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Los escenarios, artistas, el Salsódromo y la logística para la organización de la Feria de Cali está terminando de ajustarse para la versión número 65, que arranca el próximo 25 de diciembre. Mientras se dan las últimas puntadas para el inicio de la fiesta de la salsa, contratistas, políticos y las autoridades le pusieron la lupa a lo que sucedió en la pasada versión de la feria. Denuncias por corrupción, dineros que no aparecen e informes contables han evidenciado que hoy, casi un año después de la última versión, hay plata que sigue sin cuadrar.
Ante el Concejo de la ciudad, el cabildante Juan Martín Bravo denunció lo que está pasando con la contratación de varios servicios para la feria del año pasado. Según las revelaciones, la fiesta terminó costándole al menos $5.000 millones más a la Alcaldía de Cali que, a través de su Secretaría de Cultura, contrató a la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali) para que se encargara del montaje, la producción y todos los detalles de la organización de la feria. El convenio se pactó por más de $11.866 millones: la Alcaldía pagaría $10.784 los y el resto correría por cuenta de Corfecali.
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El contrato tenía el objetivo de promocionar, organizar y conceptualizar la feria técnica y logísticamente, adoptando protocolos de bioseguridad para los asistentes. En diciembre de 2021, la Secretaría de Cultura realizó el primer desembolso a Corfecali por el 50 % del negocio (un poco más de $5.392 millones). Pero, según el concejal Juan Martín Bravo, después de ocho meses de ese pago, hay quejas y denuncias de proveedores que aseguran que no les han pagado y todavía hace falta plata que la Alcaldía no ha desembolsado.
La alerta del concejal Bravo ya está bajo la lupa de la Contraloría. En el documento que le envió al ente fiscal, el cabildante explicó: “Se generan grandes interrogantes sobre la ejecución del contrato. ¿Por qué se les adeuda dinero a los artistas? ¿En qué gastó Corfecali los $5.392 millones del 50 % del aporte de la Secretaría de Cultura?”. Además, el concejal le recordó a la Contraloría que la Alcaldía de Cali contrató una interventoría para el polémico contrato. Esa revisión la realizó la Universidad del Valle.
La finalidad de ese convenio fue la de revisar técnica, administrativa, contable y jurídicamente el contrato suscrito entre la Alcaldía y Corfecali, para evitar irregularidades y mal manejo del dinero público. En mayo pasado, uno de los resultados de esa interventoría encontró que, al parecer, sí había inconsistencias en el millonario contrato. La universidad advirtió en un documento que había “debilidad, inconsistencia y demora en la entrega de la información sobre la ejecución” y que hay al menos 620 alertas de inconsistencias en la contratación.
“Respecto a algunos de los contratos no se les ha dado visto bueno legal. Será imposible subsanación, ya que corresponde a temas insubsanables, como ausencia de aprobación de las pólizas de garantía, expedición de las pólizas con fecha posterior a la fecha de inicio del contrato, actividades contratadas y no incluidas”, dice el informe de la Universidad del Valle. En esa misma interventoría, los expertos añadieron que en el convenio hubo varias actividades que ejecutó exclusivamente Corfecali, de las cuales no existe documentación de que se hayan llevado a cabo.
Además de estas advertencias, hay un segundo informe de la universidad fechado en junio pasado. Allí, la interventoría consignó que hay 1.053 contratos celebrados en el marco de la feria de 2021, de los cuales Corfecali solo suscribió 623 sin explicación alguna hasta ahora. De esos miles de contratos, hay varios que también le llamaron la atención a la institución educativa. Por ejemplo, hay un negocio por más de $350 millones que tenía la finalidad de suministrar el sonido del desfile del Salsódromo.
Ese convenio se firmó con Hárold Ordóñez Producciones S.A.S. y, al parecer, no se expidieron pólizas de cumplimiento ni de responsabilidad excontractual, y tampoco se registró el lleno de requisitos al generar la contratación; requisitos obligatorios en cualquier contratación con dinero público. Además de estas alertas, la Contraloría municipal de Cali también le puso atención a las denuncias que se han hecho en la ciudad. Por eso mismo, uno de sus primeros hallazgos es que la Feria de Cali de 2021 terminó costando más de $15.000 millones.
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Los montos pactados se mantuvieron, salvo por la diferencia de más de $3.884 millones que obtuvo Corfecali producto de sus gestiones independientes. Sin embargo, la Contraloría municipal explicó que la contratación de los eventos por parte de Corfecali se finiquitó, en su gran mayoría, justo antes de iniciar la versión 64° de la feria; es decir, el 24 de diciembre de 2021. No obstante, la información de esos contratos estuvo disponible solo a partir de febrero de este año. La Contraloría local también reprochó que, en muchos casos, se hiciera contratación directa y que, por eso, no se reconoció que había ofertas con mejores precios.
Un ejemplo de esto, dice la entidad de control fiscal de Cali, es lo que sucedió con el montaje del sonido en el desfile del Salsódromo. Según sus hallazgos, Corfecali contrató de manera directa, por prestación de servicios, y sin escoger ningún procedimiento de selección para los oferentes que prestarían ese servicio. El órgano de control reprochó que los formatos en los que se celebró el contrato obligan a que se contemplen cotizaciones diferentes, ya que exige un proceso competitivo al seleccionar el proveedor.
Este diario se contactó con Argemiro Cortés, gerente de Corfecali, quien explicó que la contratación de la Feria de Cali del año pasado se realizó de manera transparente y no hubo ninguna dificultad en los procesos. Resaltó que las cuatro interventorías realizadas no registran irregularidades ni hechos de corrupción. “La Contraloría no encontró ninguna falla”, aclaró. Según el gerente, todo se trata de “temas netamente administrativos que se están solucionando. Hasta ahora no hay ningún hecho anómalo que se haya presentado”.
Respecto al sobrecosto, Cortés resaltó que, en efecto, la contratación se elevó a un poco más de $15.000 millones y aún están a la espera del pago por parte de la Secretaría de Cultura para saldar las deudas con los acreedores que prestaron el servicio. “Nosotros estamos sustentando con documentos para que nos desembolsen ese dinero. Ahí no hay nada de corrupción; no hay nada oscuro. Es un proceso administrativo. El compromiso de Corfecali es que antes del 15 de noviembre hayamos pagado a todos los acreedores”.
La denuncia del concejal Bravo se suma a algunas otras que han mencionado cabildantes y abogados que ponen en tela de juicio la transparencia de los contratos celebrados entre la administración local y Corfecali, entidades que, a su juicio, aunque aún siguen saldando cuentas, ya están con la cabeza puesta en los negocios de la feria de 2022.