La deuda de la JEP con las personas LGBT víctimas del conflicto armado

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualmente tiene priorizados siete macrocasos en los que investigan distintos hechos de violencia en el país, relacionada con el conflicto armado. Aun así, víctimas de otros actos de violencia buscan que esta jurisdicción atienda sus casos, pues, algunas de ellas, sienten que han sido abandonadas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualmente tiene priorizados siete macrocasos en los que investigan distintos hechos de violencia en el país, relacionada con el conflicto armado. Aun así, víctimas de otros actos de violencia buscan que esta jurisdicción atienda sus casos, pues, algunas de ellas, sienten que han sido abandonadas.

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Colombia Diversa, una organización no gubernamental que trabaja a favor de los derechos de lesbianas, gay, bisexuales y personas trans en Colombia, presentó un informe a la JEP sobre las sobre víctimas LGBT en Caquetá. En el documento, que permanece en reserva, se recogen los testimonios de 15 personas LGBT caqueteñas que fueron víctimas del conflicto armado. Las historias dan cuenta de que 14 de ellas sufrieron a manos de las extintas Farc, y una a manos de la Fuerza Pública.

Con este informe, la organización buscar responder algunos interrogantes: “¿por qué a las personas LGBT en Caquetá les cobraron tan caro ser felices? ¿Por qué la forma en que uno se viste, baila o camina tiene que ser la causa por la que el bienestar o la vida se vean afectados?”. Adicional a esto, los testimonios que se recolectaron por dos años, dieron cuenta de que “la mitad de los crímenes documentados fueron perpetrados contra niños, niñas y adolescentes”.

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Valentina Parra, abogada y una de las expertas que ayudo en la construcción del documento, dijo en diálogo con El Espectador que “la información del documento es confidencial porque contiene elementos sensibles para las víctimas”. Asimismo, sostuvo que otra de las razones para que el informe no sea público es porque “muchas de las víctimas que hablaron aún son perseguidas por su condición de ser LGBT”, lo cual hace que la reserva sea una medida de protección.

“En Caquetá los victimarios consideraban que ser LGBT era lo mismo que ser un vándalo, que ser marihuanero, ser ratero, ser una persona portadora de VIH”, asegura la experta de Colombia Diversa. De igual manera, según Parra, los actores armados en Caquetá reclutaban desde muy temprana edad a quienes no se comportaran de “manera normal”, con el fin de “corregirlos” por su forma de ser. “La violencia iba desde amenazas, despojos, desplazamientos y hasta acabar con la vida de las personas LGBT”, afirma la experta.

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Violencia por prejuicio es una categoría en la que Colombia diversa agrupó algunos de estos casos de violencia. Según la organización, lo que hacían los actores armados en Caquetá era “enviar un mensaje o dar un ejemplo” a toda la población a través de las personas LGBT. “Mediante la violencia, los actores armados buscaban eliminar esas características de las personas que consideraban indeseables”, afirma Parra; adicionalmente, cuando no lograban los cambios buscados, los asesinaban.

En el informe de Colombia Diversa consta que, aunque se tratan de responder algunas incógnitas sobre la violencia con enfoque de género, “todavía se necesita la participación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para terminar de encontrar las respuestas”. Asimismo, la organización sostiene que “este informe es un tesoro para la jurisdicción, difícilmente podemos avanzar en alcanzar una paz estable y verdadera si no tenemos un trabajo coordinado con otras instituciones”.

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Parra sostiene que la exigencia que le hacen a la JEP es que abra un macrocaso en el que se priorice la violencia contra las personas LGBT durante el conflicto armado. La organización afirma que el problema de que estos casos sigan sin tener un lugar en la jurisdicción, es que puedan parecer como casos aislados y no como un problema de violencia estructural contra las personas con orientación sexual y de género diferente. La experta afirma que por años le han solicitado a la JEP la apertura del macrocaso, cosa en la que, según ella, la jurisdicción “casi no se ha manifestado oficialmente”.

“Por último, desde Colombia Diversa volvemos a exigir la apertura de un macrocaso nacional que estudie los crímenes de violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima”, se lee en el documento compartido a este diario. También así, piden que si las víctimas les confiaron sus historias, deberían “tener una reparación integral”. Con este informe, “Colombia Diversa suma siete informes entregados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, algo que, hasta ahora, no ha surtido ningún efecto notable en la JEP.

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