La extradición que revivió el caso de los colados en la JEP

“Maritza Lorza Ramírez ofrecía incluir en la lista de exintegrantes de las Farc en la JEP a presuntos narcotraficantes detenidos en Colombia para que evadieran la extradición”. Así anunció hace pocos días el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que la abogada, especialista en derecho penal internacional, tiene pie y medio en una cárcel de EE.UU., país que la requiere por el cargo de obstrucción a la justicia. En noviembre pasado, la Corte Suprema autorizó su extradición y, a principios de enero, el Gobierno hizo lo mismo. Sin embargo, Lorza Ramírez insiste en que este caso se trata de un entrampamiento, porque ella solo ejerció su rol de abogada y nunca creó un cartel de colados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Maritza Lorza Ramírez ofrecía incluir en la lista de exintegrantes de las Farc en la JEP a presuntos narcotraficantes detenidos en Colombia para que evadieran la extradición”. Así anunció hace pocos días el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que la abogada, especialista en derecho penal internacional, tiene pie y medio en una cárcel de EE.UU., país que la requiere por el cargo de obstrucción a la justicia. En noviembre pasado, la Corte Suprema autorizó su extradición y, a principios de enero, el Gobierno hizo lo mismo. Sin embargo, Lorza Ramírez insiste en que este caso se trata de un entrampamiento, porque ella solo ejerció su rol de abogada y nunca creó un cartel de colados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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En mayo de 2018, Lorza Ramírez fue acusada en la Corte Distrital del Este Texas por los delitos de obstrucción a la justicia y persuadir de manera corrupta a otra persona a estar ausente en un procedimiento oficial. Según las autoridades estadounidenses, la abogada ofreció al menos a tres narcos colombianos, a cambio de grandes sumas de dinero, la posibilidad de ingresar a los listados de las Farc para obtener los beneficios de la JEP y no ser extraditados. Para la abogada, estos señalamientos son una mentira, pues en realidad utilizó sus conocimientos en Derecho para mejorar las condiciones de solo uno de sus defendidos: Tomás Martínez Minota, alias Manaba, capturado en octubre de 2016 en la operación Perla del Pacífico.

La estrategia para entrar a la JEP

Desde antes de la captura del capo colombo-ecuatoriano, Maritza Lorza era su abogada, porque, según ella, la había contactado para que le ayudara a gestionar su entrega voluntaria ante las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, tras la captura de Manaba, junto a otras 34 personas que cayeron en la operación, inició el proceso de extradición. Según le dijo Lorza a El Espectador, esta situación cambió los planes porque ella ya tenía adelantado conversaciones con el agente de la DEA Robert Nardeau. “Yo soy arreglista e intento que mis clientes vayan a pagar la pena con una mejor condición y beneficios. Además, buscó que en Estados Unidos se queden tranquilos y obtengan lo que necesitan”, aseguró Maritza Lorza en diálogo con El Espectador.

Lorza le contó a este diario que, en medio de las negociaciones, el agente Nardeau le comentó que en Colombia estaban congeladas las extradiciones de algunos capos a Estados Unidos. La razón: los narcotraficantes estaban siendo incluidos en los listados de las Farc que se acogerían a la JEP, como el caso de capo Segundo Alberto Villota, a quien intentaron pasar como jefe del Bloque Oriental de las Farc cuando en realidad sería servidor del temible cartel de Los Zetas de México. Según la abogada, esta información era nueva para ella, por lo que comenzó a estudiar la posibilidad de que su defendido también pudiera acceder a este beneficio, dentro del marco legal.

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Para enero de 2017, la abogada Lorza visitó a Manaba en la cárcel La Picota en Bogotá. En ese encuentro, relató Lorza, hablaron sobre el caso de Villota y su defendido le comentó que varios abogados estaban visitando el pabellón de extraditables para proponerles a varias personas el negocio de meterlos en los listados de la JEP. “Yo le dije que eso no era posible. Pero cuando un cliente se encapricha, se encapricha”, agregó la abogada, quien explicó que desde ese momento construyó una estrategia jurídica utilizando las bases de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, tres meses después de esa reunión, el 17 de abril de 2017, el Gobierno autorizó la extradición de Tomás Martínez, señalado de controlar rutas de tráfico de drogas por centroamérica.

