La eterna búsqueda del sometimiento a la justicia

El número uno del clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, busca pista para someterse a la justicia. Así lo aseguró ayer el presidente Juan Manuel Santos durante la posesión de José Fernando Reyes como magistrado de la Corte Constitucional y de Oswaldo Giraldo en el Consejo de Estado. Según el jefe de Estado, Otoniel envió una carta para manifestar su deseo de someterse. El presidente Santos recibió el mensaje el 3 de septiembre, tres días después de que la Fuerza Pública informara que alias Gavilán había muerto en un operativo.

“Dimos de baja al número dos del clan del Golfo, alias Gavilán (...) La presión la están sintiendo (tanto) desde hace ya algunos meses, más o menos mitad del año pasado, el clan viene enviando mensajes de que quieren someterse a la justicia. He autorizado a varios funcionarios para que escuchen esas solicitudes”, expresó Santos, y agregó que le pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil, que evalúe la petición. “Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política que también lo han buscado”, resaltó.

El fiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció de inmediato: “Nos reuniremos con el ministro de Justicia para conocer los alcances de la reciente petición de sometimiento del jefe del clan del Golfo”. Además aseguró que “el sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana”. En todo caso, agregó, el sometimiento debe condicionarse al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito de la organización y, claro está, de los cultivos y rutas del narcotráfico”.

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Los anuncios del presidente Santos llegaron acompañados de un video, a través del cual el propio Otoniel señaló: “Quiero manifestarles que, como Estado Mayor, nos encontramos más unidos que nunca con la voluntad firme de que en Colombia se consolide la paz duradera para todos los colombianos. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia respetamos los procesos de paz que están en marcha y los que se están consolidando. Queremos ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”.

No es la primera vez en la historia del país que grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, plantean su disposición a someterse a la justicia. Desde los tiempos de Pablo Escobar Gaviria esta ha sido la constante. Hace 33 años, tras el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, los principales narcotraficantes, encabezados por el mismo Escobar, le plantearon al Gobierno de Belisario Betancur su fórmula para salir del negocio ilegal y entregarse a la justicia, a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos.

En aquella época, la propuesta de los narcos se le entregó al expresidente Alfonso López en un hotel de Panamá, y éste la remitió al presidente Betancur. El jefe de Estado comisionó a su ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, y al procurador Carlos Jiménez Gómez para que examinaran la iniciativa. Por eso se realizó un segundo encuentro. Sin embargo, el asunto se consultó con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el tema se filtró a los medios y terminó en un escándalo político que echó abajo la propuesta.

Entonces vinieron años de guerra abierta entre el Estado y el narcotráfico. No obstante, el cartel de Medellín nunca perdió el interés por recobrar la idea de someterse a la justicia a cambio de un arreglo judicial. Fue así como hacia octubre de 1989, después del asesinato de Luis Carlos Galán, se reveló que nuevamente el narcotráfico buscaba un camino político para cesar en su ofensiva criminal. En esta ocasión, el sendero elegido fue buscar un intermediario entre la mafia y el Estado para enviar una propuesta concreta de rendición.

El intermediario escogido fue el exministro de Hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláez, quien envío la propuesta a la Casa de Nariño, al secretario general, Germán Montoya Vélez. El modelo de preacuerdo no fue aceptado por el Gobierno, pero los medios de comunicación lo convirtieron en crisis. Una y otra vez, hasta el final de la administración Barco, el Ejecutivo tuvo que repetir su decisión en la materia: “No hubo, no hay y no habrá diálogo con los narcotraficantes”. Se impuso la confrontación armada.

Cuando llegó César Gaviria a la Presidencia en 1990, la urgencia nacional era frenar el narcoterrorismo. Escobar ordenó el múltiple secuestro de notables de la sociedad para presionar a las autoridades. En esa encrucijada, el Gobierno expidió el Decreto 2047, al amparo del Estado de Sitio, para otorgar beneficios de rebaja de penas a aquellos narcotraficantes que se entregaron a la justicia y confesaran sus ilícitos. Fueron necesarios dos decretos más (3030 de 1990 y 303 de 1991), para que Escobar aceptara su rendición a la justicia.

