La entrega del Erpac

Para este jueves por la mañana quedó de nuevo programada la inminente desmovilización y entrega de armas de 450 combatientes del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) en el Parque Las Malocas de Villavicencio y otros ocho puntos de los departamentos del Meta, Guaviare y Guainía. Desde la muerte de alias Cuchillo, líder del Erpac, en diciembre de 2010, su sucesor, José Eberto López Montero, alias Caracho, había venido manifestando su voluntad de entregarse y someterse a la justicia. Sin embargo, la medida sorprendió un poco, porque si bien se veía venir desde hace algunos meses, el Gobierno había rechazado una propuesta similar promovida por el entonces arzobispo de Montería, monseñor Vidal, bajo el argumento de que el Ejecutivo no negociaría con las bacrim.

En este marco, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder, aclaró que no habría desmovilización, sino sometimiento a la justicia, y que el Gobierno no tenía que ver con esa entrega voluntaria.

La precisión es importante. No hubo negociación política parecida a la de las antiguas autodefensas. Los desmovilizados no se beneficiarán de la Ley de Justicia y Paz. Serán sometidos a la justicia ordinaria que, según los casos, podrá otorgarles beneficios penales por su entrega voluntaria.

Decir que no hubo negociación política no significa que no hubo contactos y conversaciones previas, directas o a través de intermediarios, con diferentes entidades del Estado, para negociar algún tipo de garantías. Al menos sobre la seguridad que proveería la Fuerza Pública en el momento de la entrega de los hombres, así como con la Fiscalía a propósito de los posibles escenarios jurídicos posteriores. En entrevista con la revista Semana, el 20 de noviembre, el mismo Caracho dijo que el proceso no sería desmovilización ni negociación, pero que tenía garantías de la Fiscalía y la Procuraduría para someterse, además de haber hablado con la Iglesia, la Cruz Roja, la Defensoría y la ONU.

Lo que sorprende entonces es por qué lo que tendrá lugar hoy no se quiso o no se pudo hacer cuando lo propuso monseñor Vidal a mediados de año. Según el arzobispo, jefes de bacrim con quienes tuvo contacto manifestaron que preferían la cárcel a la tumba y que estaban dispuestos a entregar sus hombres, armas, rutas y cultivos a cambio de garantías de seguridad al entregarse y ser juzgados. En aquel momento el Gobierno respondió que si querían entregarse a la justicia, estaban dispuestos a preparar y facilitar su entrega, aunque no querían entrar en una negociación. Poco tiempo después, la iniciativa cayó en un punto muerto y el nombramiento de monseñor Vidal en Cúcuta generó ciertas dudas y especulaciones al respecto.

¿Qué pasó después? ¿Por qué se concretó la entrega del Erpac y no la de las demás estructuras cuando, al parecer, no reivindicaban otra cosa que lo que se acordó con alias Caracho? ¿Terminaron exigiendo demasiado? ¿No obtuvieron las garantías suficientes y prefirieron negociar directamente con EE.UU.?

La entrega del Erpac vuelve a cuestionar la conveniencia y utilidad de la figura del sometimiento. Por un lado, un proceso exitoso con el Erpac podría incentivar a otras estructuras a hacer lo mismo. De allí que la posibilidad de sacar del panorama a una parte de esas estructuras armadas ilegales no debería descartarse tan fácilmente. Por otro lado, sin embargo, la sombra de la desmovilización de los exgrupos paramilitares está todavía muy presente y muchos temen que se puedan repetir los errores de esa época.

¿Cómo evitar que la entrega del Erpac genere un vacío y que otros grupos armados ilegales lo aprovechen? Según fuentes autorizadas, desde la muerte de Cuchillo algunas estructuras armadas ilegales posdesmovilización (‘Rastrojos’, ‘Paisas’, ‘Centauros’, ‘Carrancerros’, ‘Macacos’) ya habrían entrado en el Meta y en zonas de antiguo control del Erpac. Se especula incluso que éste ha vendido bloques a ‘Los Rastrojos’ antes de entregarse.

¿Cómo evitar que, después de esas entregas, se conformen otras estructuras ilegales con gente “ocultada” no desmovilizada o con nuevos reclutamientos? En 2010, según fuentes de Policía y ONG, el Erpac contaba con 1.200 hombres, cifra que bajó a entre 600 y 800 a mitad de este año a raíz de desmovilizaciones, capturas y muertes en combate. ¿Por qué desmovilizan “sólo” 450?

¿Cómo asegurarse de que los jefes de esas bacrim paguen por sus crímenes, si alias Caracho niega incluso que el Erpac tenga laboratorios y negocios de narcotráfico con las Farc o con alias El Loco Barrera y si no está dispuesto a pagar reparaciones?

¿Cómo evitar un nuevo cuello de botella jurídico como el que se produjo con la Ley de Justicia y Paz, si en 2012 se entregan 2.000 ó 3.000 integrantes de bacrim, para someterse a la justicia ordinaria?

Aunque puede ser que la entrega del Erpac no cambie radicalmente el panorama de seguridad en los Llanos Orientales, pone de nuevo sobre la mesa la naturaleza de estas estructuras y la consiguiente aplicación de los beneficios que se pueden conceder a grupos armados ilegales frente a la exclusión de este tipo de condiciones para organizaciones de delincuencia común.

Por eso el sometimiento a la justicia de ese grupo tiene implicaciones importantes sobre el futuro de las estructuras armadas ilegales y la posibilidad de que haya nuevas entregas depende en parte del cumplimiento de lo acordado y de lo que sucederá con quienes dejen hoy sus armas.

Todo listo para la desmovilización

Una comisión de 25 fiscales y por lo menos 300 investigadores llegó ayer a Villavicencio para coordinar la primera entrega de 450 integrantes del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Erpac) que se desmovilizarán hoy.

Según las primeras informaciones, el primer grupo de miembros del Erpac (150 hombres) se desplazará mañana desde Vichada hasta el Parque Temático Las Malocas, cerca de Villavicencio, en donde se efectuará la entrega.

Los fiscales escucharán en interrogatorio a los miembros del grupo ilegal, que posteriormente serán conducidos ante los jueces de control de garantías para imputarles delitos de acuerdo con lo que confiesen, aunque en principio todos serán judicializados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Las desmovilizaciones se realizarán en cuatro.

* Frédéric Massé es codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia y director del área de Desarme, Desmovilización y Reintegración del Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).