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Los hostigamientos y homicidios a los líderes sociales es una situación que no da tregua en el país y que le ha pasado factura a los gobiernos de turno. Para la administración de Gustavo Petro no es la excepción. La Procuraduría en esta ocasión le exigió revisar “urgentemente” las acciones y estrategias que se han adelantado para proteger la vida e integridad de los líderes sociales, así como también la de los defensores de derechos humanos.
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Por su parte, el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, rechazó los homicidios perpetrados contra esta población en varias regiones del país. Del mismo modo, rechazó lo que considera una “delicada situación” que ha sido advertida por el órgano de control en diferentes escenarios.
“En departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que fueron priorizados por el Gobierno en el Plan de Emergencia para la atención de este fenómeno, no se observa una reducción en las afectaciones a esta población, lo que nos hace cuestionar la efectividad de esta estrategia”, explicó. Añadió que la lupa del Gobierno se debe fijar lo antes posible en esta situación debido a que los hostigamientos y amenazas suelen agudizarse en plenas campañas electorales.
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El llamado del Ministerio Público lo hace luego de que el sábado pasado Human Rights Watch (HRW) pusiera en evidencia que, durante los primeros tres meses de 2023, al menos 33 personas fueron víctimas de ese flagelo. El subdirector del organismo, Juan Pappier, explicó en su cuenta oficial de Twitter que durante enero se perpetraron 12 homicidios, en febrero la cifra descendió a 8, y para marzo ascendió a 13.
“En los primeros tres meses de 2023, hemos documentado 33 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”, dice el trino del funcionario quien se tomó la tarea de documentar caso uno por uno. En enero, por ejemplo, quedó en evidencia que un líder sindical, un campesino, un indígena, un miembro de la comunidad LGTBI, tres comunales y cuatro comunitarios fueron asesinados.
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Las víctimas vivían en los departamentos de Cauca, Magdalena, Valle del Cauca, Sucre, Caquetá, Antioquia, Nariño, Santander y Caldas. Las cifras dan cuenta que los homicidios se presentaron desde el 2 de enero hasta el 31. Aunque para febrero la cifra descendió en cuatro personas, Pappier no bajó la guardia y su preocupación. El funcionario documentó que las víctimas fueron: un campesino, una víctima de conflicto, un miembro de la población LGBTI, dos indígenas y tres líderes comunales.
Los afectados vivían en Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Magdalena, Valle del Cauca y Arauca. El panorama para marzo fue aun más desalentador ya que ascendieron las cifras superando los primeros dos meses del año. Fueron 13 las víctimas. Entre ellas: un líder juvenil, un afrodescendiente, un funcionario de la Defensoría del Pueblo, dos comunitarios y cuatro comunales. Las muertes ocurrieron en Nariño, Cesar, Valle del Cauca, La Guajira, Atlántico, Cauca, Chocó, Putumayo, Boyacá y Nariño.
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La cifra revelada por el organismo refleja que los homicidios a líderes sociales se cometen en gran parte del país y que ese flagelo no le da tregua a ningún Gobierno. Aunque el presidente Gustavo Petro apenas va a completar ocho meses en el poder, el organismo internacional ya da cuenta de lo que está siendo esa situación en el país. Durante 2022, la Defensoría del Pueblo informó que 215 líderes sociales fueron asesinados.
De acuerdo con estas cifras, el año anterior sería el periodo con el mayor número de casos desde el 2016, cuando se inició el registro de estos hechos a través del Sistema de Alertas Tempranas de la entidad. La información revelada en su momento da cuenta que la mitad de esos hechos criminales se desarrollaron en cinco departamentos del territorio nacional. Específicamente, en Nariño, donde hubo 35 asesinatos; Cauca, donde se reportaron 26 casos; Antioquia, con 22 homicidios; Putumayo, que también sufrió 22 casos; y Valle del Cauca, que reportó 12 hechos criminales.
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