Ante la orden de extradición, la abogada presentó un recurso en el que exponía que Manaba entró al negocio de la droga “por sus necesidades económicas y sus condiciones de vida deplorables, y sin fuente de subsistencia”, que lo llevaron a relacionarse con grupos de las Farc en Nariño. Agregó que por esa razón el caso de Tomás Martínez debía conocerlo la JEP. Su argumento fue que la extradición debía congelarse hasta que se decidiera si los delitos de Manaba estaban o no relacionados con el conflicto armado. “Según la ley, la única forma de parar una extradición es por conexidad. Y en Colombia el delito de narcotráfico es conexo, de una manera u otra todos colaboran entre sí”, dijo la abogada.

Entre sus argumentos, Lorza explicó que en los Acuerdos de Paz el gobierno colombiano no quiso poner el narcotráfico como delito conexo al político para evitar problemas con Estados Unidos. “Sin embargo, lo puso por debajo de la mesa. Si uno lee el artículo 92, dice que toda persona que directamente o indirectamente haya colaborado con las Farc-Ep podría estar sujeto a una amnistía o un indulto cuando llegara a la JEP”, agregó. Su estrategia dio frutos, pues el 14 de julio de 2017 el Ministerio de Justicia envió el expediente de Manaba a la JEP, para que el órgano de justicia transicional decidiera de fondo. Lorza le dijo a El Espectador que tras esa decisión ella dejó de ser la abogada de Martínez y que otro abogado –del que omitió el nombre– cogió el caso.

Los colados de las Farc

El caso de Manaba quedó en pausa. Sin embargo, un año más tarde, el 10 de julio de 2018, se destapó el escándalo de los colados en los listados de las Farc. Entre los nombres aparecían los de varios narcos capturados en la Operación Perla del Pacífico. Uno de ellos era el de Tomás Martínez Minota. En ese momento, se descubrió que varios capos pagaron grandes sumas de dinero para que los agregaran a los listados y obtener los beneficios de la JEP, sin demostrar una sola prueba o documento válido. Las autoridades en ese momento señalaron que varios abogados se prestaron para las irregularidades y la JEP se pronunció de fondo y expulsó a Martínez Minota, y a otros varios de la justicia transicional. Esto dio vía libre a la extradición de Manaba.

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Meses antes de que se conociera el escándalo, las autoridades colombianas y la DEA trabajaron de la mano para descubrir quiénes eran los abogados detrás de las maniobras para colar narcos en la JEP. Fue entonces que apareció el nombre de Maritza Lorza relacionado a Tomás Martínez Minota y otros tres extraditables. Por esa razón, el 10 de mayo, las autoridades norteamericanas presentaron el indictment -escrito de acusación- contra la abogada, en el que señalaron que Lorza se reunió durante 2017 con al menos tres narcotraficantes. Estas personas, de las que se desconoce su identidad, al parecer son capos capturados en la Operación Perla del Pacífico que terminaron en Estados Unidos colaborando con la justicia.

“Esa decisión del Ministerio de Justicia en 2017 que salvó en su momento a Tomás Martínez de ser extraditado, fue un golpe de suerte que me ha costado lo que ustedes quieran. Muchos narcos me llamaron y hasta me ofrecieron US$4 millones para que yo realizara la misma labor”, le dijo Maritza Lorza a este diario. Sin embargo, para la DEA no se trata de un juego del destino, si no de una maniobra tramposa contra la lucha antidrogas. El organismo asegura tener registradas las reuniones que ella sostuvo con las personas que supuestamente pagaron para colarse en los listados de las Farc. La primera habría ocurrido en una cárcel en junio de 2017, dónde Lorza presuntamente le pidió a un narco US$500.000. Un mes después se habría encontrado con un emisario del capo para reiterar la oferta.

