La disputa jurídica por la mina El Hatillo que llegó a la JEP

Ayer apareció, en la versión impresa del diario regional El Pilón, un edicto sobre un trascendental caso judicial que se entrelaza con capítulos claves del conflicto armado colombiano que aún están por esclarecerse. Se trata de una acción popular presentada por la Gobernación del Cesar contra varias empresas carboníferas, con la que se pretende recuperar el control accionario de la mina El Hatillo. Este proceso, que inició en 2016 y del que se sabe muy poco, tiene a duros de esa industria explicando sus negocios y a reconocidas familias de la región denunciando presiones de los paramilitares del clan Castaño para vender sus acciones.

Ayer apareció, en la versión impresa del diario regional El Pilón, un edicto sobre un trascendental caso judicial que se entrelaza con capítulos claves del conflicto armado colombiano que aún están por esclarecerse. Se trata de una acción popular presentada por la Gobernación del Cesar contra varias empresas carboníferas, con la que se pretende recuperar el control accionario de la mina El Hatillo. Este proceso, que inició en 2016 y del que se sabe muy poco, tiene a duros de esa industria explicando sus negocios y a reconocidas familias de la región denunciando presiones de los paramilitares del clan Castaño para vender sus acciones.

El reciente edicto del juez del caso señala que otra acción popular, presentada y admitida por exsocios de El Hatillo, que pretenden recuperar su participación accionaria, fue acumulada con la que presentó en 2016 la Gobernación. En este caso el juez determinó que ambas acciones tienen pretensiones “conexas”, se encuentran en una misma instancia y bajo la misma figura jurídica. Es decir, los dos procesos se adelantarán conjuntamente. Entre los promotores de este mecanismo judicial están antiguas empresas que fueron accionistas de la mina, reconocidas familias de la región, como los hermanos Oñate Martínez, parientes lejanos del recien fallecido cantante vallenato Jorge Oñate.

Este enrevesado caso inició en 1993, cuando la Asamblea del Cesar y el gobernador Lucas Gnecco —miembro de un poderoso clan político y condenado por corrupción durante su administración— impulsaron varias medidas para que el Cesar explotara su potencial en la industria del carbón. Entre ellas, se creó en 1994 la empresa Emcarbón, la cual estaba destinada a ejecutar proyectos en esta materia, pero solo empezó a funcionar en 1997 luego de que el gobierno de Ernesto Samper le adjudicara de manera directa la mina El Hatillo. Se trata de un yacimiento a cielo abierto ubicado en los municipios de Becerril, La Jagua, Chiriguaná y El Paso, con un área de 9.600 hectáreas, aproximadamente.

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La acción popular de la Gobernación señala que Emcarbón fue cooptada por un grupo de familias poderosas a través de maniobras irregulares y se desvió de su propósito inicial: beneficiar a las comunidades del Cesar y mantener “una amplia y equitativa participación de inversionistas del departamento, especialmente de los sectores productivos tradicionales” y del Gobierno colombiano. El mecanismo judicial, presentado por el abogado Carlos Eduardo Naranjo, detalla que en un principio los accionistas fueron la Cámara de Comercio de Valledupar, la asociación de mineros del departamento y otras empresas y entidades públicas y privadas del orden nacional y regional.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el informe “Tierra y carbón en la vorágine del gran Magdalena”, señala que, entre 1998 y 2001, Emcarbón fue adquirida por Jorge Gnecco Cerchar —hermano del gobernador y miembro importante del paramilitarismo—, Jaime Blanco Maya —un contratista que en esos años fue colaborador de las Auc— y Hugues Rodríguez —un ganadero y empresario que fue condenado por el asesinato de una jueza de Becerril y señalado por las autoridades de los Estados Unidos de delitos de narcotráfico. Este último, quien niega cualquier vínculo con las Auc, figura a través de su compañía como demandante en la acción popular que acaba de ser acumulada.

El CNMH también advirtió que la adjudicación de El Hatillo ocurrió un año después de la incursión de los paramilitares al Cesar, la cual fue liderada por Salvatore Mancuso y el entonces ganadero Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como alias “Jorge 40”, jefe del Bloque Norte de las Auc. Este último volvió a Colombia en octubre de 2020, luego de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos. Dos fuentes cercanas a ese proceso señalan que Mancuso y “Jorge 40” pueden aclarar varios asuntos sobre El Hatillo y la supuesta relación de empresas carboníferas con los paramilitares del Bloque Norte desde los años 90.

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El caso El Hatillo en la JEP

En noviembre de 2020, Jaime Blanco Maya, el conocido ganadero y contratista, le contó a la JEP detalles de cómo él, Hugues Rodríguez, el paramilitar Jorge Gnecco Cerchar y las familias más representativas del Cesar entraron a ser accionistas de la mina. Este diario supo que en su versión contó sobre una reunión clave que tuvo a comienzos de 2001 en Tierralta con un importante jefe paramilitar y que este dio la orden a Blanco y sus socios de vender sus acciones a Carbones del Caribe del Sindicato Antioqueño. Ante la negativa de Gnecco, dice Maya, este habría sido asesinado por orden de la cúpula de las Auc. Esta es una de tantas versiones sobre el homicidio del paramilitar, perpetrado en agosto de 2001.

