La fortuna del gestor del bloque Capital

Once años después de haber sido asesinado por sus propios hombres tras una celada, parte de la fortuna que durante décadas de cocaína y balas amasó José Miguel Arroyave Ruiz tiene hoy a su exesposa, su hija, algunos familiares y cercanos colaboradores en prisión. Hace 11 días un juzgado especializado de Bogotá condenó a Martha Eda Cardozo Ospina, su hija Linda Tatiana Arroyave y cuatro personas más por los delitos de lavado de activos y testaferrato. Se constató que tras la muerte de Arroyave se diseñó una estrategia para transferir a terceros los bienes obtenidos por él con ocasión de sus “vueltas” de narcotráfico y paramilitarismo.

En un documento de 108 páginas, la jueza Ximena Vidal Perdomo determinó que estas seis personas vulneraron el orden económico y social del país al ingresar capitales ilícitos en el orden regular de la economía. Dicho dinero provino de operaciones criminales que llevan décadas tiñendo de sangre a Colombia. Incluso, las autoridades pudieron establecer, a través de conversaciones telefónicas interceptadas, que la expareja del capo Miguel Arroyave era la que determinaba a quién y cómo debían entregársele bienes con el fin de esconder el patrimonio ilícito obtenido por el hombre que desató una guerra sangrienta en los Llanos Orientales a principios del siglo XXI.

La génesis de esta historia se remonta a un informe de la Unidad de Lavado de Activos del año 2003, en el cual se ordenó la apertura de investigación preliminar en contra de Martha Eda Cardozo, su hija Linda Tatiana Arroyave, su familiar Carlos Augusto Arroyave y los ciudadanos Ángel María Moncada, Aldemar Ospina y Blanca Ligia Mosquera. Durante años el expediente permaneció dormido y sólo en septiembre de 2012 la Fiscalía los vinculó a todos mediante diligencia de indagatoria. Fueron acusados y hoy enfrentan penas que oscilan entre los 10 y los 6 años de prisión. Al proceso fueron incorporadas decenas de grabaciones de los familiares y herederos de Arroyave.

En este país de memoria corta su nombre ya no parece decir mucho, pero en los años 90 José Miguel Arroyave erigió un narcoemporio criminal que le dio para comprarle una franquicia paramilitar a su paisano Vicente Castaño Gil con el fin de colarse en el proceso de negociación entre las autodefensas y el gobierno de Álvaro Uribe. Pagó, se dice, US$7 millones por esa “vuelta”. Pero antes había sido la piedra angular del desarrollo del narcotráfico en los Llanos Orientales, siempre con el aval de la casa Castaño y con subalternos que años después lo destronarían, como Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Daniel El Loco Barrera.

Nacido en Amalfi (Antioquia) en 1954, tal como Carlos, Fidel y Vicente Castaño Gil o los hermanos Fredy y Daniel Rendón Herrera, José Miguel Arroyave pronto aprendió a moverse en el mundo de los químicos y la cocaína. De hecho, el Químico era uno de sus alias. El otro, en múltiples escenarios de fusiles y sangre, constituye un chiste: Arcángel. Mientras Colombia padecía los estragos de la máquina de guerra que crearon los Extraditables en esos aciagos años 80, a punta de bombazos y sicarios, Arroyave y sus hombres se asentaron en el Meta y empezaron a traficar a sus anchas.

Lejos del radar de la justicia, aunque en 1991 resultó condenado por tráfico de estupefacientes, junto con su esposa, Arcángel Arroyave edificó su fortuna, montó bandas de extorsión y estrechó alianzas con sus socios de siempre, los Castaño, que ya entonces desplegaban, desde el nudo de Paramillo, hombres por todo Colombia para ejecutar masacres mientras implementaban una suerte de contrarreforma agraria. Fue en esa época que comenzó a gestarse el bloque Capital, un proyecto paramilitar sobre el cual la justicia jamás indagó a profundidad y que muchos quieren hacer pasar, todavía, como un simple grupo de gatilleros y extorsionistas de los Sanandresitos.

Arroyave, Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, David Hernández López, alias Diego Rivera, y Vicente Castaño crearon un frente de guerra que absorbió las oficinas de cobro de Bogotá y que a finales de los años 90 contaba por centenares los muertos en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hacían presencia las Farc. Al tiempo, Arroyave y sus más cercanos colaboradores se acercaron a las más altas esferas del poder bogotano, que, a diferencia del resto de poderes políticos en las regiones, aún no ha sido tocado. Paralelamente los Castaño le entregaron el bloque Centauros a Arroyave y pronto su ejército llegó a tener 6.000 hombres en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare y Bogotá.

Su segundo al mando en el Centauros fue Daniel Rendón, alias Don Mario. Entre 2002 y 2004 Arroyave promovió una guerra en los Llanos contra las Autodefensas Campesinas de Casanare, lideradas por Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. Las cuentas de esa violencia sobrepasan las 3.000 víctimas, entre civiles y paramilitares. Al final casó tantas guerras y compró tantos enemigos que terminó asesinado por los mismos hombres que venían haciendo fila para sucederlo. Es lo que suele ocurrir en las jerarquías de las mafias. Don Mario y Cuchillo le tendieron una celada y el 19 de septiembre de 2004 el segundo de ellos, junto con 50 de sus hombres, lo asesinó en una finca ubicada cerca de un sitio conocido como Cacibare, en el Meta.

