La familia de Jairo Zapa sigue corriendo gran peligro

Desde cuando Jairo Zapa Pérez, director de Regalías de Córdoba, fue desaparecido de manera forzada y asesinado en marzo y agosto de 2014, respectivamente, su familia ha sido blanco de amenazas, llamadas extorsivas y allanamientos ilegales por parte de desconocidos. Para salvaguardar su integridad, la familia del funcionario asesinado tuvo que abandonar Montería y por temas de seguridad no se conoce su paradero. La esposa de Zapa y sus hijos tuvieron que salir del país a raíz de la delicada situación de seguridad que empezaron a vivir.

Por tal motivo, hace tres días el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas exigió que de manera “inmediata” el Gobierno colombiano le brinde las medidas de seguridad necesarias a la familia del funcionario asesinado, cuyo crimen no se ha resuelto aún. Asimismo, esa dependencia de la ONU le pidió al Gobierno que convoque con urgencia a los familiares de Zapa, en aras de “realizar, con su participación directa, una evaluación actualizada y real de su situación de riesgo”, la cual fue calificada por las autoridades colombianas en octubre de 2016 como “ordinaria”.

En 2014 el Gobierno ya había desatendido a la ONU en cuanto a la protección a Zapa, quien desapareció un día antes de rendir su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación sobre el “cartel de la educación” en el departamento. Aunque la familia Zapa Pérez celebra este nuevo pronunciamiento del organismo internacional, todavía son muy escépticos con respecto a si esta vez el Gobierno cumpla con lo que se ordenó.

Igualmente, el Comité se mostró preocupado porque el Gobierno tampoco adelantó medidas cautelares y de protección contra los abogados de la familia Zapa Pérez, Juan Felipe Amaya y Claudia Durán Garzón, quienes son los que acuden a las diligencias judiciales en Montería. Por ende, esa dependencia de la ONU también le pidió al Gobierno que también los proteja.

Zapa, quien fue encontrado a pocos metros de una finca del padre de Alejandro Lyons Muskus (entonces gobernador de Córdoba y el jefe del funcionario asesinado), manejó la oficina de regalías de ese departamento desde 2012 y estaba a cargo de los proyectos más importantes en materia de ciencia y tecnología, seguridad alimentaria, transformación digital y acueductos en las subregiones del San Jorge, la zona costera y el bajo Sinú.

“La muerte de Jairo claramente devastó a la familia y nos desintegró. La orden impartida por la ONU, y que esperamos el Gobierno cumpla esta vez, es una esperanza para todos nosotros. Aún desconfiamos mucho del Gobierno, que, hasta el momento, solo le ha dado un chaleco antibalas, un celular y un millón de pesos a los padres de Jairo para que salieran del departamento”, le contó a este diario Emma Quijano Pérez, prima de Zapa y quien ha sido la familiar más próxima al proceso judicial que se adelanta contra los presuntos asesinos del funcionario cordobés.

Una de las situaciones más difíciles que vivió la familia Zapa Pérez se presentó el 31 de julio de 2014. Cuatro hombres, haciéndose pasar por miembros del Gaula de la Policía, entraron a su casa y los amarraron. Posteriormente hicieron un registro de la casa. Hasta hoy, no se sabe qué buscaban, dicen.

Emma Quijano narró también cómo a finales de agosto de 2014 personas sin identificar entraron a su casa y robaron su computador. “Días antes había ido a la Fiscalía a entregar todos los contratos que firmó Jairo mientras estuvo al frente de la oficina de regalías. La gente que está detrás de los carruseles de la hemofilia, de la educación y del síndrome de Down”.

Otra de las denuncias que hacen la familia Zapa Pérez y su abogado, Juan Felipe Amaya, es que el proceso penal se encuentra aún en audiencias preparatorias para el juicio. Las investigaciones formales contra los seis señalados de haber participado en el asesinato de Zapa se hicieron en mayo de 2014, mes y medio después de ocurrido el crimen. Y desde entonces, el caso parece detenido en el tiempo.

“Las audiencias de Maximiliano García Bazanta, exfuncionario de la oficina de regalías de la Gobernación; Alberto Pérez Escobar, abogado que era la mano derecha de Zapa; Jesús Albeiro Torres Redondo y Jesús Eugenio Henao Sarmiento, excontratista de la Gobernación a través de proyectos de ciencia y tecnología, así como de los dos sicarios, han sido objeto de aplazamientos y dilaciones, la mayoría de ellas por excusas de la bancada de la defensa”, manifestó el abogado Juan Felipe Amaya.

El Comité de la ONU también se pronunció al respecto y dijo que “Montería no es una ciudad que reúne las condiciones de imparcialidad objetiva, ni las condiciones de seguridad necesarias para que se lleve un proceso judicial con todas las garantías adoptadas para asegurar la plena independencia e imparcialidad de las autoridades a cargo de la investigación” del crimen de Zapa Pérez.

Emma Quijano asegura que la gente que está enlodando la imagen de su primo Jairo Zapa sólo busca desvirtuar el proceso judicial que se lleva por su asesinato “Es verdad que mi primo era quien daba el visto bueno a muchos contratos de gran valor del departamento, pero quien tenía la última palabra era el gobernador. La muerte de Jairo, lamentablemente, es la que está destapando la red de corrupción que existe en Córdoba”.

