La estrategia para esclarecer asesinatos de líderes y ex-Farc

La Fiscalía ha identificado los 12 puntos donde confluyen las dos violencias más graves que atraviesa el país: por un lado, los grupos armados ilegales que atacan a la población civil y, por el otro, los asesinatos de defensores de derechos humanos y reincorporados de la extinta guerrilla de las Farc. En esa docena de territorios, la entidad priorizó sus acciones bajo el nombre de proyectos de investigación y, según datos oficiales, de los 186 ataques que se han registrado desde 2016 en contra de líderes, exguerrilleros y sus familias, esta estrategia ha permitido llevar a los estrados judiciales 141 de los casos. Una cifra con la que el ahora partido político FARC y organizaciones sociales tienen sus reservas.

Las pesquisas las lleva la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, dependencia de la Fiscalía creada por el Acuerdo de Paz. Los territorios priorizados son Ituango y Pequé (Antioquia); Puerto Guzmán, Puerto Carreño y Puerto Asís (Putumayo); el norte del Cauca, el Catatumbo, La Macarena, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba; Riosucio (Chocó); Tumaco (Nariño); Saravena, Arauquita y Tame (Arauca); sur de Bolívar; Algeciras (Huila), y, por último, Cartagena del Chairá (Caquetá). Y el fin de los proyectos, explicó la entidad, es “impactar de manera estratégica a las organizaciones criminales responsables de estos delitos”.

Según información reciente que le entregó la Fiscalía a la Comisión de Garantías de Seguridad -creada por el Acuerdo-, se escogieron estas regiones porque allí operan las organizaciones criminales a las que más se les atribuyen ataques contra líderes y excombatientes, y porque son, en sí, donde más casos se presentan. En respuesta a interrogantes de El Espectador, el ente investigador aseguró que trabajar así les permite esclarecer los hechos de manera más ágil, a partir de las pruebas que se practican de forma inmediata; o la posibilidad de que, al asociar unos hechos con una organización criminal, se pueden atribuir responsabilidades por cadena de mando.

Asimismo, pueden “priorizar las acciones investigativas y la delimitación de situaciones a partir de las dinámicas de violencia en los territorios”, y, por último, identifican unos objetivos para ir desmantelando las organizaciones, más allá de lo militar, por ejemplo, desde los frentes financieros y políticos. “Desde el punto de vista de la investigación criminal esto es un avance, porque así evitan la atomización de que unos fiscales van e investigan el narcotráfico, otros van e investigan el terrorismo, y luego no se comprende el fenómeno, sino que cada uno va en líneas paralelas”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz y miembro de la Comisión. (Lea también: Ni siquiera la pandemia logró frenar los homicidios contra líderes sociales)

En diálogo con este diario, González Posso, que representa a la organizaciones de la sociedad civil en la Comisión, agregó que “el actuar de manera coordinada diferentes dependencias y unidades en un territorio es un buen punto de partida para elaborar contextos más comprensivos y mirar también las interrelaciones en los territorios”. Es decir, que se llevan buenas impresiones de esta reciente estrategia de la Fiscalía. Pero hace una salvedad: la estrategia de poner el ojo en la macrocriminalidad tiene una larga historia en el ente investigador, pero no ha arrojado los mejores resultados. “En la teoría se viene trabajando hace rato, pero en la práctica ha sido más difícil”, dijo.

A su vez, el curtido investigador del conflicto dijo que, en el pasado, estas estrategias de macrocriminalidad no han funcionado por dos razones: “Primera, que no hay continuidad en la conformación de esos equipos intersectoriales; hay mucha rotación entre los funcionarios que llevan los procesos, algo que, en los noventa, se hacía para oscurecer y obstruir las investigaciones, pues desarticulaban los grupos, trasladaban los procesos y ahí quedaban. Por otro lado, a veces se dan interferencias de factores externos, que encuentran mecanismos de entrar a la propia Fiscalía para entorpecer los procesos”.