Blanco Maya fue condenado en 2013 por su participación en el asesinato de dos sindicalistas de la Drummond, multinacional de los Estados Unidos que explota carbón en esta misma zona. El contratista fue aceptado por la JEP a finales de 2019 y es uno de los principales testigos contra las cabezas de la compañía extranjera, quienes son señalados de patrocinar a las Auc y ser determinadores del crimen de los trabajadores de la mina Valmore Locarno y Víctor Orcasita. Los hoy investigados y la compañía se desligan de cualquier grupo criminal y niegan haber participado en cualquier hecho al margen de la ley. Incluso, señalan que Blanco y otros testigos recibieron dineros para declarar en su contra.

El factor Percy

Fue en este contexto de auge paramilitar, dice la acción popular de la Gobernación, que varios accionistas de Emcarbón fueron presionados y amenazados por las Auc de varias maneras para vender sus acciones. El documento cita varios accionistas que están prestos para declarar; sin embargo, este diario se abstiene de revelar sus nombres para salvaguardar sus vidas. Un nombre en común que aparece en las acciones populares es el de Edgardo Percy Diazgranados, quien era el gerente de la mina La Jagua y también era un alto directivo de la empresa Carbones del Caribe. Hoy la empresa se llama Sator y es una filial del conocido grupo Argos.

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Diazgranados fue el encargado de adquirir las acciones de Emcarbón, lo cual habría iniciado en 2001. Según el CNMH, ese año Carbones del Caribe apareció con más de 7.000 acciones; en 2006 ya tenía casi 26.000 acciones y en 2010 ya controlaba el 95 % de Emcarbón. Diazgranados fue capturado en 2018 por un proceso en el que se le investiga por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, entre otros, por un caso relacionado con un desplazamiento de campesinos en Becerril por parte de paramilitares. No obstante, hasta donde se sabe, no existe una condena en su contra.

La cabeza en ese entonces de Carbones del Caribe era Juan Manuel Ruiseco, suegro de Diazgranados y presidente del Grupo Argos entre 1999 y 2003. Ruiseco, quien es uno de los demandados en las acciones populares, es reconocido como un empresario que fue fundamental para las administraciones del clan Char en Barranquilla en su plan de expansión de infraestructura urbana de la capital del Atlántico. Según el portal periodístico Verdad Abierta, Ruiseco (junto a otras quince personas) también hace parte de la investigación por la que su yerno está dando explicaciones a la Fiscalía de por qué Carbones del Caribe compró tierras de campesinos amenazados por paramilitares.

En 2008, con Argos controlando Emcarbón, vendió su participación accionaria en El Hatillo a la empresa brasileña Vale do Rio Doce, que a su vez, en 2010, la vendió a Colombian Natural Resources (CNR), de Goldman Sachs. El último movimiento se produjo en 2015 cuando fue vendida a Murray Energy, carbonera de Estados Unidos. Al cierre de esta edición, El Espectador conoció que los demandados en la acción popular (Ruiseco, Argos y CNR, entre otros) interpusieron un recurso de reposición contra la decisión del juez del caso de acumular las acciones populares.

¿Qué dicen los demandados?

Sobre la acción popular, tanto Ruiseco como Argos han dicho tajantemente al juez del caso que no hubo maniobras ilegales en la compra de acciones de Emcarbón. Señalan que jamás tuvieron relaciones con grupos al margen de la ley y que los señalamientos por parte de la Gobernación del Cesar no se fundamentan en hechos concretos cuando se refiere a que Carbones del Caribe se apropió ilegalmente de las acciones. A renglón seguido advierten que son ajenos y desconocen las supuestas presiones de las Autodefensas a los antiguos accionistas de El Hatillo y de las relaciones que hayan tenido o no otros socios con las Auc.

“No es cierto, mi mandante rechaza categóricamente la forma tendenciosa y temeraria usada por la Gobernación para atribuir algún tipo de conducta reprochable a Carbones del Caribe (...) No se entiende cómo de la composición accionaria se llega a concluir que Carbones del Caribe tuvo relaciones con grupos al margen de la ley”, dice al abogado de Ruiseco al juez del caso. Sobre Diazgranados, Ruiseco negó cualquier vínculo familiar y dijo que no tiene relación con los hechos por los que la Fiscalía lo investiga. Menciona que esos señalamientos están fundados en “informaciones periodísticas que de manera infame” pretenden ligarlo con esa investigación judicial.

CNR dice que no fue accionista de Emcarbón ni parte original del contrato para explotar El Hatillo “y que no existía siquiera en los años en los que la demanda dice que ocurrieron los hechos irregulares, ha llegado, de buena fe —que la demanda no cuestiona— a ser propietaria de los derechos que constan en el título minero. Lo logró gracias no solo a un contrato de cesión, sino, además, al acto administrativo de autorización que dio Ingeominas —hoy Servicio Geológico Colombiano (SGC)—. CNR, por lo tanto, es ajena a cualquier acto u omisión de los propietarios anteriores de tal título”.

Y agregó que “la Gobernación pretende solucionar controversias relativas a la validez de ciertas ventas de acciones, enajenaciones y cesiones de derechos. Lo hace sin una identificación suficiente de cada acto o negocio jurídico impugnado y sin un relato particular sobre los vicios que cada uno de los contratos pudo tener (...), pide la declaración de nulidad de contratos de diversa clase y entre diversas partes, entre los cuales solo se identifica el contrato original de adjudicación de El Hatillo, y sin relatar tampoco las específicas circunstancias viciosas en las que pudieron ocurrir los demás”.