La feria de expedientes engavetados en La Guajira

“Procesos penales engavetados en La Guajira”. Con esta inquietante referencia, las cabezas de los principales organismos de control del país recibieron, el pasado 18 de mayo, un extenso documento, con sus anexos y pruebas, de parte del procurador José Reyes Rodríguez Casas. El funcionario, escandalizado por sus hallazgos en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Riohacha, puso en conocimiento del fiscal Francisco Barbosa, de la procuradora Margarita Cabello, del contralor Felipe Córdoba y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira un extenso listado de expedientes por los más graves casos de corrupción en la región que fueron engavetados durante años, muchos de los cuales ya prescribieron. Según sus pesquisas, los hechos investigados por malos manejos de recursos públicos suman más de $85.000 millones.

Una historia que empezó en marzo pasado, cuando Rodríguez Casas fue trasladado como procurador judicial a La Guajira. Al poco tiempo de llegar allí fue notificado de múltiples procesos de corrupción que habían sido declarados prescritos; es decir, que se agotó su tiempo máximo de investigación sin que la Fiscalía determinara si esos delitos efectivamente habían ocurrido. Lo más grave es que esos expedientes archivados llevaban hasta veinte años quietos. Los hechos denunciados corresponden a los años 1999, 2000, 2003 y 2007. En todos ellos el denominador común es que los funcionarios y particulares que presuntamente se enriquecieron con obras inconclusas o contratos amañados quedaron impunes y libres. Apenas se dio cuenta de esta cascada de fallos inhibitorios por prescripción, el procurador Rodríguez Casas comenzó sus propias indagaciones.

“Lo sugestivo de esta colección de providencias inhibitorias, que embargan una relación inescindible con el fenómeno de corrupción en la administración pública, nos llevó a formularnos el siguiente cuestionamiento: ¿en la Fiscalía Seccional de La Guajira se están engavetando expedientes en espera de las oportunidades de archivo por prescripción?”, se preguntó el procurador José Reyes Rodríguez Casas en los documentos en poder de El Espectador. Y seguidamente se contestó: “Es ignominioso, lacerante e inaceptable que los casos por corrupción administrativa prescriban, engavetados por años sin ninguna gestión, en anaqueles y depósitos de expedientes de la Fiscalía General de la Nación, mientras niños y adultos mueren de sed y de hambre, abandonados en las rancherías de La Guajira. Esto es la negación del Estado social y democrático de derecho”.

Para constatar si lo que estaba observando correspondía a una política o directriz soterrada de funcionarios de la Fiscalía en La Guajira para dejar enmohecer procesos y apolillar expedientes, el procurador Rodríguez Casas fue hasta la sede del organismo investigador en Riohacha y empezó a revisar caso por caso. En particular en la Fiscalía Sexta Anticorrupción de La Guajira, donde le habían notificado las prescripciones anteriores. Además, interpuso un sinnúmero de derechos de petición para preguntar en todos los juzgados penales del departamento cuántos procesos por corrupción han llevado desde 2015 y cuáles han sido las actuaciones de la Fiscalía. Fue así como descubrió que en 64 expedientes, todos sensibles y delicados, las actuaciones de Policía Judicial eran prácticamente inexistentes.

El procurador Rodríguez Casas lo consignó así en sus informes: “Se encontraron en sus anaqueles, bajo las indicaciones del fiscal titular, un total de 64 expedientes que registran hechos sucedidos entre 1999 y 2007. Algunos de estos procesos se hallaron en grave desorden y deterioro físico; les faltan cuadernos, tienen piezas rotas, sueltas, están manchados o sin carátula, se han mojado y contaminado con hongos. Otros apenas contienen información fraccionada, de unas pocas páginas, o la noticia criminal sin ningún trámite”. Así de crudo como suena: papeles amontonados, sin orden o pesquisas claves para escarbar en la corrupción denunciada en La Guajira. Para sistematizar todos sus hallazgos, Rodríguez Casas creó una matriz en la que consignó los hechos investigados, los tiempos de posible prescripción, las últimas actuaciones de la Fiscalía, la consistencia de las denuncias y el monto de los posibles daños al erario.