Desde el Partido FARC también son escépticos frente a este modelo de investigación y consideran que no se está haciendo lo suficiente por garantizar la seguridad de los excombatientes. Por eso, desde septiembre pasado, enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que amplían una denuncia que pusieron inicialmente en mayo para pedir, una vez más, medidas cautelares por la grave situación de seguridad que afrontan quienes dejaron las armas, simpatizantes de la colectividad y sus familias. “Vamos a seguir acudiendo a todas las instancias hasta que nos escuchen”, le dijo a este diario Ángela Pedreros, abogada del equipo legal de la extinta guerrilla. (Con Mario Téllez ya son 200 los excombatientes asesinados, según Farc)

Según explicó la abogada, precisamente por considerar que no tienen las garantías y que se sigue victimizando a los excombatientes, le pidieron a la CIDH que le ordene a Colombia: primero, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los firmantes del Acuerdo de Paz; segundo, tomar medidas para proteger la vida de los familiares de los firmantes, particularmente de los niños y las niñas que habitan en los ETCR, pues este año han matado a cinco menores de edad, según cifras de la colectividad. Y, tercero, que le ordenen al Estado proteger a los firmantes tanto de acciones de actores estatales como de terceros. (En video: El mapa del Gobierno sobre el asesinato de líderes sociales)

La Fiscalía le respondió a este diario que la labor investigativa de la Unidad se divide en tres etapas (esclarecimiento, sostenibilidad y consolidación) y que, en ese camino, “hay un trabajo armónico en el interior de la entidad” que busca, precisamente, “articular las actividades complementarias y lograr avances investigativos en las dependencias correspondientes por competencia”. Es decir, que tienen claro que las organizaciones criminales a las que se enfrentan pueden dedicarse, por ejemplo, al lavado de activos o al narcotráfico, y que, en el interior del búnker coordinan para atacarlas por todos los frentes. Pero mientras los crímenes contra defensores y excombatientes sigan cometiéndose con la frecuencia que han adquirido, los críticos a su trabajo no faltarán.

La Fiscalía ha identificado los 12 puntos donde confluyen las dos violencias más graves que atraviesa el país: por un lado, los grupos armados ilegales que atacan a la población civil y, por el otro, los asesinatos de defensores de derechos humanos y reincorporados de la extinta guerrilla de las Farc. En esa docena de territorios, la entidad priorizó sus acciones bajo el nombre de proyectos de investigación y, según datos oficiales, de los 186 ataques que se han registrado desde 2016 en contra de líderes, exguerrilleros y sus familias, esta estrategia ha permitido llevar a los estrados judiciales 141 de los casos. Una cifra con la que el ahora partido político FARC y organizaciones sociales tienen sus reservas.

Las pesquisas las lleva la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, dependencia de la Fiscalía creada por el Acuerdo de Paz. Los territorios priorizados son Ituango y Pequé (Antioquia); Puerto Guzmán, Puerto Carreño y Puerto Asís (Putumayo); el norte del Cauca, el Catatumbo, La Macarena, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba; Riosucio (Chocó); Tumaco (Nariño); Saravena, Arauquita y Tame (Arauca); sur de Bolívar; Algeciras (Huila), y, por último, Cartagena del Chairá (Caquetá). Y el fin de los proyectos, explicó la entidad, es “impactar de manera estratégica a las organizaciones criminales responsables de estos delitos”.

Según información reciente que le entregó la Fiscalía a la Comisión de Garantías de Seguridad -creada por el Acuerdo-, se escogieron estas regiones porque allí operan las organizaciones criminales a las que más se les atribuyen ataques contra líderes y excombatientes, y porque son, en sí, donde más casos se presentan. En respuesta a interrogantes de El Espectador, el ente investigador aseguró que trabajar así les permite esclarecer los hechos de manera más ágil, a partir de las pruebas que se practican de forma inmediata; o la posibilidad de que, al asociar unos hechos con una organización criminal, se pueden atribuir responsabilidades por cadena de mando.