El segundo testigo de la DEA sostuvo que se reunió con la abogada Maritza Lorza el 15 de abril de 2017 en Yumbo (Valle del Cauca) para que le ayudara a resolver su proceso por narcotráfico. Agregó que en mayo volvieron a verse y que Lorza le dijo que podía meterlo en los listados de las Farc por US$355.000. El testigo manifestó que luego fue capturado y que la abogada aumentó la cifra a $500.000, de los cuales pagó la mitad a cambio de conseguirle más clientes. Sin embargo, aclaró, Lorza nunca lo incluyó en los listados. El tercer testigo de la DEA manifestó que se reunió con ella en febrero de 2017 en Cali y que en esa ocasión le pidió alrededor de US$400.000. Esa misma persona, dijo que a la abogada le habían escriturado una finca por sus servicios.

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Con estas pruebas, en junio de 2019 la Embajada de Estados Unidos solicitó su captura, la cual se hizo efectiva por parte de la Fiscalía el 22 de junio de 2019 en el Aeropuerto El Dorado. Acto seguido, la Embajada formalizó la solicitud de extradición dos meses después y el caso cayó en manos de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal resolvió el 11 de noviembre de 2020 darle vía libre traslado a Estados Unidos no sin antes hacer unas precisiones. La primera es que condiciona que el juicio de la abogada Maritza Lorza solo podía ser por “obstrucción a la justicia”, pues era homologable en Colombia con el delito de “favorecimiento, bajo la modalidad de encubrir el tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”.

Frente al segundo cargo, persuadir de manera corrupta a otra persona a estar ausente en un procedimiento oficial, la Corte Suprema sostuvo que no se cumplía el principio de doble incriminación porque ese delito no existea en el Código Penal Colombiano. Sin embargo, la decisión de enviarla a EE.UU. no fue unánime, pues dos magistrados salvaron su voto. Por un lado, José Francisco Acuña manifestó que, si bien Lorza Ramírez se reunió con narcos y planeó su ingreso a la JEP, los hechos ocurrieron en Colombia, y por tanto no habría principio de extraterritorialidad. A su vez, el magistrado Hugo Quintero Bernate estuvo de acuerdo con Acuña y agregó que no hubo ningún favorecimiento sino una estafa, porque se trató de una “venta de humo”.

Con estos salvamentos, la abogada Maritza Lorza presentará un recurso ante el Ministerio de Justicia para frenar su extradición, pues cree que la Corte Suprema tumbó el indictment en un 90%. “Los magistrados se están basando en los testigos de la DEA para extraditarme. Pero, ¿por qué no hay denuncia penal o disciplinaria contra mí? Seamos claros, aquí en Colombia matan un abogado por $20 millones. ¿No me van a matar a mí por medio millón de dólares? ¿Por qué entonces no me pidieron los narcos, por las malas, que les devolviera la supuesta plata que recibí? (...) Tomás Martínez está en Estados Unidos pagando prisión. ¿Qué obstrucción hubo si todos están allá arriba? Ninguno está libre en Colombia”, agregó Lorza.

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Maritza Lorza está a punto de jugar su última carta para evitar ser juzgada en Estados Unidos por un delito que, según ella, jamás cometió y que está probado que todas sus actuaciones fueron en el marco de una relación de cliente y abogado. “Desde que empezó mi proceso, el agente de la DEA, Guillermo Fuentes, varias veces me ha propuesto que hable de la JEP. Ni la justicia transicional ni las Farc tuvieron nada que ver con mi proceso de mi cliente. Él tuvo otros abogados en la JEP. Varios mensajeros también me han dicho que atestigüe en contra de magistrados de la JEP, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Yo no sé porque los magistrados no se pronuncian. Lo que sí sé es que hay un interés muy grande de acabar con la JEP”, concluye la abogada.