Luego de cruzar todas esas variables y pasar muchas noches leyendo expedientes incompletos o denuncias que durante décadas durmieron el sueño de los justos, el procurador Rodríguez Casas determinó que siete de esos 64 procesos ya prescribieron, 55 más están en inminente riesgo de prescripción por inactividad y dos carecen de información suficiente para saber si transitan ese camino de impunidad. El diagnóstico encontró que 32 expedientes tenían diez años o más sin acción relevante por parte de la Fiscalía. En 25 procesos la inacción del organismo investigador estaba entre cinco y diez años, y en cinco casos más se documentó que en el último lustro no tuvieron ningún avance sustancial. La palabra suena dura, pero resulta precisa en los hallazgos del procurador Rodríguez Casas: los expedientes más graves de corrupción en La Guajira estaban engavetados.

“Estos datos son sugestivos de una dramática realidad. Son cifras indicadoras de una suspensión sistemática, organizada y consciente del ejercicio de la acción penal en casos de corrupción pública. ¿La Fiscalía cesó en el ejercicio de sus deberes y dejó de atender su misión constitucional de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables?”, se preguntó de nuevo el funcionario. Y su conclusión fue así de fuerte: “Ninguno de esos procesos reviste especial complejidad. Todos son casos sencillos. Los problemas jurídicos que plantean son básicos; no hay dificultades probatorias, son pocos los inculpados de cada asunto y también pocas las atribuciones delictivas. No hay señal de actitudes procesales dilatorias de alguien distinto a la propia Fiscalía, cuya inacción sí se evidencia sistemática”.

Es decir, la radiografía de impunidad que halló el procurador Rodríguez Casas fue así de dramática: ninguno de esos expedientes prescritos o a punto de hacerlo son muy difíciles de resolver. Y, sin embargo, llevan años sin ningún avance judicial, llenándose de ácaros y polvo. Con otra particularidad: en 63 de 64 casos analizados por Rodríguez Casas el origen de estas investigaciones fueron hallazgos de la Contraloría o peticiones de indagaciones de otros despachos de la Fiscalía por posible corrupción. Aún más: todos esos procesos tienen denuncias sustentadas, pues no se trata de “simples notas de prensa, denuncias anónimas y sin posibilidades de verificación, temerarias o no soportadas”, sino de reportes fiscales o información de carácter penal con la suficiente relevancia para que se hubiera llegado hace muchos años al fondo de esos asuntos.

En ese arqueo judicial se logró establecer el presunto detrimento patrimonial que no ha tenido sanción alguna hasta ahora. En total las denuncias suman un posible desgreño de $85.815 millones, de los cuales $56.120 millones corresponden a recursos malgastados por funcionarios de varios municipios de La Guajira, $23.000 millones más a la Gobernación y $6.622 millones a otras entidades públicas. Así mismo, hay varios procesos que suman supuestos malos manejos de varias entidades de naturaleza privada, como la Cámara de Comercio, en una cuantía que ronda los $20.000 millones. Como el dinero perdido es del Estado, resulta impresentable para el procurador Rodríguez Casas que las entidades afectadas por estos saqueos no se constituyeran como víctimas. En solo cuatro de los 64 casos se hicieron esas reclamaciones, pero ni siquiera les hicieron vigilancia a los casos.

Con semejante arsenal de evidencias, el procurador Rodríguez Casas le informó a la Fiscalía Sexta Anticorrupción de La Guajira que tenía la obligación de acelerar todos esos expedientes engavetados y evitar su prescripción. También les pidió a los representantes de las entidades públicas de la región afectadas por estos presuntos delitos que se constituyeran como parte civil en esos procesos para que se les dé un gran impulso y se les haga el seguimiento necesario para recuperar los dineros perdidos. Por último, reportó esta grave situación en memoriales que le envió directamente al despacho del fiscal Francisco Barbosa, de la procuradora Margarita Cabello y del contralor Felipe Córdoba. Su objetivo es que las cabezas de los organismos de control le pongan de una buena vez atención al desastre judicial de La Guajira.

El remate de la queja del funcionario fue así de ácido. “Las políticas de priorización de casos de la Fiscalía parecen no tener vigencia en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de La Guajira. Por ejemplo: mientras aquí se habla de un buen número de procesos engavetados por más de diez años y al borde de prescribir, algunos de ellos con compromisos multimillonarios de dineros públicos, en la judicatura avanza raudo el expediente contra un adulto mayor de extracción rural, cuya base fáctica consiste en que habría sugerido pagar $10.000 a un policía para que no lo multara tras habérsele vencido su licencia de conducción. Esto mostraría que el principio de eficacia y los criterios de prelación estarían enfocados, fundamentalmente, en personas en situación de relativa marginalidad, con escaso poder para controvertir y defenderse”.