Ese acumulado de decretos permitió que, por ejemplo, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa saldaran su vida delincuencial con escasas penas. En cuanto a Escobar, sólo se entregó hasta junio de 1991, el mismo día en que la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición de colombianos. Estuvo preso en la cárcel de La Catedral en Envigado hasta julio de 1992, cuando se fugó para reeditar su ofensiva terrorista. En 1993 fue dado de baja, pero ya el Estado tenía una nueva fórmula para reducir a los narcos.

Fue la Ley 81 de 1993, que formalizó la política de sometimiento a la justicia, pero que en menos de un año era fuente de crisis. Se gestó porque el fiscal Gustavo de Greiff otorgó algunos salvoconductos a narcos del cartel de Cali que habían planteado su acogimiento a esta norma. Al final, De Greiff salió de la Fiscalía y se precipitó el revuelo del Proceso 8.000 en tiempos del gobierno Samper, pero varios de los mafiosos del cartel del norte del Valle utilizaron la vía expedita para resolver sus asuntos con la justicia y seguir delinquiendo.

A finales del gobierno Samper, a instancias del Consejo Nacional de Paz, se firmó el llamado Acuerdo del Nudo de Paramillo. La idea era un eventual proceso de diálogo con las Autodefensas que, con narcotráfico a bordo, ya no hablaban de sometimiento. Cuando llegó Andrés Pastrana a la Casa de Nariño, el paramilitarismo planteó un proceso de negociación. Pastrana hizo caso omiso, porque su propósito era alcanzar la paz con las guerrillas a través de una negociación política.

Entonces llegó el gobierno Uribe, que finalmente formalizó un proceso de diálogos con las Autodefensas, en el que varios narcotraficantes resultaron colados. Juan Carlos Sierra, Cuco Vanoy, Hernán Giraldo o Francisco Javier Zuluaga, entre otros, aparecieron de la noche a la mañana bajo el paraguas jurídico de la negociación de paz. Esta irregularidad, entre otros factores, fue una de las causas de la debacle del proceso de paz. En el rearme que intentó el paramilitarismo surgieron las bandas criminales mientras los principales jefes paras fueron extraditados.

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Uno de los lideres de ese rearme fue Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, quien junto a los hermanos Juan de Dios y Dairo Usuga, conformó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, justamente para intentar una negociación política. Para las autoridades nunca dejaron de ser, primero los Urabeños, después del clan Usuga, y ahora el clan del Golfo. En 2009, Don Mario fue capturado, pero sus sucesores, siempre con el apoyo del narcotráfico, han venido buscando caminos de negociación.

En la era Santos, primero se conoció que un grupo de narcotraficantes refugiados en Venezuela entregaron una propuesta de rendición, acompañada del desmonte de su negocio. Fue la fórmula de Javier Calle alias Comba, Diego Rastrojo, el Loco Barrera , y Cuchillo, entre otros. El intento de negociación no se dio porque no hubo acompañamiento de Estados Unidos. Cuando se conoció el tema en 2013 también fue fuente de controversia, pero las investigaciones judiciales no derivaron en resultado alguno.

Durante la era de Eduardo Montealegre en la Fiscalía se alcanzó a designar al vicefiscal Jorge Perdomo como eventual mediador ante la posible rendición del clan del Golfo. También se dijo que en el Congreso se estaba alentando una reforma al Código de Procedimiento Penal que permitiera este eventual sometimiento a la justicia. Tampoco prosperó esta iniciativa. Ahora, en el último año del gobierno Santos, vuelve y juega la idea de la rendición. Esta vez con alias Otoniel como señuelo para concretarla.

