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Entre febrero y marzo próximo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciará sobre la masacre de una familia ocurrida en junio de 1990 en Campamento (Antioquia). El saldo fue de cuatro adultos y dos menores de edad asesinados, luego de una persecución, según sus familiares, por miembros del Ejército y paramilitares por su cercanía con la Unión Patriótica. El caso llegó al ente internacional debido a que las investigaciones que se adelantaron y se reasignaron a varias autoridades judiciales en el país no cumplieron con su cometido: dar con los responsables del hecho. Hasta el momento, después de 31 años, solo hay expedientes archivados y otros en etapa de indagación.
En marzo del año pasado la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) llevó el caso ante la CIDH argumentando la posible responsabilidad del Estado en la muerte de la familia Duque López, que había sido desplazada de Puerto Valdivia (Antioquia) hacia Campamento, por cuenta de las constantes amenazas que recibieron, al parecer, por miembros del Ejército y de grupos paramilitares. La persecución en contra de Marta López, Luis Gildardo López, Elvia Velásquez, Hernán Quintero y dos niñas, Ana Yoli Duque y Marta Milena López, tuvo un desenlace fatal en la madrugada del 5 de junio de 1990, cuando a su residencia ingresaron un grupo de hombres armados y con prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.
Lo que reposa en el expediente es que dispararon y lanzaron granadas durante un poco más de dos horas. Pese a que hubo alertas de los vecinos, las autoridades nunca llegaron y por, el contrario, fueron ellos quienes los socorrieron. En la casa hallaron no solo los cuerpos sin vida de las seis personas, sino las lesiones a dos menores de edad, quienes años después se convertirían en los testigos claves para avanzar con las investigaciones de lo ocurrido en esa noche. Se trata de Darwin López, de 8 años, y Renso Duque, de dos meses. De la escena también logró escapar con vida Francisco Duque.
Una declaración rendida por Darwin López da cuenta de que el grupo que perpetró la masacre estaba integrado por 12 personas, algunas con uniformes de las Fuerzas Militares y otras vestidas de civil. Según su relato, a uno de ellos lo llamaban “Cabo”. También dijo que los hombres le preguntaron de manera insistente dónde estaban escondidas las armas y le pegaron con un palo en la cabeza. Finalmente, después de debatir si lo mataban o no, decidieron apartarlo hacia un lado y advertirle que: “Si les preguntan, diga que somos los del Eln”. Y, en efecto, a su corta edad entregó esa declaración al inspector municipal de Campamento quien realizó el levantamiento de los cadáveres al día siguiente.
El reporte forense concluyó que los cuerpos tenían múltiples heridas por arma de fuego y por la explosión de granadas. Además, algunos tenían disparos a quemarropa. Los cadáveres de Marta López y de las niñas Ana Duque y Marta Milena López fueron encontrados debajo de una cama, y las paredes de la habitación presentaban numerosos orificios producidos por proyectiles de arma de fuego y el techo estaba semidestruido por el explosivo. Ese, supuestamente, fue el saldo de una “persecución” que se adelantó desde 1985 contra Francisco Duque, luego de denunciar que fue retenido y torturado “arbitrariamente” por miembros del Ejército.
María Eugenia López, también miembro de la familia masacrada y quien se salvó porque estaba radicada en Medellín, en su momento, denunció que en enero de 1990 miembros de la Brigada Cuarta del Ejército, con jurisdicción en Antioquia, allanaron sin orden judicial su residencia y, agregó, durante enero, febrero y mayo del mismo año, recibió tres llamadas amenazantes en las que le advertían: “Los tenemos ubicados”. Las muertes de sus familiares para la justicia colombiana aún están inconclusas, pues recaudaron información relativa a su núcleo y dejaron de lado la hipótesis de que la masacre fue responsabilidad de grupos paramilitares y de agentes estatales, a pesar de que había conocimiento de la violencia ejercida contra los miembros de la Unión Patriótica.
Con el antecedente de que las autoridades colombianas no se movieron para esclarecer el hecho, la Comisión Colombiana de Juristas, en audiencias públicas que se llevaron a cabo durante 2021, le solicitaron a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado por la generación de un contexto de violencia sistemática y generalizada en contra de la población civil y de simpatizantes o miembros de la UP, que se dio a través de la promulgación de leyes que permitieron la creación de grupos de justicia privada, quienes en su actuar conjunto con miembros del Estado cometieron diversas violaciones a los derechos humanos en Antioquia.
Asimismo, solicitaron la declaración de responsabilidad del Estado por no poner en marcha medidas especiales destinadas a prevenir y proteger a la población civil del riesgo que representaban los grupos paramilitares. En los alegatos finales, el Estado sostuvo que la petición debía ser declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de previo agotamiento de los recursos internos. Es decir, que en Colombia no se han agotado los recursos para que la justicia investigue el caso. Entre otras cosas, señaló que a nivel interno existe un proceso penal en cabeza de la Fiscalía que indaga sobre los hechos denunciados y que “hasta la fecha estarían desarrollando actividad probatoria constante”.
Sin embargo, la masacre de Campamento no ha tenido los tiempos fugaces que, justamente, celebró el fiscal Francisco Barbosa en una rueda de prensa, en la que habló sobre cómo, en cuestión de meses, resolvió los asesinatos del estilista Mauricio Leal y su madre. En el caso que estudia la CIDH, han pasado 31 años y el ente investigador ha archivado los expedientes o sigue estancado en la etapa de indagación. Por eso, la CCJ y los familiares de las víctimas esperan que la entidad internacional haga lo que la colombiana no ha podido: darles un mínimo de verdad y de justicia.
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