La familia de Marina Ferrer, víctima del Palacio de Justicia, fue vetada de pedir reparación
Una de las hijas de Marina Isabel Ferrer, víctima del holocausto del Palacio de Justicia, demandó al Estado por la desaparición de su madre. La jueza del caso rechazó el recurso con un argumento que la Corte IDH ya le había prohibido al Estado.
La impunidad en el expediente por la toma y retoma del Palacio de Justicia es, desde hace varias décadas, una constante. Pese a que en cada aniversario de los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, la Fiscalía y diferentes autoridades prometen avances y muestran balances que solo ellos consideran alentadores, la realidad es que desde hace unos años las investigaciones quedaron completamente congeladas. Y hoy, en la conmemoración número 35 del holocausto, un nuevo episodio se suma a la ya larga lista de hechos revictimizantes, que muestran nula voluntad por parte del Estado para aclarar los hechos que se siguen recordando con terror, pero sin sentido de verdad y justicia.
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En esta oportunidad, la protagonista es Marina Isabel Ferrer, una comerciante y madre de tres hijos que el 6 de noviembre de 1985 entró al Palacio de Justicia en calidad de visitante y salió de allí sin vida. Su caso podría catalogarse dentro de los más recientes en el expediente de desaparecidos, pues solo hasta 2015 la Fiscalía le confirmó a su familia que durante 30 años habían visitado la tumba de la persona equivocada y que los restos de Marina Isabel Ferrer estaban perdidos. La noticia no solo causó conmoción en la familia, sino que fue así como una de sus hijas, Sofía Velásquez Ferrer, emprendió una batalla jurídica para esclarecer los hechos de la muerte y desaparición de su mamá, y para exigir reparación por tanto daño causado.
Una de las estrategias fue demandar al Estado. En mayo de 2019 llegó el recurso a un juzgado administrativo de Bogotá, en el que Velásquez Ferrer pidió que se condenara a los ministerios de Defensa y de Justicia, al Ejército, a la Policía, a la Fiscalía y a Medicina Legal por la desaparición de Marina Isabel Ferrer. Al principio la demanda se admitió, hasta se fijó fecha de audiencia para 2021.Pero el pasado 28 de octubre, en una decisión sorpresiva, se supo que Sofía Velásquez Ferrer ya no podía demandar al Estado, pues el caso había prescrito (que ya había pasado el tiempo que permite la ley para hacerlo). En otras palabras, que si quería buscar una reparación, lo debió hacer dos años después de los hechos (1985) o de la notificación de que su mamá estaba desaparecida (2015).
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Con ese cálculo de fechas, la jueza Adriana del Pilar Camacho ordenó el archivo de la demanda. Sin embargo, los abogados de Sofía Velásquez apelaron. En un documento que bien podría ser una lección de derecho internacional humanitario y sobre crímenes de lesa humanidad, su defensa explicó que la decisión de primera instancia no era otra que un desconocimiento del caso del Palacio de Justicia y una revictimización a la hija de Marina Isabel Ferrer. No solo porque resultaba absurdo que Sofía Velásquez demandara cuando no sabía que su mamá estaba desaparecida, sino porque, hasta el día de hoy, el delito se ha perpetuado, pues ni la Fiscalía ni Medicina Legal les han entregado los restos de su mamá.
Además de recordar principios de la protección de crímenes de lesa humanidad y de jurisprudencia del Consejo de Estado, el equipo jurídico de Sofía Velásquez mencionó la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en contra del Estado colombiano precisamente por los desaparecidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante la retoma del Palacio de Justicia. En uno de los apartes de esa histórica decisión, el tribunal internacional fue claro en advertirle al Estado que debía velar porque, en la investigación del caso, debía abstenerse de argumentar la prescripción de los casos “con el fin de excusarse de la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables”.
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Es decir, justamente el argumento que utilizó la jueza Camacho en su decisión de archivar la demanda. “Me parece absurdo todo esto que está pasando. Lo que pasó en 2015, cuando exhumaron los restos, a mí nadie me avisó, hicieron lo que hicieron, encontraron lo que quisieron y nadie nos dijo nada. No puedo creer que el Estado me siga dando tan duro, es injusto. Nunca quisimos demandar inicialmente. Éramos jóvenes y sentíamos mucho dolor y ningún dinero nos la iba a devolver. Tenía la esperanza de que ella regresara viva, duré mucho tiempo esperándola. Pero ahora que están todas las pruebas ahí, mire lo que pasa. ¿A quién acudimos?”, le dijo Sofía Velásquez Ferrer a El Espectador.