Mientras los organismos de control empiezan a procesar estos graves hallazgos y el fiscal Barbosa, en especial, les hace un rastreo a las denuncias que salpican a sus funcionarios en La Guajira, el procurador José Reyes Rodríguez Casas ha tenido que padecer múltiples desplantes de altos funcionarios de la región que a duras penas le pasan al teléfono. Sus descubrimientos tienen muy incómodos a varios alfiles políticos cuya presunta responsabilidad en malos manejos públicos sigue pasando de agache.

No se trata de un funcionario desconocido. Rodríguez Casas fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema e investigador en los casos de parapolítica de los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile. Los mismos que ya confesaron que le pagaron $2.600 millones al cartel de la toga para sacarlos de la Corte y engavetar esos procesos. Y por poco lo logran.

El Espectador consultó a la Fiscalía y esta fue su respuesta: “La Fiscalía General, a través de la delegada para la seguridad ciudadana, ha venido adelantando jornadas de descongestión en el departamento de La Guajira, como lo reconoce en su escrito el procurador destacado para la región. Esta descongestión nos ha permitido detectar que muchos procesos debieron inhibirse (archivarse) hace años, y en otros se está revisando el material probatorio para adoptar las decisiones que en derecho corresponda; así mismo, se están compulsando copias a los funcionarios de La Guajira que no adoptaron decisiones pese a contar con el material probatorio correspondiente. Tenemos un equipo conformado por fiscales contra la corrupción de la delegada para la seguridad ciudadana, la dirección especializada contra la corrupción y de diferentes regiones, con el fin de resolver de fondo estos asuntos que han permanecido durante anteriores administraciones sin decisión alguna. Nuestro compromiso está con el departamento de La Guajira, por lo que una nueva jornada parte en una semana, en la que se espera continuar con la revisión y adopción de decisiones en estos procesos, tal como lo está solicitando el procurador de la región”.

“Procesos penales engavetados en La Guajira”. Con esta inquietante referencia, las cabezas de los principales organismos de control del país recibieron, el pasado 18 de mayo, un extenso documento, con sus anexos y pruebas, de parte del procurador José Reyes Rodríguez Casas. El funcionario, escandalizado por sus hallazgos en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública en Riohacha, puso en conocimiento del fiscal Francisco Barbosa, de la procuradora Margarita Cabello, del contralor Felipe Córdoba y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira un extenso listado de expedientes por los más graves casos de corrupción en la región que fueron engavetados durante años, muchos de los cuales ya prescribieron. Según sus pesquisas, los hechos investigados por malos manejos de recursos públicos suman más de $85.000 millones.

Una historia que empezó en marzo pasado, cuando Rodríguez Casas fue trasladado como procurador judicial a La Guajira. Al poco tiempo de llegar allí fue notificado de múltiples procesos de corrupción que habían sido declarados prescritos; es decir, que se agotó su tiempo máximo de investigación sin que la Fiscalía determinara si esos delitos efectivamente habían ocurrido. Lo más grave es que esos expedientes archivados llevaban hasta veinte años quietos. Los hechos denunciados corresponden a los años 1999, 2000, 2003 y 2007. En todos ellos el denominador común es que los funcionarios y particulares que presuntamente se enriquecieron con obras inconclusas o contratos amañados quedaron impunes y libres. Apenas se dio cuenta de esta cascada de fallos inhibitorios por prescripción, el procurador Rodríguez Casas comenzó sus propias indagaciones.

“Lo sugestivo de esta colección de providencias inhibitorias, que embargan una relación inescindible con el fenómeno de corrupción en la administración pública, nos llevó a formularnos el siguiente cuestionamiento: ¿en la Fiscalía Seccional de La Guajira se están engavetando expedientes en espera de las oportunidades de archivo por prescripción?”, se preguntó el procurador José Reyes Rodríguez Casas en los documentos en poder de El Espectador. Y seguidamente se contestó: “Es ignominioso, lacerante e inaceptable que los casos por corrupción administrativa prescriban, engavetados por años sin ninguna gestión, en anaqueles y depósitos de expedientes de la Fiscalía General de la Nación, mientras niños y adultos mueren de sed y de hambre, abandonados en las rancherías de La Guajira. Esto es la negación del Estado social y democrático de derecho”.

