La demanda que pretende proteger a quienes denuncian violencia sexual en Colombia

La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda que pretende modificar un artículo del Código Penal, para ampliar las posibilidades de defensa de quienes denuncian hechos de violencia sexual. El artículo 224 exime de responsabilidad penal a toda persona procesada por injuria y calumnia, siempre y cuando aporte pruebas sobre los hechos que está denunciando públicamente o ante la justicia. El problema, según la demanda, es que el inciso segundo de ese artículo impide el aporte de pruebas de quienes se defienden de denuncias por injuria y calumnia, en hechos relacionados con violencia sexual.

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La organización El Veinte, un grupo de profesionales defensores de la libertad de expresión, presentaron la demanda para que tumbar el inciso segundo de esa norma. En palabras de la organización, impedir que se aporten pruebas en casos de violencia sexual restringe el derecho de las personas a denunciar ese tipo de vejámenes, por miedo a terminar siendo denunciados por injuria y calumnia. Para El Veinte, es abiertamente contrario a la Constitución. Señalan, por ejemplo, que un periodista podría aportar pruebas en revelaciones de corrupción, pero no de violencia sexual.

“En el ejemplo clásico de periodismo de investigación, en el cual denuncian corrupción, un periodista simplemente expone las pruebas que tiene de que hubo tales conductas y con eso ya sería suficiente para absolverlo. En este caso no. Es que uno no puede decir: yo tengo las pruebas de que me violaron. No las puede aportar porque No se las va a valer el juez, dado que esta norma no se lo permite”, agrega.

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Según Vargas, actualmente “el acosador, o presunto acosador, puede denunciar a esta persona por injuria y calumnia diciendo que está intentando vulnerar su buen nombre”. Con la norma, así las víctimas tenga las pruebas para defenderse y comprobar la veracidad de lo que dice, un juez no va a aceptarlas porque la ley no lo permite. “Básicamente, la única defensa que tienen estas personas es decir ‘yo no lo dije, yo no fui la persona que dijo esto’ o retractarse, o no hablar. Eso termina haciendo que la gente se silencie sobre estos temas”, concluyó Vargas.

Una de las motivaciones para presentar esta demanda, según Emanuel Vargas, es que “existe una tendencia global, y en Colombia, de comenzar a denunciar este tipo de casos”. Con la posibilidad de que el denunciante de un hecho de violencia sexual vaya a la cárcel por injuria o calumnia, muchos, según Vargas, guardan silencio, por lo cual, la demanda se hace para que existan garantías y que estas personas puedan denunciar públicamente los hechos.

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Para la organización demandante, el hecho de que la ley presente una serie de trabas en este tipo de denuncias tiene que ver, en sus palabras, con la costumbre de la sociedad de guardar silencio sobre temas que tendían a mantenerse en el ámbito privado. “Yo creo que en el pasado se pensaba que los temas sexuales o los temas de violencia intrafamiliar, que son temas que también están afectados por esta norma, eran asuntos que se resolvían en el hogar y que no le tenían que interesar a la sociedad ni a la ley, sino que eran cosas que se resolvían en el hogar”, manifiesta Vargas.

El demandante agrega que en los últimos años se han tenido avances en el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer y contra la violencia sexual, por lo cual, a su parecer, deben existir más garantías para seguir denunciando este tipo de conductas. “Debemos hablar de estos temas públicamente, hay que reconocer en sociedad que existe acoso sexual y violencia intrafamiliar. Esos temas deben ser discutidos para que exista rechazo, para que exista reflexión y ojalá para que lleven a que no se vuelvan a repetir”, asegura el codirector de la organización.