Pormenores del caso
Marina Isabel Ferrer no era ni siquiera visitante asidua del Palacio de Justicia. Su esposo Carlos Velásquez era médico anestesiólogo y ella se dedicaba a vender joyas y zapatos en La Esmeralda, un barrio del noroccidente de Bogotá. Su vida, en general, transcurría lejos del centro de la capital. El 6 de noviembre de 1985, sin embargo, ella se organizó para visitar a una amiga que era la secretaria de un magistrado. Ferrer ingresó al edificio y, poco después, lo mismo hizo un comando del M-19. Hacia las 11 a.m. llamó a su hija Sofía, le contó que estaba oculta bajo un escritorio, que los ascensores no servían y que oía disparos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.
Los días que sucedieron a la toma del Palacio, su familia se dedicó a buscarla hasta debajo de las piedras. Recorrieron varios hospitales y, por supuesto, Medicina Legal. Sus familiares, sin ser conscientes de ello, eran apenas unos más entre los cientos de personas que para ese momento trataban de buscar a sus seres queridos. Y los Velásquez Ferrer no fueron la excepción en nada, ni en ser testigos del caos institucional que reinaba ni en recibir llamadas intimidantes en las que les decían que pararan la búsqueda. El 10 de noviembre, Javier Velásquez Ferrer, uno de sus hijos, salió de Medicina Legal con una sandalia, la cual tenía unos dedos pegados. Una de las mejores amigas de Ferrer reconoció el zapato.
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Ese reconocimiento fue suficiente para que Medicina Legal les entregara unos restos, que se suponía eran de Marina Ferrer. Desde 1985 hasta 2015 su familia fue a su tumba, en el cementerio de Jardines de Paz de Bogotá, convencida de que la visitaba a ella. Pero, para ese año, ya la Fiscalía había empezado una nueva línea de investigación tras la condena que recibió el Estado colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014. El organismo investigativo hizo todo un plan de trabajo para exhumar a personas cuyos restos podrían haber sido devueltos a sus parientes bajo irregularidades, y el de Marina Ferrer era uno de ellos, así como el de varios magistrados y otros funcionarios del Palacio de Justicia.
La exhumación se hizo el 27 de mayo de 2015 sin conocimiento de los familiares de Ferrer, a los que, dijo la Fiscalía, no se pudo ubicar. Solo hasta el 16 de octubre de 2015 un investigador del CTI dio con Sandra Velásquez Ferrer. La citó a ella, a su padre y a sus hermanos a una reunión en Medicina Legal el 20 de octubre de 2015, y ese día les informaron a todos que en la tumba de Marina Ferrer no yacía en realidad Marina Ferrer, sino Cristina del Pilar Guarín, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia que llegó a hacer un reemplazo temporal y fue declarada como víctima de desaparición forzada por la Corte Interamericana.
La impunidad en el expediente por la toma y retoma del Palacio de Justicia es, desde hace varias décadas, una constante. Pese a que en cada aniversario de los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, la Fiscalía y diferentes autoridades prometen avances y muestran balances que solo ellos consideran alentadores, la realidad es que desde hace unos años las investigaciones quedaron completamente congeladas. Y hoy, en la conmemoración número 35 del holocausto, un nuevo episodio se suma a la ya larga lista de hechos revictimizantes, que muestran nula voluntad por parte del Estado para aclarar los hechos que se siguen recordando con terror, pero sin sentido de verdad y justicia.
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En esta oportunidad, la protagonista es Marina Isabel Ferrer, una comerciante y madre de tres hijos que el 6 de noviembre de 1985 entró al Palacio de Justicia en calidad de visitante y salió de allí sin vida. Su caso podría catalogarse dentro de los más recientes en el expediente de desaparecidos, pues solo hasta 2015 la Fiscalía le confirmó a su familia que durante 30 años habían visitado la tumba de la persona equivocada y que los restos de Marina Isabel Ferrer estaban perdidos. La noticia no solo causó conmoción en la familia, sino que fue así como una de sus hijas, Sofía Velásquez Ferrer, emprendió una batalla jurídica para esclarecer los hechos de la muerte y desaparición de su mamá, y para exigir reparación por tanto daño causado.
Una de las estrategias fue demandar al Estado. En mayo de 2019 llegó el recurso a un juzgado administrativo de Bogotá, en el que Velásquez Ferrer pidió que se condenara a los ministerios de Defensa y de Justicia, al Ejército, a la Policía, a la Fiscalía y a Medicina Legal por la desaparición de Marina Isabel Ferrer. Al principio la demanda se admitió, hasta se fijó fecha de audiencia para 2021.Pero el pasado 28 de octubre, en una decisión sorpresiva, se supo que Sofía Velásquez Ferrer ya no podía demandar al Estado, pues el caso había prescrito (que ya había pasado el tiempo que permite la ley para hacerlo). En otras palabras, que si quería buscar una reparación, lo debió hacer dos años después de los hechos (1985) o de la notificación de que su mamá estaba desaparecida (2015).