Desde cuando Jairo Zapa Pérez, director de Regalías de Córdoba, fue desaparecido de manera forzada y asesinado en marzo y agosto de 2014, respectivamente, su familia ha sido blanco de amenazas, llamadas extorsivas y allanamientos ilegales por parte de desconocidos. Para salvaguardar su integridad, la familia del funcionario asesinado tuvo que abandonar Montería y por temas de seguridad no se conoce su paradero. La esposa de Zapa y sus hijos tuvieron que salir del país a raíz de la delicada situación de seguridad que empezaron a vivir.

Por tal motivo, hace tres días el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas exigió que de manera “inmediata” el Gobierno colombiano le brinde las medidas de seguridad necesarias a la familia del funcionario asesinado, cuyo crimen no se ha resuelto aún. Asimismo, esa dependencia de la ONU le pidió al Gobierno que convoque con urgencia a los familiares de Zapa, en aras de “realizar, con su participación directa, una evaluación actualizada y real de su situación de riesgo”, la cual fue calificada por las autoridades colombianas en octubre de 2016 como “ordinaria”.

En 2014 el Gobierno ya había desatendido a la ONU en cuanto a la protección a Zapa, quien desapareció un día antes de rendir su testimonio ante la Fiscalía General de la Nación sobre el “cartel de la educación” en el departamento. Aunque la familia Zapa Pérez celebra este nuevo pronunciamiento del organismo internacional, todavía son muy escépticos con respecto a si esta vez el Gobierno cumpla con lo que se ordenó.

Igualmente, el Comité se mostró preocupado porque el Gobierno tampoco adelantó medidas cautelares y de protección contra los abogados de la familia Zapa Pérez, Juan Felipe Amaya y Claudia Durán Garzón, quienes son los que acuden a las diligencias judiciales en Montería. Por ende, esa dependencia de la ONU también le pidió al Gobierno que también los proteja.

Zapa, quien fue encontrado a pocos metros de una finca del padre de Alejandro Lyons Muskus (entonces gobernador de Córdoba y el jefe del funcionario asesinado), manejó la oficina de regalías de ese departamento desde 2012 y estaba a cargo de los proyectos más importantes en materia de ciencia y tecnología, seguridad alimentaria, transformación digital y acueductos en las subregiones del San Jorge, la zona costera y el bajo Sinú.

“La muerte de Jairo claramente devastó a la familia y nos desintegró. La orden impartida por la ONU, y que esperamos el Gobierno cumpla esta vez, es una esperanza para todos nosotros. Aún desconfiamos mucho del Gobierno, que, hasta el momento, solo le ha dado un chaleco antibalas, un celular y un millón de pesos a los padres de Jairo para que salieran del departamento”, le contó a este diario Emma Quijano Pérez, prima de Zapa y quien ha sido la familiar más próxima al proceso judicial que se adelanta contra los presuntos asesinos del funcionario cordobés.

Una de las situaciones más difíciles que vivió la familia Zapa Pérez se presentó el 31 de julio de 2014. Cuatro hombres, haciéndose pasar por miembros del Gaula de la Policía, entraron a su casa y los amarraron. Posteriormente hicieron un registro de la casa. Hasta hoy, no se sabe qué buscaban, dicen.

Emma Quijano narró también cómo a finales de agosto de 2014 personas sin identificar entraron a su casa y robaron su computador. “Días antes había ido a la Fiscalía a entregar todos los contratos que firmó Jairo mientras estuvo al frente de la oficina de regalías. La gente que está detrás de los carruseles de la hemofilia, de la educación y del síndrome de Down”.

Otra de las denuncias que hacen la familia Zapa Pérez y su abogado, Juan Felipe Amaya, es que el proceso penal se encuentra aún en audiencias preparatorias para el juicio. Las investigaciones formales contra los seis señalados de haber participado en el asesinato de Zapa se hicieron en mayo de 2014, mes y medio después de ocurrido el crimen. Y desde entonces, el caso parece detenido en el tiempo.

“Las audiencias de Maximiliano García Bazanta, exfuncionario de la oficina de regalías de la Gobernación; Alberto Pérez Escobar, abogado que era la mano derecha de Zapa; Jesús Albeiro Torres Redondo y Jesús Eugenio Henao Sarmiento, excontratista de la Gobernación a través de proyectos de ciencia y tecnología, así como de los dos sicarios, han sido objeto de aplazamientos y dilaciones, la mayoría de ellas por excusas de la bancada de la defensa”, manifestó el abogado Juan Felipe Amaya.

El Comité de la ONU también se pronunció al respecto y dijo que “Montería no es una ciudad que reúne las condiciones de imparcialidad objetiva, ni las condiciones de seguridad necesarias para que se lleve un proceso judicial con todas las garantías adoptadas para asegurar la plena independencia e imparcialidad de las autoridades a cargo de la investigación” del crimen de Zapa Pérez.

Emma Quijano asegura que la gente que está enlodando la imagen de su primo Jairo Zapa sólo busca desvirtuar el proceso judicial que se lleva por su asesinato “Es verdad que mi primo era quien daba el visto bueno a muchos contratos de gran valor del departamento, pero quien tenía la última palabra era el gobernador. La muerte de Jairo, lamentablemente, es la que está destapando la red de corrupción que existe en Córdoba”.