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En este tipo de casos, según el demandante, la justicia penal juega un rol muy importante para evitar que se repitan u ocurran, pero también, según Vargas, es importante que haya una conversación pública “sobre los contextos que llevan a que sucedan o qué se puede hacer para que dejen de suceder y pues para eso es importante que se conozcan los casos y se sepa qué fue lo que pasó y también es importante para que haya un reconocimiento de que hay violencia”. El silencio, dice Vargas, “se vuelve un privilegio para la persona que cometió el abuso, eso también se vuelve un incentivo para abusar”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Corte Constitucional admitió para estudio una demanda que pretende modificar un artículo del Código Penal, para ampliar las posibilidades de defensa de quienes denuncian hechos de violencia sexual. El artículo 224 exime de responsabilidad penal a toda persona procesada por injuria y calumnia, siempre y cuando aporte pruebas sobre los hechos que está denunciando públicamente o ante la justicia. El problema, según la demanda, es que el inciso segundo de ese artículo impide el aporte de pruebas de quienes se defienden de denuncias por injuria y calumnia, en hechos relacionados con violencia sexual.

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La organización El Veinte, un grupo de profesionales defensores de la libertad de expresión, presentaron la demanda para que tumbar el inciso segundo de esa norma. En palabras de la organización, impedir que se aporten pruebas en casos de violencia sexual restringe el derecho de las personas a denunciar ese tipo de vejámenes, por miedo a terminar siendo denunciados por injuria y calumnia. Para El Veinte, es abiertamente contrario a la Constitución. Señalan, por ejemplo, que un periodista podría aportar pruebas en revelaciones de corrupción, pero no de violencia sexual.

“En el ejemplo clásico de periodismo de investigación, en el cual denuncian corrupción, un periodista simplemente expone las pruebas que tiene de que hubo tales conductas y con eso ya sería suficiente para absolverlo. En este caso no. Es que uno no puede decir: yo tengo las pruebas de que me violaron. No las puede aportar porque No se las va a valer el juez, dado que esta norma no se lo permite”, agrega.

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Según Vargas, actualmente “el acosador, o presunto acosador, puede denunciar a esta persona por injuria y calumnia diciendo que está intentando vulnerar su buen nombre”. Con la norma, así las víctimas tenga las pruebas para defenderse y comprobar la veracidad de lo que dice, un juez no va a aceptarlas porque la ley no lo permite. “Básicamente, la única defensa que tienen estas personas es decir ‘yo no lo dije, yo no fui la persona que dijo esto’ o retractarse, o no hablar. Eso termina haciendo que la gente se silencie sobre estos temas”, concluyó Vargas.

Una de las motivaciones para presentar esta demanda, según Emanuel Vargas, es que “existe una tendencia global, y en Colombia, de comenzar a denunciar este tipo de casos”. Con la posibilidad de que el denunciante de un hecho de violencia sexual vaya a la cárcel por injuria o calumnia, muchos, según Vargas, guardan silencio, por lo cual, la demanda se hace para que existan garantías y que estas personas puedan denunciar públicamente los hechos.

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Para la organización demandante, el hecho de que la ley presente una serie de trabas en este tipo de denuncias tiene que ver, en sus palabras, con la costumbre de la sociedad de guardar silencio sobre temas que tendían a mantenerse en el ámbito privado. “Yo creo que en el pasado se pensaba que los temas sexuales o los temas de violencia intrafamiliar, que son temas que también están afectados por esta norma, eran asuntos que se resolvían en el hogar y que no le tenían que interesar a la sociedad ni a la ley, sino que eran cosas que se resolvían en el hogar”, manifiesta Vargas.

El demandante agrega que en los últimos años se han tenido avances en el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer y contra la violencia sexual, por lo cual, a su parecer, deben existir más garantías para seguir denunciando este tipo de conductas. “Debemos hablar de estos temas públicamente, hay que reconocer en sociedad que existe acoso sexual y violencia intrafamiliar. Esos temas deben ser discutidos para que exista rechazo, para que exista reflexión y ojalá para que lleven a que no se vuelvan a repetir”, asegura el codirector de la organización.

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En este tipo de casos, según el demandante, la justicia penal juega un rol muy importante para evitar que se repitan u ocurran, pero también, según Vargas, es importante que haya una conversación pública “sobre los contextos que llevan a que sucedan o qué se puede hacer para que dejen de suceder y pues para eso es importante que se conozcan los casos y se sepa qué fue lo que pasó y también es importante para que haya un reconocimiento de que hay violencia”. El silencio, dice Vargas, “se vuelve un privilegio para la persona que cometió el abuso, eso también se vuelve un incentivo para abusar”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.