El número uno del clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, busca pista para someterse a la justicia. Así lo aseguró ayer el presidente Juan Manuel Santos durante la posesión de José Fernando Reyes como magistrado de la Corte Constitucional y de Oswaldo Giraldo en el Consejo de Estado. Según el jefe de Estado, Otoniel envió una carta para manifestar su deseo de someterse. El presidente Santos recibió el mensaje el 3 de septiembre, tres días después de que la Fuerza Pública informara que alias Gavilán había muerto en un operativo.

“Dimos de baja al número dos del clan del Golfo, alias Gavilán (...) La presión la están sintiendo (tanto) desde hace ya algunos meses, más o menos mitad del año pasado, el clan viene enviando mensajes de que quieren someterse a la justicia. He autorizado a varios funcionarios para que escuchen esas solicitudes”, expresó Santos, y agregó que le pidió al ministro de Justicia, Enrique Gil, que evalúe la petición. “Se trataría de un sometimiento a la justicia, no de una negociación política que también lo han buscado”, resaltó.

El fiscal Néstor Humberto Martínez se pronunció de inmediato: “Nos reuniremos con el ministro de Justicia para conocer los alcances de la reciente petición de sometimiento del jefe del clan del Golfo”. Además aseguró que “el sometimiento colectivo de organizaciones criminales no está previsto en la legislación colombiana”. En todo caso, agregó, el sometimiento debe condicionarse al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito de la organización y, claro está, de los cultivos y rutas del narcotráfico”.

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Los anuncios del presidente Santos llegaron acompañados de un video, a través del cual el propio Otoniel señaló: “Quiero manifestarles que, como Estado Mayor, nos encontramos más unidos que nunca con la voluntad firme de que en Colombia se consolide la paz duradera para todos los colombianos. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia respetamos los procesos de paz que están en marcha y los que se están consolidando. Queremos ser parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país”.

No es la primera vez en la historia del país que grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, plantean su disposición a someterse a la justicia. Desde los tiempos de Pablo Escobar Gaviria esta ha sido la constante. Hace 33 años, tras el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, los principales narcotraficantes, encabezados por el mismo Escobar, le plantearon al Gobierno de Belisario Betancur su fórmula para salir del negocio ilegal y entregarse a la justicia, a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos.

En aquella época, la propuesta de los narcos se le entregó al expresidente Alfonso López en un hotel de Panamá, y éste la remitió al presidente Betancur. El jefe de Estado comisionó a su ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez, y al procurador Carlos Jiménez Gómez para que examinaran la iniciativa. Por eso se realizó un segundo encuentro. Sin embargo, el asunto se consultó con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el tema se filtró a los medios y terminó en un escándalo político que echó abajo la propuesta.

Entonces vinieron años de guerra abierta entre el Estado y el narcotráfico. No obstante, el cartel de Medellín nunca perdió el interés por recobrar la idea de someterse a la justicia a cambio de un arreglo judicial. Fue así como hacia octubre de 1989, después del asesinato de Luis Carlos Galán, se reveló que nuevamente el narcotráfico buscaba un camino político para cesar en su ofensiva criminal. En esta ocasión, el sendero elegido fue buscar un intermediario entre la mafia y el Estado para enviar una propuesta concreta de rendición.

El intermediario escogido fue el exministro de Hacienda, Joaquín Vallejo Arbeláez, quien envío la propuesta a la Casa de Nariño, al secretario general, Germán Montoya Vélez. El modelo de preacuerdo no fue aceptado por el Gobierno, pero los medios de comunicación lo convirtieron en crisis. Una y otra vez, hasta el final de la administración Barco, el Ejecutivo tuvo que repetir su decisión en la materia: “No hubo, no hay y no habrá diálogo con los narcotraficantes”. Se impuso la confrontación armada.

