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Durante los últimos tres años, el abogado Andrés Castro ha estado detrás de la Unidad de Restitución de Tierras, designado por el presidente Iván Duque. A pocos meses de que se acabe esa administración, el director habló con El Espectador e hizo un balance de su gestión. Explicó, por ejemplo, que fue clave la prorrogación de la Ley de Víctimas hasta 2031 y considera que la demora en los procesos no tiene que ver con su trabajo, sino con la lentitud de los jueces.
¿Cuáles son las claves con las cuales esta administración cierra su gestión 2018-2022?
Logramos la prórroga por diez años de la Ley de Víctimas, puesta en marcha desde 2011. Como estaba previsto originalmente, no se alcanzó a resolver todos los casos que se sometieron en restitución, por su complejidad y porque hay que cumplirles a las víctimas. En los próximos diez años, vamos a tener más presencia en el país y adelantar al máximo el trámite de las solicitudes. Darles respuesta a los reclamantes. Lo que buscamos es reparar a una población que fue víctima de esas situaciones que se dieron en los territorios.
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No solo entregamos la tierra, transformamos el territorio con proyectos productivos. Con particulares, les buscamos un mercado a los beneficiarios, el éxito de la agricultura por contrato. Hay más de 2.300 acuerdos comerciales. Logramos que la titularidad de la tierra restituida sea tanto del hombre como de la mujer. La mitad de las beneficiarias de restitución son mujeres. Trabajamos el complemento generacional, jóvenes que ven una oportunidad en el campo y en cuyas manos quedan las propiedades, para que no sean vendidas. Además, en comparación con predios en los mismos entornos, se consolida y valoriza la propiedad que pasa por nuestra gestión.
¿Cuántas víctimas han sido reparadas durante su administración?
En los tres años largos que llevamos, se han reconocido más de 28.000 beneficiarios; hablamos de población campesina y étnica. También más de 155.000 hectáreas, de las cuales 100.000 fueron para afrodescendientes e indígenas. A través de restitución, en lo étnico se puede lograr la titulación colectiva; pretensiones que tienen las comunidades y que la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior no han logrado formalizar.
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Todo depende de las dinámicas de la guerra, por ejemplo, Antioquia es la región donde está el mayor número de solicitudes. Hay más de 22.000. Se lograron más de 900 sentencias en Antioquia y Nariño. También de 400 a 700 sentencias en Putumayo, Tolima y Cesar. De 200 a 399 sentencias están en Meta, Cundinamarca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca. Entre 100 y 199 fallos quedaron registrados para Caldas y Sucre. Luego tenemos otras regiones, donde se planea llegar con mayor presencia en la próxima década, donde se lograron menos de 99 sentencias: Chocó, Huila, Caquetá, Boyacá, Casanare y Vichada.
¿Cuáles han sido los actores armados más mencionados en las sentencias de restitución por despojo de tierras?
Esto no tiene una naturaleza penal. No acusamos a nadie. Remitimos la información al juez para que la valide y repare a las víctimas. Cuando el predio tiene el rastro del despojo —una figura jurídica tras la cual existe una apropiación ilegal—, definitivamente hemos identificado un alto número de grupos paramilitares en este sentido. Los denunciantes, en las más de 5.000 solicitudes que tenemos, explicaron que en el 48 % de los casos fueron despojados por paramilitares. En un 15 % mencionaron a guerrilleros y en ese mismo porcentaje, a otros no identificados. En despojo, también señalaron en 112 ocasiones a empresas.
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El 2021 dejó casos como el de las familias restituidas en Turbo (Antioquia) en los predios que pertenecieron al exmagistrado Jorge Pretelt. Una vez se logró la restitución, en cuyo proceso se demostró el despojo de paramilitares, una de las casas fue incendiada. ¿Qué responder ante esto?
Lo primero, frente a los casos específicos, es que teníamos la sentencia y teníamos que darle cumplimiento. La fuerza pública nos dijo, en un momento, que no tenía la disponibilidad de las tropas para acompañar las diligencias. Nosotros logramos, con acompañamiento helicoportado, hacer la entrega del predio. Luego, ocurrió esa situación. Dimos traslado a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Hoy en día ese beneficiario no vive en el predio, está en otro departamento con medidas de protección. A pesar de eso, no conozco de personas que hayan sido restituidas y luego desplazadas.
El sindicato de la Unidad menciona que la restitución queda justamente “atrapada” en manos de las Fuerzas Militares, las cuales deciden dónde se hace la restitución. ¿Cómo resolver ese problema durante 2022?
Sin la fuerza pública no es posible hacer restitución. La no repetición solo se puede garantizar así. El Estado tiene que garantizar la seguridad en los territorios. Las salidas de los funcionarios deben ser con acompañamiento directo o a través de un barrido donde vamos con fuerza pública. Yo veo en la Policía de Carabineros y en el Ejército toda la disposición. Después del incidente fatal en Mesetas (Meta), el año pasado, en el cual resultaron asesinados un conductor, una funcionaria y dos reclamantes, el Ejército, la Policía y el Ministerio de Defensa han estado comprometidos. Eso es lo que permite avanzar en restitución. Son una garantía. Si en el comité operativo local que se hace en el territorio me dicen que no se puede entrar, yo no puedo hacer eso.
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Una investigación de la ONG Forjando Futuros señala que las sentencias de restitución se redujeron en un 50 % en la era Duque y que los procesos sin opositores podrían ser mucho más rápidos. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
Si el ritmo de las sentencias emitidas por los jueces bajó, esa es una explicación que tiene que dar el Consejo Superior de la Judicatura, y también los jueces y magistrados especializados en restitución. Yo diría que esos retrasos tienen que ver con los casos que hoy están sometidos a esos jueces. El tema de predios abandonados fue lo primero que se evacuó en restitución, porque no hay opositores. Los casos que hoy están en conocimiento de los jueces, todos tienen terceros: ocupantes y opositores. Ahí se vuelve más complejo. Se dobla el tiempo. Asumo mi responsabilidad como Unidad de Restitución. Lo que yo tengo que entregarles a los jueces son unas demandas claras que vayan a la esencia de lo que se tiene que resolver.
¿Pediría más funcionarios judiciales?
No creo que esa sea la salida. Yo no puedo dar razón de por qué los jueces no habrán resuelto los casos. Hubo dos años donde se contó con diez jueces de descongestión, porque quizá se vieron con demasiada carga. En ellos se descargaron los otros para racionalizar la carga de los casos. Lo que tiene que funcionar, me parece, es la esencia del proceso, es potenciar la demanda electrónica. Llegar a generar un expediente electrónico y que todo el proceso sea virtual, que le dé mucha más agilidad y todos los que intervienen en el proceso lo hagan de manera digital. El Misterio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura deben hacer una inversión para ello.
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La Unidad tendrá trabajo, por lo menos, durante otra década. ¿Cuáles son las perspectivas de cara a 2031 y como se van a articular con el Gobierno entrante? Justamente, se prorrogó la ley porque en los primeros años no se cumplió lo que se esperaba.
Durante el empalme le voy a mostrar a la nueva administración que es lo que yo le entrego. Esta ha sido una curva de aprendizaje, en la cual se ha establecido una ruta de atención. Se va a entregar una política pública con avances significativos en la etapa administrativa. El año pasado, más del 96 % del presupuesto se ejecutó. Estamos pidiendo recursos adicionales, porque, en la proyección que tenemos de la emisión de sentencias y cumplimiento de órdenes, esto va a seguir creciendo.
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