Para constatar si lo que estaba observando correspondía a una política o directriz soterrada de funcionarios de la Fiscalía en La Guajira para dejar enmohecer procesos y apolillar expedientes, el procurador Rodríguez Casas fue hasta la sede del organismo investigador en Riohacha y empezó a revisar caso por caso. En particular en la Fiscalía Sexta Anticorrupción de La Guajira, donde le habían notificado las prescripciones anteriores. Además, interpuso un sinnúmero de derechos de petición para preguntar en todos los juzgados penales del departamento cuántos procesos por corrupción han llevado desde 2015 y cuáles han sido las actuaciones de la Fiscalía. Fue así como descubrió que en 64 expedientes, todos sensibles y delicados, las actuaciones de Policía Judicial eran prácticamente inexistentes.

El procurador Rodríguez Casas lo consignó así en sus informes: “Se encontraron en sus anaqueles, bajo las indicaciones del fiscal titular, un total de 64 expedientes que registran hechos sucedidos entre 1999 y 2007. Algunos de estos procesos se hallaron en grave desorden y deterioro físico; les faltan cuadernos, tienen piezas rotas, sueltas, están manchados o sin carátula, se han mojado y contaminado con hongos. Otros apenas contienen información fraccionada, de unas pocas páginas, o la noticia criminal sin ningún trámite”. Así de crudo como suena: papeles amontonados, sin orden o pesquisas claves para escarbar en la corrupción denunciada en La Guajira. Para sistematizar todos sus hallazgos, Rodríguez Casas creó una matriz en la que consignó los hechos investigados, los tiempos de posible prescripción, las últimas actuaciones de la Fiscalía, la consistencia de las denuncias y el monto de los posibles daños al erario.

Luego de cruzar todas esas variables y pasar muchas noches leyendo expedientes incompletos o denuncias que durante décadas durmieron el sueño de los justos, el procurador Rodríguez Casas determinó que siete de esos 64 procesos ya prescribieron, 55 más están en inminente riesgo de prescripción por inactividad y dos carecen de información suficiente para saber si transitan ese camino de impunidad. El diagnóstico encontró que 32 expedientes tenían diez años o más sin acción relevante por parte de la Fiscalía. En 25 procesos la inacción del organismo investigador estaba entre cinco y diez años, y en cinco casos más se documentó que en el último lustro no tuvieron ningún avance sustancial. La palabra suena dura, pero resulta precisa en los hallazgos del procurador Rodríguez Casas: los expedientes más graves de corrupción en La Guajira estaban engavetados.

“Estos datos son sugestivos de una dramática realidad. Son cifras indicadoras de una suspensión sistemática, organizada y consciente del ejercicio de la acción penal en casos de corrupción pública. ¿La Fiscalía cesó en el ejercicio de sus deberes y dejó de atender su misión constitucional de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables?”, se preguntó de nuevo el funcionario. Y su conclusión fue así de fuerte: “Ninguno de esos procesos reviste especial complejidad. Todos son casos sencillos. Los problemas jurídicos que plantean son básicos; no hay dificultades probatorias, son pocos los inculpados de cada asunto y también pocas las atribuciones delictivas. No hay señal de actitudes procesales dilatorias de alguien distinto a la propia Fiscalía, cuya inacción sí se evidencia sistemática”.

Es decir, la radiografía de impunidad que halló el procurador Rodríguez Casas fue así de dramática: ninguno de esos expedientes prescritos o a punto de hacerlo son muy difíciles de resolver. Y, sin embargo, llevan años sin ningún avance judicial, llenándose de ácaros y polvo. Con otra particularidad: en 63 de 64 casos analizados por Rodríguez Casas el origen de estas investigaciones fueron hallazgos de la Contraloría o peticiones de indagaciones de otros despachos de la Fiscalía por posible corrupción. Aún más: todos esos procesos tienen denuncias sustentadas, pues no se trata de “simples notas de prensa, denuncias anónimas y sin posibilidades de verificación, temerarias o no soportadas”, sino de reportes fiscales o información de carácter penal con la suficiente relevancia para que se hubiera llegado hace muchos años al fondo de esos asuntos.

