Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La puja por los bienes de las Farc aún se mantiene tras cinco años de firmado el Acuerdo de Paz con esa guerrilla. En esta ocasión, el Consejo de Estado deberá dirimir el conflicto sobre la tenencia de los bienes que estuvieron bajo su poder durante un poco más de 50 años. En el despacho del magistrado Roberto Serrato reposa una demanda en la que Pastor Alape, exjefe de la estructura, le reprocha al Gobierno que los exmilitantes no pueden tener la custodia de los bienes porque estarían incumpliendo lo pactado en Cuba. Además, cuestiona que no se haya creado el Patrimonio Autónomo, lugar a donde se acordó irían los bienes. El 4 de marzo, el alto tribunal realizará una audiencia para definir el pulso de esa situación.
En el documento que presentó Alape en abril del año pasado reposa su intención de dejar sin efectos el artículo 4 del Decreto 1407 de 2017, que tuvo dos modificaciones durante 2020. En pocas palabras, el recurso asegura que los desmovilizados de las Farc debían no solo entregar los bienes que estuvieron bajo custodia del grupo guerrillero, sino también tenían la responsabilidad del cuidado de estos hasta que se hiciera la entrega formal. Para el exjefe guerrillero, esa determinación no es necesaria, primero porque no existe ningún sustento para que ellos deban seguir teniendo esos bienes, sobre todo porque ya no existe una lucha armada.
“Esos integrantes obraron al presentar el inventario como delegados o representantes de la organización Farc y no en nombre propio. La obligación era de presentar el inventario. Esta circunstancia no autoriza a que se les atribuya una obligación y una responsabilidad que no es suya (…) al desaparecer las Farc, esos delegados llamados exintegrantes, que en su momento suscribieron el inventario, ya no pueden obrar en nombre de una organización inexistente, ni mucho menos en nombre propio”, dice el documento de 50 páginas que está en el despacho del magistrado Serrato.
Alape recordó que el compromiso de los exmilitantes de las Farc era informar sobre la cantidad y ubicación de bienes, y la del Gobierno era garantizar la transferencia de estos al Patrimonio Autónomo que, a su juicio, no ha sido creado. “El Gobierno en múltiples oportunidades ha manifestado la imposibilidad jurídica de recibir bienes inmuebles incluidos en el inventario, a pesar de existir la información e intención de hacerlo por parte de las Farc. Debido a la falta de capacidad y herramientas que brindó el Gobierno a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la inadecuada implementación normativa sobre la materia, dicha Sociedad se encuentra bastante limitada para realizar la recepción de los bienes”, reclama la demanda.
Para el exjefe guerrillero, la negativa del Estado al no crear el Patrimonio Autónomo y no tener la responsabilidad de los bienes es un “despropósito jurídico”. Sin embargo, según dice la demanda, los exmiembros de la estructura y la SAE realizan labores con el fin de agilizar el proceso de entrega que estaba programado para diciembre de 2020. “A pesar de las diversas dificultades, las Farc están en total disposición de contribuir en el proceso en lo que respecta a su capacidad humana, que es lo relativo a la identificación de los bienes y la facilitación de información para el despliegue de la labor del Estado como titular de la obligación de reparación a las víctimas del conflicto”, dice la demanda.
El documento resalta que esta no es la única irregularidad que se ha presentado durante el proceso de entrega. Las diversas situaciones de orden público en algunos lugares donde se ubican los bienes tampoco han permitido que se puedan adelantar las jornadas de recepción de estos, al punto que incluso ha fomentado, a su juicio, una pérdida que llevó a denunciar ante la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que solicitó medidas cautelares de “protección urgente de aseguramiento” de los bienes.
“El Gobierno afirma que existen las condiciones idóneas para que se lleve a cabo el proceso de identificación y entrega de bienes, desconociendo la realidad de los territorios y especialmente la falta de garantías para la seguridad y la integridad física de los delegados de las Farc para dar cumplimiento a la obligación. Existiendo a la fecha 259 firmantes del Acuerdo asesinados, suma que aumenta de forma preocupante, existiendo una estadística de un homicidio cada cinco días”, denunció Alape en su documento, en el que también solicitó ante el Consejo de Estado que se impusiera una medida cautelar a la norma que está vigente.
El Ministerio de Justicia, en un concepto de 15 páginas, le pidió al alto tribunal no acceder esa petición sobre la medida cautelar debido a que los reparos de Alape parten de un “supuesto errado” sobre el contenido y alcance de las normas que fueron demandadas. Para la cartera ministerial, sostener que se está adicionando una obligación no contemplada en la ley ni en el Acuerdo Final es distinto a lo que está haciendo el Gobierno. El Estado, según el Ministerio de Justicia, busca disponer medidas sobre los bienes que ya fueron inventariados y que están para la transferencia al fondo que pretende reparar a las víctimas.
En agosto de 2017, en un documento de ocho páginas, las Farc entregaron el segundo y último informe que relacionaba bienes que superaban más de $960 mil millones entre dólares, enseres, caletas, inmuebles, medios de transporte, ganado, predios, lotes y dinero en efectivo. Aunque no ha pasado más de un año desde que el documento de Alape llegó al alto tribunal, y finalmente no se ha decretado la medida provisional, la diligencia fijada para marzo próximo supone una luz para las víctimas del conflicto armado que aún esperan por una reparación integral.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.