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                                                                                                                                  La defensa de la Cancillería para tumbarle la demanda a Thomas Greg

                                                                                                                                  El Espectador conoció pilares de la defensa de la Cancillería con la que peleará contra el inversionista Thomas Greg & Sons, por la demanda de $116.000 millones por el lío de pasaportes. Según las pruebas recaudadas, Álvaro Leyva frenó, en seco, una licitación que favorecería únicamente a esa empresa.

                                                                                                                                  Jhoan Sebastian Cote

                                                                                                                                  Periodista Judicial

                                                                                                                                  @SebasCote95 / jcote@elespectador.com

                                                                                                                                  Ministro de Relaciones Exteriores, en debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado.
                                                                                                                                  Foto: Óscar Pérez
                                                                                                                                  PUBLICIDAD

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                                                                                                                                  Gracias por ser nuestro usuario. Apreciado lector, te invitamos a suscribirte a uno de nuestros planes para continuar disfrutando de este contenido exclusivo.El Espectador, el valor de la información.

                                                                                                                                  Ministro de Relaciones Exteriores, en debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado.
                                                                                                                                  Foto: Óscar Pérez
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                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  El Espectador conoció que tiene argumentos para defenderse y, algunos de ellos, se encuentran en la biblia de la contratación pública en Colombia: la Ley 80 de 1993, conocida como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Según el principio de transparencia, entidades nacionales como la Cancillería, al momento de publicar una licitación, debe dejar claro su pliego de condiciones a un grupo de interesados que, en el mejor de los casos deben ser dos o más empresas o conjuntos de empresas, para garantizar esa condición de convocatoria abierta. La Cancillería peleará que, como lo establece un parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, las condiciones deben ser justas, claras y objetivas, para evitar “las declaratorias de desierta de la licitación”. Es decir, que frenar el proceso, tal como lo hizo Leyva, era lo conveniente para evitar que resultara vulnerado el principio de transparencia.

                                                                                                                                  Según las observaciones de las empresas interesadas en la licitación, no cabía duda de que el proceso parecía estar a la medida de Thomas Greg. En palabras de Smurfit Kappa, uno de esos primeros oferentes,: “Las especificaciones son extremadamente restrictivas”, señaló el inversionista que le hace los pasaportes a irlandeses y tanzanos. Accesos Holográficos Colombia, por su parte, criticó que la Cancillería quisiera entregar un puntaje a los oferentes que entregaran un tercer chip en los pasaportes, que permitieran almacenar información biográfica y biométrica. Según la empresa, la creación de este chip, en general, demora hasta cuatro meses, por lo cual hubiese sido imposible presentarlo a tiempo en un pasaporte genérico de ejemplo, o en los dos meses que hubiese tenido la empresa para empezar a ejecutar la licitación.

                                                                                                                                  Read more!
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                                                                                                                                  De otro lado, la Cancillería peleará que el artículo 25 de ese manual de la contratación permite a las entidades frenar en seco licitaciones, bajo el principio de economía. Asimismo, según se explica en el artículo 30, el Estado le otorga facultades al “jefe de la entidad” para declarar desierta una licitación, si lo encuentra conveniente y antes de la adjudicación del contrato. La Cancillería contará con las observaciones de los interesados, quienes, en general, reprocharon que, antes de la intervención de Leyva, se les iba a otorgar un número considerable de puntos, dependiendo de si contaban con una fábrica de impresión de pasaportes en Bogotá. Es decir, los interesados debían invertir en todo un edificio para, al menos, presentarse. Thomas Greg ya contaba con esa fábrica.

                                                                                                                                  Así lo muestra esta imagen del pliego de condiciones de la licitación declarada desierta por Leyva:

                                                                                                                                  Foto: SECOP

                                                                                                                                  Y no solo eso, además, la Cancillería estaba entregando una mayor cantidad de puntos al oferente que tuviera una planta de impresión y personalización de pasaportes de contingencia que estuviese ubicada en América del Norte, como la que tiene Thomas Greg. El ministro Leyva dejó claro al momento de cerrar el proceso de contratación que probablemente la manera en la que se planeó y se gestionó la licitación terminó favoreciendo en exclusiva a Thomas Greg. Un recorrido en el que, incluso, Leyva le pidió a la Fiscalía investigar, como pasó en julio pasado. Con ambos argumentos, la defensa de la Cancillería está lista para probar por qué el canciller no se equivocó ni violó ningún derecho. Todo lo contrario: las reglas de la contratación le habrían permitido que frenara la licitación.

                                                                                                                                  En contexto: Los pormenores de una demanda que tiene en aprietos a la Cancillería

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  Foto: SECOP

                                                                                                                                  En una de las adendas del proceso de licitación, a la vista en la plataforma SECOP II y del 6 de julio de 2023, el mismo ministerio reconoció que los otros oferentes estaban incómodos con el proceso.

                                                                                                                                  Foto: SECOP
                                                                                                                                  No ad for you

                                                                                                                                  Otra de las quejas de la unión temporal Libretas 2023 es que la empresa que se ganara la licitación iba a tener un plazo de dos meses para la implementación del proyecto. “En este tiempo resulta IMPOSIBLE hacerlo para cualquier oferente distinto del proveedor consuetudinario”, dejó por escrito. Y en sus conclusiones señaló: “De nuevo, la entidad acomete una licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural en igualdad de condiciones”. El actual contratista referido era Thomas Greg, al parecer, el único capaz de cumplir con los plazos dispuestos por la Cancillería, antes de que Leyva interviniera. Prueba de ello es que el Ministerio pudo firmar un contrato de urgencia manifiesta con Thomas Greg, para que los colombianos no se queden sin pasaportes mientras se soluciona todo este lío.

                                                                                                                                  Lea también: Ya está listo el pliego de requisitos para la nueva licitación de pasaportes

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  No ad for you

                                                                                                                                  La demanda de Thomas Greg, firma subsidiaria de una empresa británica, con presencia en más de 12 países, está en el despacho de la magistrada Bertha Ceballos, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El inversionista pretende, entre otras cosas, que le sea adjudicado el contrato, que va hasta julio de 2026, pues la Cancillería no tuvo argumentos jurídicos para declarar desierta la licitación, en septiembre del año pasado. Si no le hacen caso, considera que puede cobrar la multimillonaria cifra por el daño reputacional y la plata que dejaron de recibir a raíz de una decisión que únicamente tomó Leyva. El ministro Leyva canceló la licitación, contrario a lo que le recomendaba la Contraloría, el Comité de Contratación de la misma Cancillería y hasta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

                                                                                                                                  No ad for you

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                                                                                                                                  Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

                                                                                                                                  Por Jhoan Sebastian Cote

                                                                                                                                  Comunicador social con énfasis en periodismo y producción radiofónica de la Pontificia Universidad Javeriana. Formación como periodista judicial, con habilidades en cultura, deportes e historia. Creador de pódcast, periodismo narrativo y actualidad noticiosa.@SebasCote95jcote@elespectador.com

                                                                                                                                  Por @SebasCote95 / jcote@elespectador.com

                                                                                                                                  Ver todas las noticias
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