Ya entonces los diálogos con el gobierno Uribe tenían como centro de operaciones Santa Fe de Ralito (Córdoba). Su muerte ocurrió cinco meses después de la de Carlos Castaño Gil, el otrora todopoderoso jefe paramilitar que terminó arrinconado por su propio hermano Vicente por sus contactos secretos con la DEA. Fue en esos tiempos que la Policía comenzó a interceptar los teléfonos de la esposa de Arroyave, su hija y las otras cuatro personas que acaban de ser condenadas por la justicia. La fortuna de alias el Químico empezó a ser rastreada.

Así fueron quedando al descubierto unas empresas de papel que únicamente les servían como fachada para ocultar el dinero proveniente del narcotráfico y de la comercialización de precursores químicos. Y se supo que el trabajo de Martha Cardozo, quien dedicó su vida a la compra y venta de inmuebles, utilizó esa vía para poner a nombre de terceros parte de la riqueza de su exmarido. Incluso, antes de caer asesinado, y muy a pesar de que Cardozo sostuvo siempre que se alejó de Arroyave en los últimos años, se logró establecer que él le pagó una cirugía estética y que mantenían una relación fluida.

La esposa y la hija de Miguel Arroyave alegaron que la justicia las perseguía por un delito de sangre. No obstante, los negocios que realizaron y las ventas de bienes a nombre de terceros que manejaron para darles apariencia de legalidad demostraron lo contrario. Trámites de escrituras, venta de predios, vehículos, arriendos o viajes, entre un largo etcétera, fueron documentados por la Fiscalía, negocios que se incrementaron tras la muerte de Arroyave, en septiembre de 2004. Cardozo Ospina aseguró que las propiedades por las cuales fue investigada eran producto de un patrimonio lícito resultante de la mina que usufructuó Miguel Arroyave y de una comercializadora que tenía. Que Arroyave les había dejado un par de apartamentos y que no hubo nada de irregular.

El reciente fallo desmintió esta versión y probó que parte de la fortuna de Arroyave pasó de agache durante años en poder de testaferros. Sólo falta que la justicia se anime a meterle el diente al capítulo del bloque Capital, ese triángulo de las Bermudas de la violencia en Colombia.

Once años después de haber sido asesinado por sus propios hombres tras una celada, parte de la fortuna que durante décadas de cocaína y balas amasó José Miguel Arroyave Ruiz tiene hoy a su exesposa, su hija, algunos familiares y cercanos colaboradores en prisión. Hace 11 días un juzgado especializado de Bogotá condenó a Martha Eda Cardozo Ospina, su hija Linda Tatiana Arroyave y cuatro personas más por los delitos de lavado de activos y testaferrato. Se constató que tras la muerte de Arroyave se diseñó una estrategia para transferir a terceros los bienes obtenidos por él con ocasión de sus “vueltas” de narcotráfico y paramilitarismo.

En un documento de 108 páginas, la jueza Ximena Vidal Perdomo determinó que estas seis personas vulneraron el orden económico y social del país al ingresar capitales ilícitos en el orden regular de la economía. Dicho dinero provino de operaciones criminales que llevan décadas tiñendo de sangre a Colombia. Incluso, las autoridades pudieron establecer, a través de conversaciones telefónicas interceptadas, que la expareja del capo Miguel Arroyave era la que determinaba a quién y cómo debían entregársele bienes con el fin de esconder el patrimonio ilícito obtenido por el hombre que desató una guerra sangrienta en los Llanos Orientales a principios del siglo XXI.

La génesis de esta historia se remonta a un informe de la Unidad de Lavado de Activos del año 2003, en el cual se ordenó la apertura de investigación preliminar en contra de Martha Eda Cardozo, su hija Linda Tatiana Arroyave, su familiar Carlos Augusto Arroyave y los ciudadanos Ángel María Moncada, Aldemar Ospina y Blanca Ligia Mosquera. Durante años el expediente permaneció dormido y sólo en septiembre de 2012 la Fiscalía los vinculó a todos mediante diligencia de indagatoria. Fueron acusados y hoy enfrentan penas que oscilan entre los 10 y los 6 años de prisión. Al proceso fueron incorporadas decenas de grabaciones de los familiares y herederos de Arroyave.

En este país de memoria corta su nombre ya no parece decir mucho, pero en los años 90 José Miguel Arroyave erigió un narcoemporio criminal que le dio para comprarle una franquicia paramilitar a su paisano Vicente Castaño Gil con el fin de colarse en el proceso de negociación entre las autodefensas y el gobierno de Álvaro Uribe. Pagó, se dice, US$7 millones por esa “vuelta”. Pero antes había sido la piedra angular del desarrollo del narcotráfico en los Llanos Orientales, siempre con el aval de la casa Castaño y con subalternos que años después lo destronarían, como Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Daniel El Loco Barrera.