Cuando llegó César Gaviria a la Presidencia en 1990, la urgencia nacional era frenar el narcoterrorismo. Escobar ordenó el múltiple secuestro de notables de la sociedad para presionar a las autoridades. En esa encrucijada, el Gobierno expidió el Decreto 2047, al amparo del Estado de Sitio, para otorgar beneficios de rebaja de penas a aquellos narcotraficantes que se entregaron a la justicia y confesaran sus ilícitos. Fueron necesarios dos decretos más (3030 de 1990 y 303 de 1991), para que Escobar aceptara su rendición a la justicia.

Ese acumulado de decretos permitió que, por ejemplo, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa saldaran su vida delincuencial con escasas penas. En cuanto a Escobar, sólo se entregó hasta junio de 1991, el mismo día en que la Asamblea Nacional Constituyente prohibió la extradición de colombianos. Estuvo preso en la cárcel de La Catedral en Envigado hasta julio de 1992, cuando se fugó para reeditar su ofensiva terrorista. En 1993 fue dado de baja, pero ya el Estado tenía una nueva fórmula para reducir a los narcos.

Fue la Ley 81 de 1993, que formalizó la política de sometimiento a la justicia, pero que en menos de un año era fuente de crisis. Se gestó porque el fiscal Gustavo de Greiff otorgó algunos salvoconductos a narcos del cartel de Cali que habían planteado su acogimiento a esta norma. Al final, De Greiff salió de la Fiscalía y se precipitó el revuelo del Proceso 8.000 en tiempos del gobierno Samper, pero varios de los mafiosos del cartel del norte del Valle utilizaron la vía expedita para resolver sus asuntos con la justicia y seguir delinquiendo.

A finales del gobierno Samper, a instancias del Consejo Nacional de Paz, se firmó el llamado Acuerdo del Nudo de Paramillo. La idea era un eventual proceso de diálogo con las Autodefensas que, con narcotráfico a bordo, ya no hablaban de sometimiento. Cuando llegó Andrés Pastrana a la Casa de Nariño, el paramilitarismo planteó un proceso de negociación. Pastrana hizo caso omiso, porque su propósito era alcanzar la paz con las guerrillas a través de una negociación política.

Entonces llegó el gobierno Uribe, que finalmente formalizó un proceso de diálogos con las Autodefensas, en el que varios narcotraficantes resultaron colados. Juan Carlos Sierra, Cuco Vanoy, Hernán Giraldo o Francisco Javier Zuluaga, entre otros, aparecieron de la noche a la mañana bajo el paraguas jurídico de la negociación de paz. Esta irregularidad, entre otros factores, fue una de las causas de la debacle del proceso de paz. En el rearme que intentó el paramilitarismo surgieron las bandas criminales mientras los principales jefes paras fueron extraditados.

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Uno de los lideres de ese rearme fue Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, quien junto a los hermanos Juan de Dios y Dairo Usuga, conformó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, justamente para intentar una negociación política. Para las autoridades nunca dejaron de ser, primero los Urabeños, después del clan Usuga, y ahora el clan del Golfo. En 2009, Don Mario fue capturado, pero sus sucesores, siempre con el apoyo del narcotráfico, han venido buscando caminos de negociación.

En la era Santos, primero se conoció que un grupo de narcotraficantes refugiados en Venezuela entregaron una propuesta de rendición, acompañada del desmonte de su negocio. Fue la fórmula de Javier Calle alias Comba, Diego Rastrojo, el Loco Barrera , y Cuchillo, entre otros. El intento de negociación no se dio porque no hubo acompañamiento de Estados Unidos. Cuando se conoció el tema en 2013 también fue fuente de controversia, pero las investigaciones judiciales no derivaron en resultado alguno.

Durante la era de Eduardo Montealegre en la Fiscalía se alcanzó a designar al vicefiscal Jorge Perdomo como eventual mediador ante la posible rendición del clan del Golfo. También se dijo que en el Congreso se estaba alentando una reforma al Código de Procedimiento Penal que permitiera este eventual sometimiento a la justicia. Tampoco prosperó esta iniciativa. Ahora, en el último año del gobierno Santos, vuelve y juega la idea de la rendición. Esta vez con alias Otoniel como señuelo para concretarla.