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Con ese cálculo de fechas, la jueza Adriana del Pilar Camacho ordenó el archivo de la demanda. Sin embargo, los abogados de Sofía Velásquez apelaron. En un documento que bien podría ser una lección de derecho internacional humanitario y sobre crímenes de lesa humanidad, su defensa explicó que la decisión de primera instancia no era otra que un desconocimiento del caso del Palacio de Justicia y una revictimización a la hija de Marina Isabel Ferrer. No solo porque resultaba absurdo que Sofía Velásquez demandara cuando no sabía que su mamá estaba desaparecida, sino porque, hasta el día de hoy, el delito se ha perpetuado, pues ni la Fiscalía ni Medicina Legal les han entregado los restos de su mamá.
Además de recordar principios de la protección de crímenes de lesa humanidad y de jurisprudencia del Consejo de Estado, el equipo jurídico de Sofía Velásquez mencionó la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en contra del Estado colombiano precisamente por los desaparecidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante la retoma del Palacio de Justicia. En uno de los apartes de esa histórica decisión, el tribunal internacional fue claro en advertirle al Estado que debía velar porque, en la investigación del caso, debía abstenerse de argumentar la prescripción de los casos “con el fin de excusarse de la obligación de investigar y enjuiciar a los responsables”.
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Es decir, justamente el argumento que utilizó la jueza Camacho en su decisión de archivar la demanda. “Me parece absurdo todo esto que está pasando. Lo que pasó en 2015, cuando exhumaron los restos, a mí nadie me avisó, hicieron lo que hicieron, encontraron lo que quisieron y nadie nos dijo nada. No puedo creer que el Estado me siga dando tan duro, es injusto. Nunca quisimos demandar inicialmente. Éramos jóvenes y sentíamos mucho dolor y ningún dinero nos la iba a devolver. Tenía la esperanza de que ella regresara viva, duré mucho tiempo esperándola. Pero ahora que están todas las pruebas ahí, mire lo que pasa. ¿A quién acudimos?”, le dijo Sofía Velásquez Ferrer a El Espectador.
Pormenores del caso
Marina Isabel Ferrer no era ni siquiera visitante asidua del Palacio de Justicia. Su esposo Carlos Velásquez era médico anestesiólogo y ella se dedicaba a vender joyas y zapatos en La Esmeralda, un barrio del noroccidente de Bogotá. Su vida, en general, transcurría lejos del centro de la capital. El 6 de noviembre de 1985, sin embargo, ella se organizó para visitar a una amiga que era la secretaria de un magistrado. Ferrer ingresó al edificio y, poco después, lo mismo hizo un comando del M-19. Hacia las 11 a.m. llamó a su hija Sofía, le contó que estaba oculta bajo un escritorio, que los ascensores no servían y que oía disparos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.
Los días que sucedieron a la toma del Palacio, su familia se dedicó a buscarla hasta debajo de las piedras. Recorrieron varios hospitales y, por supuesto, Medicina Legal. Sus familiares, sin ser conscientes de ello, eran apenas unos más entre los cientos de personas que para ese momento trataban de buscar a sus seres queridos. Y los Velásquez Ferrer no fueron la excepción en nada, ni en ser testigos del caos institucional que reinaba ni en recibir llamadas intimidantes en las que les decían que pararan la búsqueda. El 10 de noviembre, Javier Velásquez Ferrer, uno de sus hijos, salió de Medicina Legal con una sandalia, la cual tenía unos dedos pegados. Una de las mejores amigas de Ferrer reconoció el zapato.
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Ese reconocimiento fue suficiente para que Medicina Legal les entregara unos restos, que se suponía eran de Marina Ferrer. Desde 1985 hasta 2015 su familia fue a su tumba, en el cementerio de Jardines de Paz de Bogotá, convencida de que la visitaba a ella. Pero, para ese año, ya la Fiscalía había empezado una nueva línea de investigación tras la condena que recibió el Estado colombiano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014. El organismo investigativo hizo todo un plan de trabajo para exhumar a personas cuyos restos podrían haber sido devueltos a sus parientes bajo irregularidades, y el de Marina Ferrer era uno de ellos, así como el de varios magistrados y otros funcionarios del Palacio de Justicia.
La exhumación se hizo el 27 de mayo de 2015 sin conocimiento de los familiares de Ferrer, a los que, dijo la Fiscalía, no se pudo ubicar. Solo hasta el 16 de octubre de 2015 un investigador del CTI dio con Sandra Velásquez Ferrer. La citó a ella, a su padre y a sus hermanos a una reunión en Medicina Legal el 20 de octubre de 2015, y ese día les informaron a todos que en la tumba de Marina Ferrer no yacía en realidad Marina Ferrer, sino Cristina del Pilar Guarín, una trabajadora de la cafetería del Palacio de Justicia que llegó a hacer un reemplazo temporal y fue declarada como víctima de desaparición forzada por la Corte Interamericana.