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El pasado 11 de diciembre la abogada Astrid Helena Cristancho Palacio radicó ante la Fiscalía General una denuncia por las presiones laborales que se habrían hecho en su contra cuando ejerció como secretaria privada del despacho del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
En la acción judicial, que cita como "amenaza" el delito referente, se manifiesta que desde que ingresó a la Defensoría del Pueblo en julio de 2013 se le advirtió que tuviera cuidado o se alejara de María Fernanda Guevara Vargas, quien tenía un cargo como profesional especializado del despacho del Defensor del Pueblo. Además era una persona muy cercana al Defensor.
Efectivamente desde el primer día se registraron inconvenientes hecho por el cual intentó tener el menor trato con ella. Sin embargo, poco tiempo después las cosas cambiaron, y Guevara incluso le mencionó aspectos íntimos de su vida privada: que tenía una relación con un hombre casado, con hijos y una esposa que padecía de esquizofrenia. Él le había manifestado que iba a dejar a su familia para estar con ella.
Meses después de esa revelación se presentó la solicitud para que la entonces Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría, Andrea Núñez presentara su carta de renuncia. Pocos días después fue nombrado en ese cargo Julián Fernández, quien era el amante de María Fernanda Guevara.
La pareja utilizaba las instalaciones de la Defensoría del Pueblo para sostener relaciones sexuales, situación que fue conocida por Jorge Armando Otálora quien no tomó cartas en el asunto. Meses después la esposa del funcionario conoce esta situación y hace un fuerte reclamo por esos hechos.
Fernández admitió esta relación y toma la decisión de ponerle un fin a su amorío y se propone a recuperar su matrimonio. Desde ese momento María Fernanda Guevara acusa a la secretaria privada del defensor del pueblo de afectar su relación y su vida, por lo que inicia una serie de presiones para sacarla del cargo.
“Procede de manera abusiva y reiterada a hacer énfasis en la facultad de remoción que ella tenía, aduciendo que el Señor Defensor hacía todo lo que ella le decía. Creando zozobra permanente para mí y mi grupo de trabajo”, señala uno de los puntos de la denuncia.
Agrega que en una oportunidad recibió un correo electrónico anónimo en el que se le manifiesta que Guevara Vargas “estaba dispuesta a hacer lo posible para hacerme sacar de la entidad, alegando que yo era la culpable de su fracaso amoroso. Correo que conoció el Señor Defensor, quien me ordena que no haga nada y no lo involucre en la vida privada”.
En esa oportunidad Otálora le manifestó que eso no era problema de él, pese a que conocía todas las incidencias de la situación, así como el hecho que sostenían relaciones sexuales extramatrimoniales dentro de la entidad, es decir usando los bienes del Estado.
Las amenazas del Defensor
El 11 de agosto de 2015 presentó carta de renuncia Juan Manuel Osoario “después de haber soportado un episodio de maltrato que traspasó sus límites”. En un primer momento no se la aceptaron, hecho por el cual se vio obligado a radicarla nuevamente con el asunto “sin motivación”.
Dicha cara le fue aceptada por el Defensor del Pueblo. Un mes después este caso como los otros acosos labores que se habrían presentado en la Defensoría fueron revelados en dos columnas de opinión publicadas en la Revista Semana. Situación que generó una reunión dentro del organismo.
“El día martes 17 de noviembre de 2015, el Doctor Otálora Gómez, decide reunir a todo su equipo directivo y a los presidentes de los dos sindicatos para sugerir que se hicieran los pronunciamientos que fueran necesarios frente a la columna de Daniel Coronell”, indica uno de los apartes.
Pero un grupo de directivos manifestaron la necesidad de publicar un comunicado en el que se hiciera referencia a los hechos con el fin de desvirtuarlos. Sin embargo, se determinó que el documento solamente trataría lo publicado por el columnista Juan Diego Restrepo.
“La solicitud de hacer un comunicado, se filtra a los medios de comunicación, quienes catalogan el hecho como una manera desesperada del Dr. Otálora Gómez de esconder lo que sucedía al interior de la institución. A raíz de eso, los comunicados por parte del gabinete nunca fueran elaborados ni firmados”, señala.
El 19 de noviembre de 2015 la citó a una reunión privada en horas de la noche. “Reunión que es catalogada por mi como una amenaza en la medida en el que Defensor del Pueblo casi que me advierte no sumarme a las denuncias de maltrato ni confirmar la veracidad de las mismas, aduciendo que le debía agradecimiento y lealtad a él como Defensor fueron elaborados ni firmados”.
La funcionaria indicó que “producto de la indignación” por esta reunión y “por los años de maltrato” decidió presentar su carta de renuncia irrevocable el 20 de noviembre”. Cristancho asegura que “en mi renuncia motivada dejo claro que conocía de los malos tratos propinados al equipo y a mí misma por parte del Defensor del Pueblo, Doctor Jorge Armando Otálora Gómez”.