En ese arqueo judicial se logró establecer el presunto detrimento patrimonial que no ha tenido sanción alguna hasta ahora. En total las denuncias suman un posible desgreño de $85.815 millones, de los cuales $56.120 millones corresponden a recursos malgastados por funcionarios de varios municipios de La Guajira, $23.000 millones más a la Gobernación y $6.622 millones a otras entidades públicas. Así mismo, hay varios procesos que suman supuestos malos manejos de varias entidades de naturaleza privada, como la Cámara de Comercio, en una cuantía que ronda los $20.000 millones. Como el dinero perdido es del Estado, resulta impresentable para el procurador Rodríguez Casas que las entidades afectadas por estos saqueos no se constituyeran como víctimas. En solo cuatro de los 64 casos se hicieron esas reclamaciones, pero ni siquiera les hicieron vigilancia a los casos.

Con semejante arsenal de evidencias, el procurador Rodríguez Casas le informó a la Fiscalía Sexta Anticorrupción de La Guajira que tenía la obligación de acelerar todos esos expedientes engavetados y evitar su prescripción. También les pidió a los representantes de las entidades públicas de la región afectadas por estos presuntos delitos que se constituyeran como parte civil en esos procesos para que se les dé un gran impulso y se les haga el seguimiento necesario para recuperar los dineros perdidos. Por último, reportó esta grave situación en memoriales que le envió directamente al despacho del fiscal Francisco Barbosa, de la procuradora Margarita Cabello y del contralor Felipe Córdoba. Su objetivo es que las cabezas de los organismos de control le pongan de una buena vez atención al desastre judicial de La Guajira.

El remate de la queja del funcionario fue así de ácido. “Las políticas de priorización de casos de la Fiscalía parecen no tener vigencia en la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de La Guajira. Por ejemplo: mientras aquí se habla de un buen número de procesos engavetados por más de diez años y al borde de prescribir, algunos de ellos con compromisos multimillonarios de dineros públicos, en la judicatura avanza raudo el expediente contra un adulto mayor de extracción rural, cuya base fáctica consiste en que habría sugerido pagar $10.000 a un policía para que no lo multara tras habérsele vencido su licencia de conducción. Esto mostraría que el principio de eficacia y los criterios de prelación estarían enfocados, fundamentalmente, en personas en situación de relativa marginalidad, con escaso poder para controvertir y defenderse”.

Mientras los organismos de control empiezan a procesar estos graves hallazgos y el fiscal Barbosa, en especial, les hace un rastreo a las denuncias que salpican a sus funcionarios en La Guajira, el procurador José Reyes Rodríguez Casas ha tenido que padecer múltiples desplantes de altos funcionarios de la región que a duras penas le pasan al teléfono. Sus descubrimientos tienen muy incómodos a varios alfiles políticos cuya presunta responsabilidad en malos manejos públicos sigue pasando de agache.

No se trata de un funcionario desconocido. Rodríguez Casas fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema e investigador en los casos de parapolítica de los exsenadores Álvaro Ashton y Musa Besaile. Los mismos que ya confesaron que le pagaron $2.600 millones al cartel de la toga para sacarlos de la Corte y engavetar esos procesos. Y por poco lo logran.

El Espectador consultó a la Fiscalía y esta fue su respuesta: “La Fiscalía General, a través de la delegada para la seguridad ciudadana, ha venido adelantando jornadas de descongestión en el departamento de La Guajira, como lo reconoce en su escrito el procurador destacado para la región. Esta descongestión nos ha permitido detectar que muchos procesos debieron inhibirse (archivarse) hace años, y en otros se está revisando el material probatorio para adoptar las decisiones que en derecho corresponda; así mismo, se están compulsando copias a los funcionarios de La Guajira que no adoptaron decisiones pese a contar con el material probatorio correspondiente. Tenemos un equipo conformado por fiscales contra la corrupción de la delegada para la seguridad ciudadana, la dirección especializada contra la corrupción y de diferentes regiones, con el fin de resolver de fondo estos asuntos que han permanecido durante anteriores administraciones sin decisión alguna. Nuestro compromiso está con el departamento de La Guajira, por lo que una nueva jornada parte en una semana, en la que se espera continuar con la revisión y adopción de decisiones en estos procesos, tal como lo está solicitando el procurador de la región”.