Asimismo, pueden “priorizar las acciones investigativas y la delimitación de situaciones a partir de las dinámicas de violencia en los territorios”, y, por último, identifican unos objetivos para ir desmantelando las organizaciones, más allá de lo militar, por ejemplo, desde los frentes financieros y políticos. “Desde el punto de vista de la investigación criminal esto es un avance, porque así evitan la atomización de que unos fiscales van e investigan el narcotráfico, otros van e investigan el terrorismo, y luego no se comprende el fenómeno, sino que cada uno va en líneas paralelas”, aseguró Camilo González Posso, director de Indepaz y miembro de la Comisión. (Lea también: Ni siquiera la pandemia logró frenar los homicidios contra líderes sociales)

En diálogo con este diario, González Posso, que representa a la organizaciones de la sociedad civil en la Comisión, agregó que “el actuar de manera coordinada diferentes dependencias y unidades en un territorio es un buen punto de partida para elaborar contextos más comprensivos y mirar también las interrelaciones en los territorios”. Es decir, que se llevan buenas impresiones de esta reciente estrategia de la Fiscalía. Pero hace una salvedad: la estrategia de poner el ojo en la macrocriminalidad tiene una larga historia en el ente investigador, pero no ha arrojado los mejores resultados. “En la teoría se viene trabajando hace rato, pero en la práctica ha sido más difícil”, dijo.

A su vez, el curtido investigador del conflicto dijo que, en el pasado, estas estrategias de macrocriminalidad no han funcionado por dos razones: “Primera, que no hay continuidad en la conformación de esos equipos intersectoriales; hay mucha rotación entre los funcionarios que llevan los procesos, algo que, en los noventa, se hacía para oscurecer y obstruir las investigaciones, pues desarticulaban los grupos, trasladaban los procesos y ahí quedaban. Por otro lado, a veces se dan interferencias de factores externos, que encuentran mecanismos de entrar a la propia Fiscalía para entorpecer los procesos”.

Desde el Partido FARC también son escépticos frente a este modelo de investigación y consideran que no se está haciendo lo suficiente por garantizar la seguridad de los excombatientes. Por eso, desde septiembre pasado, enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que amplían una denuncia que pusieron inicialmente en mayo para pedir, una vez más, medidas cautelares por la grave situación de seguridad que afrontan quienes dejaron las armas, simpatizantes de la colectividad y sus familias. “Vamos a seguir acudiendo a todas las instancias hasta que nos escuchen”, le dijo a este diario Ángela Pedreros, abogada del equipo legal de la extinta guerrilla. (Con Mario Téllez ya son 200 los excombatientes asesinados, según Farc)

Según explicó la abogada, precisamente por considerar que no tienen las garantías y que se sigue victimizando a los excombatientes, le pidieron a la CIDH que le ordene a Colombia: primero, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los firmantes del Acuerdo de Paz; segundo, tomar medidas para proteger la vida de los familiares de los firmantes, particularmente de los niños y las niñas que habitan en los ETCR, pues este año han matado a cinco menores de edad, según cifras de la colectividad. Y, tercero, que le ordenen al Estado proteger a los firmantes tanto de acciones de actores estatales como de terceros. (En video: El mapa del Gobierno sobre el asesinato de líderes sociales)

La Fiscalía le respondió a este diario que la labor investigativa de la Unidad se divide en tres etapas (esclarecimiento, sostenibilidad y consolidación) y que, en ese camino, “hay un trabajo armónico en el interior de la entidad” que busca, precisamente, “articular las actividades complementarias y lograr avances investigativos en las dependencias correspondientes por competencia”. Es decir, que tienen claro que las organizaciones criminales a las que se enfrentan pueden dedicarse, por ejemplo, al lavado de activos o al narcotráfico, y que, en el interior del búnker coordinan para atacarlas por todos los frentes. Pero mientras los crímenes contra defensores y excombatientes sigan cometiéndose con la frecuencia que han adquirido, los críticos a su trabajo no faltarán.