Nacido en Amalfi (Antioquia) en 1954, tal como Carlos, Fidel y Vicente Castaño Gil o los hermanos Fredy y Daniel Rendón Herrera, José Miguel Arroyave pronto aprendió a moverse en el mundo de los químicos y la cocaína. De hecho, el Químico era uno de sus alias. El otro, en múltiples escenarios de fusiles y sangre, constituye un chiste: Arcángel. Mientras Colombia padecía los estragos de la máquina de guerra que crearon los Extraditables en esos aciagos años 80, a punta de bombazos y sicarios, Arroyave y sus hombres se asentaron en el Meta y empezaron a traficar a sus anchas.

Lejos del radar de la justicia, aunque en 1991 resultó condenado por tráfico de estupefacientes, junto con su esposa, Arcángel Arroyave edificó su fortuna, montó bandas de extorsión y estrechó alianzas con sus socios de siempre, los Castaño, que ya entonces desplegaban, desde el nudo de Paramillo, hombres por todo Colombia para ejecutar masacres mientras implementaban una suerte de contrarreforma agraria. Fue en esa época que comenzó a gestarse el bloque Capital, un proyecto paramilitar sobre el cual la justicia jamás indagó a profundidad y que muchos quieren hacer pasar, todavía, como un simple grupo de gatilleros y extorsionistas de los Sanandresitos.

Arroyave, Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, David Hernández López, alias Diego Rivera, y Vicente Castaño crearon un frente de guerra que absorbió las oficinas de cobro de Bogotá y que a finales de los años 90 contaba por centenares los muertos en la localidad de Ciudad Bolívar, donde hacían presencia las Farc. Al tiempo, Arroyave y sus más cercanos colaboradores se acercaron a las más altas esferas del poder bogotano, que, a diferencia del resto de poderes políticos en las regiones, aún no ha sido tocado. Paralelamente los Castaño le entregaron el bloque Centauros a Arroyave y pronto su ejército llegó a tener 6.000 hombres en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare y Bogotá.

Su segundo al mando en el Centauros fue Daniel Rendón, alias Don Mario. Entre 2002 y 2004 Arroyave promovió una guerra en los Llanos contra las Autodefensas Campesinas de Casanare, lideradas por Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. Las cuentas de esa violencia sobrepasan las 3.000 víctimas, entre civiles y paramilitares. Al final casó tantas guerras y compró tantos enemigos que terminó asesinado por los mismos hombres que venían haciendo fila para sucederlo. Es lo que suele ocurrir en las jerarquías de las mafias. Don Mario y Cuchillo le tendieron una celada y el 19 de septiembre de 2004 el segundo de ellos, junto con 50 de sus hombres, lo asesinó en una finca ubicada cerca de un sitio conocido como Cacibare, en el Meta.

Ya entonces los diálogos con el gobierno Uribe tenían como centro de operaciones Santa Fe de Ralito (Córdoba). Su muerte ocurrió cinco meses después de la de Carlos Castaño Gil, el otrora todopoderoso jefe paramilitar que terminó arrinconado por su propio hermano Vicente por sus contactos secretos con la DEA. Fue en esos tiempos que la Policía comenzó a interceptar los teléfonos de la esposa de Arroyave, su hija y las otras cuatro personas que acaban de ser condenadas por la justicia. La fortuna de alias el Químico empezó a ser rastreada.

Así fueron quedando al descubierto unas empresas de papel que únicamente les servían como fachada para ocultar el dinero proveniente del narcotráfico y de la comercialización de precursores químicos. Y se supo que el trabajo de Martha Cardozo, quien dedicó su vida a la compra y venta de inmuebles, utilizó esa vía para poner a nombre de terceros parte de la riqueza de su exmarido. Incluso, antes de caer asesinado, y muy a pesar de que Cardozo sostuvo siempre que se alejó de Arroyave en los últimos años, se logró establecer que él le pagó una cirugía estética y que mantenían una relación fluida.

La esposa y la hija de Miguel Arroyave alegaron que la justicia las perseguía por un delito de sangre. No obstante, los negocios que realizaron y las ventas de bienes a nombre de terceros que manejaron para darles apariencia de legalidad demostraron lo contrario. Trámites de escrituras, venta de predios, vehículos, arriendos o viajes, entre un largo etcétera, fueron documentados por la Fiscalía, negocios que se incrementaron tras la muerte de Arroyave, en septiembre de 2004. Cardozo Ospina aseguró que las propiedades por las cuales fue investigada eran producto de un patrimonio lícito resultante de la mina que usufructuó Miguel Arroyave y de una comercializadora que tenía. Que Arroyave les había dejado un par de apartamentos y que no hubo nada de irregular.

El reciente fallo desmintió esta versión y probó que parte de la fortuna de Arroyave pasó de agache durante años en poder de testaferros. Sólo falta que la justicia se anime a meterle el diente al capítulo del bloque Capital, ese triángulo de las Bermudas de la violencia en Colombia.