando recibo el cargo, se lo recibo al sargento Peñaloza con una deuda de $101’261.958 del antiguo comandante de la Brigada”. Pero sus declaraciones fueron suficientes para que se le compulsaran copias ante la Corte Suprema al general Zapateiro.

En su momento, Buitrago dijo que temía por su puesto, por su labor como oficial “y por mi familia, que pueda haber retaliaciones”; pero añadió: “Seguiré queriendo al Ejército y donde me pongan trabajaré sin problemas”. Diez meses después el coronel fue retirado de la institución. El proceso judicial en su contra continúa y lo enfrenta en libertad, igual que el coronel (r) Humberto Pongutá. Este diario los consultó a ambos sobre su mención en este expediente, pero prefirieron no dar declaraciones. En su indagatoria, Ponguta guardó silencio, pero en el expediente hay información de la investigación disciplinaria en su contra por estos mismos hechos.

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Allí aseguró que las consignaciones a otras cuentas las hizo para saldar deudas de la Quinta Brigada. No obstante, el despacho dijo que esa no era una justificación. “Los dos, con su vasto tiempo en la institución y con los cargos que ostentaban para el momento, y por su manual de funciones, tenían el deber de conocer cómo funcionaba el ingreso de dineros provenientes de escoltas”, les cuestionó la jueza militar a Buitrago y Ponguta. El expediente consigna que dos de las más de diez empresas pagaron por servicios de escolta alrededor de $70 millones en efectivo. El resto de pagos, al parecer, los hicieron a cuentas bancarias de terceros, de las que aún se desconoce el nombre del titular.

Además, el expediente que ahora está en poder de la Corte Suprema reprocha: “Toda esta serie de irregularidades en el manejo de los dineros provenientes de escoltas debió, por supuesto, ser evitada por parte de quienes tienen el control de dichas actividades del servicio; si la directiva que ordenaba el manejo de las escoltas indicaba que la consignación era únicamente a la cuenta del Fondo Interno, así se debió ejecutar y bajo ninguna circunstancia se puede justificar el ingreso de estos dineros, bien sea para otros pagos y mucho menos para el pago de deudas previamente adquiridas por la administración de la Brigada”.

Respecto del general Zapateiro el documento resalta: “Sobre quiénes conocían o no de los hechos, y si la misma salió de una orden del comandante de la Brigada, este es un asunto que deberá dilucidar la Corte Suprema de Justicia”. Este diario conoció que el último movimiento que tuvo el proceso allí fue que la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte envió una petición a la Quinta Brigada y otras dependencias para verificar los dineros recibidos por el servicio de escoltas entre 2014 y 2015. Así, en medio de los roces de Zapateiro con el nuevo gobierno, a los planes que tenga tras su salida de la comandancia del Ejército se les podría atravesar esta investigación.